1ª PARTE, CAP. 19 de “BARCELONA, 30 AÑOS DE CORRUPCIÓN”, ed. 2006, Consorcio de la Zona Franca, Piqué Advocats Associats, 1975-1984

Rafael del Barco Carreras

Barcelona 21-04-2012. Cuando leí  en EL PAÍS, martes 8 de marzo de 1983…

“TRIBUNALES

Una encargada de limpieza en el Supremo tiró a la basura parte del sumario de la Zona Franca”

…  ya tenía varias versiones sobre recursos desaparecidos o no presentados, y hacía diez meses que había despedido a Pascual Estevill.

Siempre me ha resultado  imposible describir mi estado de ánimo tras descubrir que mis abogados eran unos amorales que me habían robado y vendido…

 

Cap.19 7-5-82, dimisión Pascual Estevill. Sumario a la

basura en el Supremo. Fernández de Villavicencio.

Quintero Olivares. Ordenanza de Pilar Pato.

Pag. 93

PRIMERA PARTE
Consorcio de la Zona Franca
Piqué Advocats Associats
1975-1984

19

La carta fechada en Barcelona, 7 de mayo de 1982, al año y diez meses de prisión, ponía fin a la “defensa” de Luis Pascual Estevill.

“Distinguido amigo:
Ratificando lo hablado contigo esta mañana te confirmo el abandono por mi parte de la defensa que me tenías encomendada en el procedimiento que contra ti y otros se sigue mediante el Sumario 9/80, procedente del Juzgado de Instrucción nº. 4 de Barcelona, y por tanto de todas sus instancias.
Próximamente (sin acento en el original) te remitiré la minuta de honorarios y consiguiente liquidación de las sumas percibidas como provisión de fondos.
Un cordial saludo,
Fdo: Dr. Luis Pascual Estevill”

Muy legal el Doctor en Derecho, anunciaba la liquidación. Muchas veces en los últimos veinticinco años he tropezado con una de las muchas fotocopias de la carta, y jamás con la liquidación, parte sustancial de la rotura. Las letras de la venta de la discoteca Charly Max no se liquidarían, ni justificadas, como no apareció el sumario entero cuando lo pretendí a través del nuevo abogado Gonzalo Quintero Olivares.

La pataleta final, de pié en los pasillos entre cancelas, demostraría la sangre fría de toda mi vida. Alterarse mala política. “A mí me hace eso, y lo mato, me repetía Juan de Suministros”. Por semejante sinvergüenza no cumpliría treinta años de condena.

La guerra contra mi abogado se había iniciado unos meses antes, primero pidiéndole dinero, y contra la cantinela de los recursos al Supremo condicionando nuestra libertad, sin condicionar legalmente, y cansado de oírle a Eduardo Soler Fisas lo de “es un caso político”, se imponía actuar. Y Ana insistiendo; “en todo esto hay más que terrenos, los abogados están conchabados, son un club de íntimos”. Decidimos enviar un abogado a Madrid, a consultar. Y sorpresa terrible, no existía recurso alguno. Un año de engaños. ¡Mi cliente que se joda en la cárcel!, por idiota, ignorante e ingenuo, embistiendo contra la gente más poderosa de Barcelona. Una verdadera cloaca profesional.

Dos titulares de un año después me crearon más confusión, sin duda de la propia fábrica de confusiones y casualidades. El 17 de febrero de 1983 El País publicaba; “El Tribunal Supremo considera que el fraude del Consorcio de la Zona Franca debe juzgarse en Barcelona”, y el día 4 de Marzo de 1983, “Una encargada de la limpieza en el Supremo tiró a la basura parte del sumario de la Zona Franca”. En negrita la patochada de “no fue un atentado”, y rehecho pegando trocitos. ¡Acojonante!. Quizá alguien temiendo que Del Barco lanzara otros abogados, lo rehecho no fueran los trocitos sino los propios recursos. Otra genialidad culpar a una señora de la limpieza. ¿Los remitió el Juzgado de Barcelona al Supremo?, más nebulosa, e imposible enfrentarse a la pirámide funcionarial, y si Antonio de la Rosa se paseaba por Barcelona, burlando su “busca y captura”, ¿por qué no la desaparición de uno de las decenas de recursos?.

Al problema del abogado se añadía la compleja y crítica situación de La Modelo, hacia los 2.600 individuos. Huelgas, motines, palizas, auto lesiones, muertos, abundantes muertos, y el SIDA, aún no definido, incubándose en tantos desgraciados atrapados por la desconocida heroína. La tuberculosis resucitaba, la hepatitis y el herpes hacían estragos, y abundaban las simples purgaciones. El aislamiento entre cancelas insuficiente, y si las llamadas normas para el traslado a la 7ª Galería, para los de la 2ª cancela y patio exterior, no me alcanzaban, encajé gracias a los buenos oficios de Pilar Pato. Cuatro en una celda amplia, limpia por recién pintada. De los motines, auto lesiones en masa, peleas diarias, el tráfico de drogas y sus consecuencias, me enteraba al minuto atendiendo a los heridos antes de la llegada de las ambulancias del Clínico, o esperando un médico. “Marca en los pinchazos un redondel con este rotulador”. Uno llevaba veinticinco.

Ya en la Séptima, adelantado 1982, dos años en prisión, ascendí el definitivo enchufe, ordenanza de Doña Pilar Pato. No sin antes casi ahogarme en la tormenta creada por mi “ascenso”. Don Daniel hecho un basilisco, “no lo permitiré”, “nunca estas cosas se han hecho a espaldas de los funcionarios”, “además me ha demostrado usted (siempre me trató de usted) un fondo tortuoso, sin decirme nada...”, o algo así, y para remate, “¿cuánto le ha pagado a Doña Pilar?, y no me diga que de repente se ha enamorado de usted”. Salió disparado a la Dirección. Lleno de ira ni quiso oír mi argumentación sobre mi futuro después de condenado, ni menos merecerme “algo mejor”. Contraproducente el intento de reblandecer el corazón de alguien que asistió a la ejecución por garrote vil de Puig Antich y varias decenas de años de funcionario en las cárceles franquistas. Temblé. Don Daniel y el Administrador, piezas fundamentales en la Prisión. Sus años de servicio, contable público, decía, le convertía en gran vestal.

Por lo visto Doña Pilar Pato pesaba más. ¿Se anteponían las concesiones penitenciarias a los suministros?. Las dos ramas de los negocios de la cárcel tenían su peso específico. Se confirmaba la capacidad operativa de la “criminóloga” enviando, en connivencia con un médico, a otro compañero de Suministros, otro Juan condenado a veinte años, al Hospital de Santa Coloma. “¿Porqué al Hospital de Santa Coloma le pregunté a Juan?”. “!Joder, porque la valla es baja y apenas hay vigilancia!”.

Allí ya ejercía de “ordenanza” mi compañero de frontón, el joven Camacho. Según su versión salvó la vida a un funcionario en la fuga de los 45 por el túnel bajo el estropeado ascensor de la enfermería. Un funcionario descubrió la cola ante el butrón y lo secuestraron. “Querían cargárselo y yo le salvé”. A la larga dudé de su versión. Alguna razón tendría su gran enchufe ante una condena por 98 atracos, y una fuga anterior. Un gran compañero. Él a su rollo, y yo al mío, decía.

“Ana vete a ver al catedrático Francisco Fernández de Villavicencio, profesor mío en el Instituto Bancario, y me he entrevistado con él en un par de veces por cuestiones de su profesión, le creo un hombre decente”. Recomendó a Gonzalo Quintero Olivares. A los doce años de la consulta, y la elección tampoco fue para dar saltos de alegría, conocidas sus implicaciones en el mundo político, mi decisión se ennegreció. Que a la salida de la cárcel le pidiera a Quintero el abultado sumario y me contestara que por toda entrega Pascual le diera un resumen escrito a máquina de lo actuado y dos tomos de los treinta, no cuadra con ninguna ética profesional. En cuanto a Fernández de Villavicencio tampoco el futuro me tranquilizaría. Pasaría otro año en la cárcel, y más minutas.

Los disparates del funcionamiento de la Justicia, ni mucho menos se centraban en los del Consorcio, no éramos el eje, formábamos parte de algo que es una injusticia llamarla Justicia. Achacarlo al franquismo (muerto el Dictador hacía siete años) olvidando que la administraban unos funcionarios con poder absoluto es como achacar a Hitler todas las atrocidades de los campos de exterminio, y créanme, tenía cierta semejanza.

Uno de mis amiguetes, preventivo cuatro años, había robado en una torre. Sin abogado, o ni sabía quien. Envié a un abogado al Juzgado de Villanueva y Geltrú. Cuatro años sin juzgar, y se hubiera pasado la vida. Un incendio lo pulverizó todo. No existían, ni el caso, ni el preso. Aún guardo la carta agradecimiento desde su pueblo de Castilla. Una larga lista. Si en principio me encogía de hombros cuando alguien, muchos, se proclamaban “inocentes”, con el tiempo me convencí de muy probable. Otra versión del sumario perdido en la papelera del Supremo.

 

Ni que decir tiene que difiero de varias afirmaciones... pero... EL PAIS era de lo mejor informando sobre el caso.


 
EL PAIS

martes, 8 de marzo de 1983

TRIBUNALES

Una encargada de limpieza en el Supremo tiró a la basura parte del sumario de la Zona Franca

El sumarlo instruido a raíz del escándalo financiero descubierto en las cuentas del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona estuvo a punto de destruirse y fue recuperado en un almacén de desperdicios. Esta información, que ha sido facilitada en medios allegados a la abogacía, aparece plenamente confirmada en un auto o providencia dictada por la sección segunda del Tribuna Supremo y ha sido adjuntada a uno de los volúmenes delsumario recuperados.

Ferran Sales Barcelona 8 MAR 1983

En octubre de 1981 el sumario instruido por el escándalo financiero de la Zona Franca fue trasladado de la Audiencia de Barcelona al Tribunal Supremo, en Madrid. Los abogados de los procesados planteaban un recurso de previo pronunciamiento, reclamando que la causa fuera juzgada en la Audiencia Nacional. Lo que en principio era un trámite jurídico se convirtió uno de los recorridos más misteriosos y curiosos de la historia judicial de este país.Cinco meses después de que el sumario llegara a Madrid, una de las empleadas de la limpieza de la sección segunda del Tribunal Supremo tomó algunos de los vólumenes, y creyendo que se trataba de papel viejo e inservible, empezó a romperlo, arrojando los pedazos a una bolsa de basura, junto con otros desperdicios.
Al día siguiente los funcionarios responsables de la secretaría se apercibieron de la desaparecieron de algunos de los volúmenes e iniciaron una tenaz búsqueda que finalizó en la basura, en un almacén de desperdicios, donde se localizaron los pedazos del sumario destruido. Los papeles fueron trasladados a la secretaría donde, con paciencia y cinta adhesiva, pudo reconstruirse el sumario afectado por el destrozo.
A raíz de este incidente, y a modo de justificación y explicación, la sección segunda del Tribunal Supremo dictó un auto explicando el incidente, asegurando que había sido protagonizado por una mujer de la limpieza y asegurando que el problema de fondo radicaba en el hecho de que no se había podido depositar los documentos en la caja fuerte de la sección, porque allí no cabía ya ni un alfiler.
Hace pocos días, este sumario maltrecho, pero completo, llegó a la secretaría de la sección primera de lo penal de Barcelona, donde se han iniciado ya los trámites finales qué desembocarán en el juicio oral, que podría celebrarse antes de finalizar el mes de mayo.
En el sumario de la Zona Franca, en el que se investiga un fraude de más de 1.200 millones de pesetas, aparecen procesados el abogado del Estado, Antonio de la Rosa Vázquez, y José Luis Bruna de Quixano, quien desde 1961 ocupaba diferentes cargos en la administración del citado Consorcio. La significación política y social de los acusados, así como la importancia económica de lo presuntamente defraudado, hizo pensar en un principio que se trataba de un verdadero atentado y que alguien hubiera querido destruir la labor judicial.

No fue un atentado

Uno de los abogados, personados en la causa, que ha tenido acceso al sumario ha asegurado a este periódico que sólo dos de los volúmenes resultaron afectados por el destrozo. Al parecer también el rollo sufrió los efectos devastadores de la limpiadora.Después de examinar cada uno de los documentos destrozados, y ahora reconstruidos, los abogados han llegado a la conclusión de que fue un verdadero accidente y que debe descartarse la posibilidad de un atentado, ya que los documentos afectados no tienen especial importancia.

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domingo, 19 de septiembre de 2004

Reportaje:

De cabrero a juez prevaricador

La vida del ex magistrado Pascual Estevill, a quien estos días se juzga en Barcelona, muestra su escalada en la corrupción

Pere Rios Barcelona 19 SEP 2004

"¡Convenceos! En España sólo hay tres jueces que sepan instruir: Garzón, Moreiras y yo". Corría el año 1993 y Luis Pascual Estevill ya había saltado a los diarios como el juez justiciero de Barcelona. Por entonces alardeaba de que no le temblaba la mano para encarcelar a un ex consejero de la Generalitat o a un aristócrata y sus decisiones lo corroboraban porque también era capaz de imputar a la cúpula de todo un banco, sin reparar en que algunas de esas personas quizás no tenían nada que ver con los hechos que investigaba, como le ocurrió al doctor Carlos Zurita, cuñado del Rey Juan Carlos. Eran tiempos en que sus compañeros le admiraban por su valentía y el empresariado catalán le temía, precisamente por ese arrojo.

Acabó sentado con los mejores abogados en el mismo restaurante en el que los había servido

Años después se supo que parte de esa leyenda era una patraña y que algunas decisiones judiciales de Estevill sólo pretendían amedrentar a quienes investigaba para chantajearles y forzarles a pagar para salir de la cárcel o para no entrar. Con la misma frialdad con la que era capaz de acudir al levantamiento de un cadáver mordiendo un Montecristo, Estevill admitió el pasado lunes sin pestañear ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le juzga que unos empresarios le pagaron 75 millones de pesetas (casi medio millón de euros) para no acabar en prisión y que el dinero se lo ingresaron en una cuenta suiza. Jamás en una sala de vistas en España se había oído nada igual. La fiscalía le acusa de cohecho, detención ilegal, alzamiento de bienes, amenazas y tres delitos de prevaricación, los peores cargos que pueden presentarse contra quién debía impartir justicia.

Pero es que la vida de Estevill siempre ha basculado entre extremos. En su época de justiciero se le conocía como El Lobo, una ironía del destino para quien pasó su juventud como pastor de cabras en Cabassers (Tarragona), el pueblo donde nació en una familia humilde. El mismo Estevill ha explicado que a los 19 años apenas sabía leer ni escribir y que no se licenció en derecho hasta los 33 años, aunque la carrera la aprobó en 27 meses. En 1971 intentó ser procurador en las Cortes franquistas por Tarragona y, en 1982, senador por el CDS, pero en en ambos casos fracasó.

A los tres años de abrir despacho en Barcelona se hizo un nombre como abogado, lo que se explica por la facilidad del ex juez para las relaciones sociales, aunque no falta quien afirma que la Iglesia de la época le allanó el camino. Un abogado que conoce sus pasos desde hace años y que reclama el anonimato explica que cuando Estevill tuvo como clientes al conde Güell o el marqués de Setmena dedicó muchos esfuerzos a hurgar en los registros mercantiles y archivos oficiales para localizar propiedades que esos mismos aristócratas desconocían que poseían. Así pudo amasar fortuna en poco tiempo y se convirtió en un cliente asiduo de La puñalada, un restaurante del paseo de Gràcia donde se fraguaban muchos negocios de Barcelona. En ese local trabajó Estevill como camarero durante años y sirvió muchos platos a lo más granado del empresariado catalán, pero también de los abogados de la época como Gonzalo Quintero, Octavio Pérez Vitoria y Àngel Latorre. Con el tiempo, Estevill acabó sentado en su mesa.

Años antes, ya había entablado amistad con Joan Piqué Vidal, el que fuera abogado del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol en el caso Banca Catalana. Juntos defendieron a los primeros empresarios acusados de delincuencia económica, como el padre de Javier de la Rosa o su colaborador, Rafael del Barco, por un fraude en el Consorcio de la Zona Franca. Y juntos han acabado en el banquillo. El fiscal pide para Piqué seis años y cuatro meses de cárcel por participar en los chantajes. El abogado sólo admite que medió en un caso.

El caso que ahora se juzga ocurrió entre 1990 y 1994 cuando era Estevill juez en Terrassa y en Barcelona. El ex juez, que ahora tiene 70 años, atesora una condena firme de seis años de suspensión por prevaricación y otra de siete años de cárcel por delito fiscal, cometidos como ciudadano.

Este hombre que vistiendo la toga era capaz de decir frases como "las mulas se compran a prueba" para referirse a las parejas de hecho, accedió a la judicatura por el cuarto turno, el reservado para los juristas de prestigio. Fue el número uno de su promoción entre 42, pero diversos sectores judiciales coinciden en que muchas de las resoluciones que firmaba Estevill no las redactaba él, sino los abogados y hasta algún fiscal. "Sus autos se notaban mucho, porque eran farragosos y no se entendían", recuerda un juez de Barcelona. Probablemente para evitarlo y cuando tenía un asunto comprometido, Estevill acudía al Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, con dos resoluciones antagónicas, pero bien argumentadas y en función de cómo fuesen las declaraciones optaba por una u otra.

"Lletrat: l'ocell, a la gàvia" (letrado: el pájaro, a la jaula), era otra de sus frases preferidas cuando decretaba una orden de prisión. Las normas de reparto vigentes en la época le permitieron ser el instructor de algunos de los asuntos tan sonados como Planasdemunt, Indelso, Prenafeta o Bertrán de Caralt. La fiscalía lo sabía y en ocasiones esperaba a que Estevill estuviese de guardia para encargar una diligencia y que el asunto acabase en su juzgado. Muchas órdenes de prisión además duraban unos días, pero tenían la función ejemplarizante que el juez pretendía.

Entre finales de 1994 y 1996 Estevill acabó en el Consejo General del Poder Judicial de la mano de CiU. A las pocas semanas de estar allí y ver sus escarceos, el presidente Pascual Sala le dijo a Miquel Roca: "Este hombre es un impresentable".

Roca había sido su valedor junto al consejero catalán de Economía de la época, Macià Alavedra, que declarará como testigo el 4 de octubre. Cuando en 1996 la justicia empezó a investigar a Estevill por los sobornos que le han llevado al banquillo, Roca dijo que eso eran "habladurías".

La semana pasada, Estevill declaró que confesaba el delito porque quería colaborar con la justicia, cínica declaración viniendo de quien probablemente más ha dañado la imagen de la justicia en España. Su esposa e hijas no están en el banquillo, pero su hijo ha aceptado una pena de cárcel de un año. Probablemente eso sí tiene que ver con la confesión del ex juez.