La intervención criminal de Estados Unidos en Honduras, México y América Central

LLAMADO URGENTE DEL MOPASSOL

La reciente masacre de integrantes de la comunidad miskita en el Río Patuca, en Honduras, el pasado 11 de mayo cuando dos helicópteros de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA en sus siglas en ingles), dispararon sobre una canoa en la que viajaban los campesinos matando a dos mujeres embarazadas, dos hombres e hiriendo gravemente a otros cuatro, evidencia no sólo la continuidad del terrorismo de Estado impuesto por el golpe militar de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, sino también la trágica ocupación militar norteamericana en ese país.

Detrás de este ataque que “se investiga” en Washington -según se informa- no sólo se advierte la militarización estadounidense de Honduras, con cinco bases y centros de operaciones además de Palmerola (estratégica para la IV Flota) sino que se trata de un ataque directo contra los miskitos, para facilitar la ocupación de la zona y la imposición del corredor mesoamericano de agrocombustibles.

Los asesinatos cotidianos de campesinos, dirigentes sindicales y políticos, maestros, estudiantes y periodistas – en este caso suman  25 asesinados desde principios de 2010- permiten comprobar que el actual gobierno de Porfirio Lobo, surgido de elecciones convocadas y digitadas por los militares golpistas de  junio de 2009, es sólo una continuidad de esa dictadura.  Los asesinatos cometidos por la fuerzas de ocupación en este país son cotidianos y evidencian que ése es el proyecto-guión de Estados Unidos para América Latina, si los dejamos avanzar. La tasa de crímenes alcanza al 86,5 por ciento por cada cien mil habitantes. Se estiman alrededor de 700  homicidios mensuales y unas  20 víctimas diarias.  El 55 por ciento de los homicidios ocurrieron en la zona norte del país (Atlántida, Cortés y Francisco Morazán). El 84,6 por ciento con armas de fuego, Y en casi el 28 por ciento de los asesinatos participaron sicarios.

Se conoce que hay asesores israelíes, paramilitares y sicarios colombianos, después de un acuerdo de los golpistas con el ex presidente  de Colombia Alvaro Uribe, así como ex militares argentinos y de la Fundación Uno América, que participó activamente en el golpe. Centenares de personas han sido detenidas y torturadas. Pero al no poder doblegar la resistencia y al entender que  no tienen posibilidad de ganar en nuevas elecciones, la represión aumenta cada día. No podemos dejar solo al pueblo hondureño. Es nuestro deber pronunciarnos solidariamente ante las enérgicas denuncias que realizan las organizaciones populares de Honduras, denuncias que la gran prensa silencia de manera sistemática.

Lo más grave, en el caso de los miskitos fue el intento de justificación de esos asesinatos  por parte del  Director de la Policía Nacional,  Ricardo Ramírez Cid, quien dijo que ”hubo un intercambio de disparos en la escena”. Aún  cuando se observó que las víctimas estaban desarmadas y los sobrevivientes hospitalizados en La Ceiba relataron que les dispararon a mansalva  con ametralladoras y  granadas.  Lo mismo sucede con los crímenes y amenazas contra los campesinos del Aguán. El pueblo miskito es uno de los más golpeados por la tragedia de la ocupación de ese país centroamericano, así como por la corrupción policial y militar en el tema del narcotráfico, además del  feudalismo imperante en esa zona del país, sumida  en una enorme pobreza. Hay más de  1700 lisiados y decenas de muertos en la comunidad miskita.

El diario New York Times en su edición del pasado 5 de mayo encabeza un artículo señalando que la “Armada de los  Estados Unidos, usando lecciones del conflicto de la década pasada (Irak) en la guerra que está siendo peleada en la selva miskita, ha construido un  campamento (centro operativo) con poca notoriedad pública pero con apoyo del gobierno hondureño”. El citado artículo reconoce la instalación de tres “bases de operaciones de avanzada” ubicadas en Mocorón, Puerto Castilla y El Aguacate”.

El Comando Sur del Pentágono está auspiciando en toda Centroamérica lo que llaman “estados fallidos” para justificar las intervenciones en nombre de la seguridad nacional, el viejo esquema con que sembraron dictaduras en todo el continente en el siglo XX. En esa dirección apuntan los “acuerdos de seguridad” que Estados Unidos viene estableciendo con los países de la región.

A la situación de Honduras que se agrava cada día sumando ya miles de muertos, se suma la tragedia mexicana, sobre la que se extiende un silencio cómplice. Desde que México firmó con Estados Unidos el Plan Mérida en el año 2006 (una réplica del Plan Colombia) y Washington envió armas y asesores para una supuesta guerra contra el narcotráfico, más de 55 mil personas han sido secuestradas y asesinadas en forma atroz, sembrando el terror en el norte de ese país. Existen unos diez mil desaparecidos. Las Fuerzas Armadas intervienen directamente en el conflicto y nadie ignora a esta altura de los acontecimientos que  la mayoría de esos muertos nada tienen que ver con el narcotráfico y que Estados Unidos entregó armas a los grupos paramilitares como los Zetas, como se ha descubierto investigando la Operación Castaway (Operación Náufrago ) o Rápido y Furioso.

Supuestamente, se trataba de una operación encubierta de la DEA para entregar armas y “conocer” las vías del contrabando. Pero esas armas fueron a  parar a manos de los paramilitares mexicanos, que se entrenan en tortura con la población civil, y con inmigrantes que van hacia Estados Unidos y son asesinados y despedazados, como se ha visto en la aparición de cadáveres en distintos lugares.

México ha sido convertido en un estado fallido, y caótico que según políticos republicanos amenaza ahora “la seguridad de Estados Unidos”, y por lo tanto podría ser pasible de una intervención, especialmente si en las elecciones próximas no ganan sus “elegidos” como gobernantes. Las armas de EE.UU también fueron para las “maras” creadas en ese país y luego enviadas a sus países de origen, tanto El Salvador como Honduras y Guatemala, con la finalidad de mantener el crimen y el caos.

Honduras bajo  terrorismo de Estado encubierto y Guatemala, donde el feminicidio y la violencia del viejo militarismo y paramilitarismo contrainsurgente se potencia con la llegada a la presidencia de un oficial de los “Kaibiles” la fuerza especial más brutal de todos los tiempos,  preparada en Estados Unidos y autora de crímenes de lesa humanidad y  de desaparición de aldeas enteras, cuyos pobladores fueron eliminados.

Estos integran la cifra de más de 90 mil desaparecidos durante las dictaduras militares guatemaltecas, la más alta de América Latina considerando además la población de poco más de diez millones de habitantes.

Esta es parte de la realidad centroamericana, a lo que se añade el gobierno derechista de Panamá, que ya ha producido matanzas indígenas, persecución de trabajadores y firmado con Estados Unidos la instalación de doce bases militares y centros operativos rodeando todo el país, que había logrado liberarse del Comando Sur a fines de 1999.

La tragedia ilimitada en Centroamérica se continúa con la virtual ocupación de Colombia con por lo menos ocho bases militares  extranjeras y un terrorismo de Estado encubierto desde hace años y ahora  en una supuesta “Democracia de Seguridad”, donde continúan las matanzas militares y paramilitares día por día y se impide cualquier proceso de paz que signifique  producir un verdadero cambio en ese país. Colombia es el país de América Latina que junto con Guatemala, tiene la mayor cifra de muertos y desaparecidos del continente a lo largo del siglo XX y  lo que va del XXI.

Ante esta realidad, a lo que se unen los tratados de libre comercio firmados con varios gobiernos de la región, la invasión de las agencias de Estados Unidos en el continente y la militarización de la región en ascenso, con las consecuencias sociales y políticas que estamos viendo, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol), llama a organizaciones populares a extender su solidaridad y realizar actos y demandas para detener la masacre de pueblos hermanos y denunciar los graves  peligros de una profundización de la intervención extranjera, que inevitablemente se extendería hacia todo el continente.

Es hora de decir basta al crimen y detener la guerra de baja intensidad, la invasión silenciosa de las fundaciones del poder imperial y la militarización que intenta una recolonización regional en el siglo XXI.

Buenos Aires, Argentina, 23 de mayo de 2012

 Fuente MOPASSOL



Imagen agregada RCBáez
 

Narcotráfico, instrumento de dominio imperial

Por Salvador Capote*

Después de varias décadas de “guerra contra las drogas”, acompañadas de un costo colosal en vidas humanas y recursos materiales, los narcotraficantes son hoy más fuertes que nunca y controlan un territorio más amplio que en cualquier época anterior.

En los últimos seis años, ocurrieron en México más de 47,000 asesinatos relacionados con el tráfico de drogas. De 2,119 en 2006 aumentaron a cerca de 17,000 en 2011. En 2008, el Departamento de Justicia norteamericano advirtió que las DTOs (Organizaciones de Tráfico de Drogas), vinculadas a cárteles mexicanos,  se encontraban activas en todas las regiones de Estados Unidos. En la Florida actúan mafias asociadas con el cártel del Golfo, los Zetas y la Federación de Sinaloa. Miami es uno de los principales centros de recepción y distribución de la droga. Además de los mencionados, otros cárteles, como el de Juárez y el de Tijuana, operan en Estados Unidos.

Los cárteles de México cobraron mayor fuerza después que sustituyeron a los colombianos de Cali y Medellín en los años 90 y controlan ahora el 90 % de la cocaína que entra en Estados Unidos. El mayor estímulo al narcotráfico es el alto consumo estadounidense. En 2010, una encuesta nacional del Departamento de Salud reveló que aproximadamente 22 millones de norteamericanos mayores de 12 años consumen algún tipo de drogas.

Estos, que son sólo algunos de los más inquietantes datos estadísticos, permiten cuestionar la eficacia de la llamada “guerra contra las drogas”. Es imposible creer que exista realmente una voluntad política para poner fin a este flagelo universal cuando observamos el papel que ha desempeñado el narcotráfico en la contrainsurgencia, la expansión de las transnacionales y las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos y otras potencias.

Repasemos, en síntesis, la historia reciente (1). La administración de Richard Nixon, al iniciar la “guerra contra las drogas” (1971),  desarrollaba al mismo tiempo el tráfico de heroína en el Sudeste Asiático con el propósito de financiar sus operaciones militares en esa región. La heroína producida en el Triángulo de Oro (donde se unen las zonas montañosas de Vietnam, Laos, Tailandia y Myanmar) era transportada en aviones de “Air America”, propiedad de la CIA (2)(3). En una conferencia de prensa televisada el primero de junio de 1971, un periodista le preguntó a Nixon: “Señor presidente ¿qué hará usted con las decenas de miles de soldados americanos que regresan adictos a la heroína?”. (4)

Las operaciones de “Air America” continuaron hasta la caída de Saigón en 1975. Mientras la CIA traficaba con opio y heroína en el Sudeste Asiático, el tráfico y consumo de estupefacientes en Estados Unidos se convertía en tragedia nacional. El presidente Gerald Ford solicitó al Congreso en 1976 la aprobación de leyes que sustituyesen la libertad condicionada con la prisión, estableciesen condenas mínimas obligatorias y negasen las fianzas para determinados delitos de drogas. El resultado fue un aumento exponencial del número de convictos por delitos relacionados con el tráfico y consumo de drogas y la consiguiente conversión de Estados Unidos en el país con mayor población penal del mundo. El peso principal de esta política punitiva cayó sobre la población negra y otras minorías.

Las administraciones estadounidenses durante los años 80 y 90 apoyaron a gobiernos sudamericanos involucrados directamente en el tráfico de cocaína. Durante la administración Carter, la CIA intervino para evitar que dos de los jefes del cártel de Roberto Suárez (Rey de la Cocaína) fuesen llevados a juicio en Estados Unidos. Al quedar libres, pudieron regresar a Bolivia y jugar  papeles protagónicos  en el golpe de estado (“Cocaine Coup”) del 17 de Julio de 1980, financiado por los barones de la droga. La sangrienta tiranía del general Luis García Meza fue apoyada por la administración de Ronald Reagan.

La participación más conspicua de la administración Reagan en el narcotráfico fue el escándalo conocido como “Irán-contras” cuyo eje más publicitado fue la obtención de fondos para financiar a la contra nicaragüense mediante la venta ilegal de armas a Irán, pero está bien documentado, además, el apoyo de Reagan, con este mismo propósito, al tráfico de cocaína dentro y fuera de Estados Unidos.

Estas conexiones las explica el periodista William Blum en su libro “Rogue State” (5). En Costa Rica, que servía como Frente Sur de los contras (Honduras era el Frente Norte) operaban varias redes CIA-contras involucradas en el tráfico de drogas. Estas redes estaban asociadas con Jorge Morales, capo colombiano residente en Miami. Los aviones de Morales eran cargados con armas en la Florida, volaban a Centroamérica y regresaban cargados de cocaína. Otra red con base en Costa rica era operada por cubanos anticastristas contratados por la CIA como instructores militares. Esta red utilizaba aviones de los contras y de una compañía de venta de camarones que lavaba dinero para la CIA, en el traslado de la droga a Estados Unidos.

En Honduras, la CIA contrató a Alan Hyde, el principal traficante en ese país (“el padrino de todas las actividades criminales” de acuerdo a informes del gobierno de Estados Unidos), para transportar en sus embarcaciones suministros a los contras. La CIA, a cambio, impediría cualquier acción contra Hyde de agencias antinarcóticos.

Los caminos de la cocaína tenían importantes estaciones, como la base aérea de Ilopango en El Salvador. Un ex oficial de la CIA, Celerino Castillo, describió como los aviones cargados de cocaína volaban hacia el norte, aterrizaban impunemente en varios lugares de Estados Unidos, incluyendo la base de la Fuerza Aérea en Texas, y regresaban con dinero abundante para financiar la guerra. “Todo bajo la sombrilla protectora del gobierno de Estados Unidos”. La operación de Ilopango se realizaba bajo la dirección de Félix Rodríguez (alias Max Gómez) en conexión con el entonces vicepresidente George H. W. Bush y con Oliver North, quien formaba parte del equipo del Consejo de Seguridad Nacional de Reagan.

En 1982, el Director de la CIA, William Casey, negoció un “memorandum de entendimiento” con el Fiscal General, William French Smith, que exoneraba a la CIA de cualquier responsabilidad relacionada con operaciones de tráfico de drogas realizadas por sus agentes. Este acuerdo estuvo en vigor hasta 1995.

Reagan y su sucesor, George H. W. Bush, patrocinaron al “hombre de la CIA en Panamá”, Manuel Noriega, vinculado al cartel de Medellín y al lavado de grandes cantidades de dinero procedentes de la droga. Cuando Noriega dejó de ser útil y se convirtió en estorbo, Estados Unidos invadió Panamá (20 de diciembre de 1989) en un bárbaro acto sin precedentes contra el derecho internacional y la soberanía de un país pequeño.

Michael Ruppert, periodista y ex oficial de narcóticos, presentó en 1997 una larga declaración, acompañada de pruebas documentales, a los comités de inteligencia (“Select Intelligence Committees”) de ambas cámaras del Congreso. En uno de los párrafos se afirma:

“La CIA traficó con drogas no sólo durante la época de Irán-contras; lo ha hecho durante todos los cincuenta años de su historia. Hoy les presentaré evidencias que demostrarán que la CIA, y muchas figuras que se hicieron célebres durante el Irán-contras, como Richard Secord, Ted Shackley, Tom Clines, Félix Rodríguez y George H. W. Bush (6) han estado vendiendo drogas a los americanos desde la época de Vietnam”. (7)

En 1999, la administración de William Clinton bombardeó despiadadamente al pueblo yugoeslavo durante 78 días y noches. De nuevo aquí, aparece el narcotráfico en el trasfondo de las motivaciones. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos  y sus homólogos de Alemania y Gran Bretaña utilizaron el tráfico de heroína para financiar la creación y equipamiento del Ejército de Liberación de Kosovo. La heroína proveniente de Turquía y del Asia Central pasaba por el Mar Negro, Bulgaria, Macedonia y Albania (Ruta de los Balcanes) con destino a Italia. Con la destrucción de Servia y el fortalecimiento –deseado o no- de la mafia albanesa, la administración Clinton dejaba expedito el camino de la droga desde Afganistán hasta Europa Occidental (8). De acuerdo con informes de la DEA y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un 80 % de la heroína que se introduce en Europa pasa a través de Kosovo.

Varias administraciones norteamericanas, y en particular la de George W. Bush, han sido cómplices del genocidio en Colombia. La “guerra contra las drogas” sostenida por Estados Unidos con recursos financieros multimillonarios, asistencia técnica y cuantiosa ayuda militar, no ha logrado detener el flujo de cocaína y, por el contrario, ha sido determinante en el surgimiento y desarrollo de los grupos paramilitares al servicio de narcoterratenientes y también como pretexto para mantener el dominio sobre los trabajadores y la población campesina. El Plan Colombia resultó un completo fracaso pero sirvió como pantalla para la injerencia de Estados Unidos en el país y mostró claramente su verdadero objetivo, la contrainsurgencia.

Se olvida a menudo que el narcotráfico es probablemente el negocio más lucrativo de los capitalistas. Con la guerra en Colombia lucran las empresas químicas que producen los herbicidas, la industria aeroespacial que suministra helicópteros y aviones, los fabricantes de armas y, en general, todo el complejo militar-industrial. Los billones de dólares que genera el tráfico ilegal de drogas incrementan el poder financiero de las corporaciones transnacionales y de la oligarquía local.

La reciente declaración del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP (9), con motivo del cuadragésimo octavo aniversario del inicio de la lucha armada rebelde,  denuncia este vínculo drogas-capital:

“…los dineros del narcotráfico se convierten en tierras, inundan la banca, las finanzas, las inversiones productivas y especulativas, la hotelería, la construcción y la contratación pública, resultando funcionales y hasta necesarios en el juego de captación y circulación de grandes capitales que caracteriza al capitalismo neoliberal de hoy. Igual pasa en Centroamérica y Méjico”.

El Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-México (NAFTA) ha obligado a numerosos campesinos, ante la competencia de productos agrícolas norteamericanos, a cultivar en sus tierras amapola y marihuana. Otros, frente a la alternativa del trabajo esclavo en las maquiladoras, prefieren ingresar en las redes mafiosas de la droga. El gran aumento del tráfico de mercancías a través de la frontera y los controles bancarios para combatir el terrorismo, han desplazado el lavado de dinero de los bancos hacia las corporaciones comerciales. La complejidad y el volumen de las operaciones financieras, y el flujo instantáneo y constante de capitales “on line, hace extremadamente difícil seguir el rastro de las transacciones ilícitas.

Una de las consecuencias del NAFTA es la impunidad casi total que acompaña el flujo de narcodólares hacia ambos lados de la frontera. Al igual que en México, el Tratado de Libre Comercio recientemente puesto en vigor en Colombia estimulará la violencia, el narcotráfico y la represión sobre trabajadores y campesinos. La “Iniciativa Mérida”, a su vez, es sólo la versión méxico-centroamericana del Plan Colombia.

Debemos meditar sobre el hecho de que en todos los escenarios donde Estados Unidos ha intervenido militarmente, sobre todo en aquellos donde ha ocupado a sangre  y fuego el territorio, el narcotráfico, lejos de disminuir, como sería de esperar, se ha multiplicado y fortalecido. En Afganistán, el cultivo de amapola se redujo drásticamente durante el gobierno de los talibanes para alcanzar luego, bajo la ocupación norteamericana, un crecimiento acelerado. Afganistán es actualmente el primer productor de opio del mundo pero, además, ya no sólo lo exporta en forma de pasta para su procesamiento en otros países sino que fabrica la heroína y la morfina es su propio territorio.

Si nos atenemos a los hechos históricos, podríamos afirmar que la política de Estados Unidos no ha sido la de “guerra contra las drogas” sino la de “drogas para la guerra”.

Notas

1. Podría comenzar en fecha muy antigua, por ejemplo en la época de las “Guerras del Opio” del imperio británico para afianzar su dominio sobre China, pero no es necesario para los objetivos de este artículo.
2. Alfred McCoy: “The Politics of Heroin: The Complicity of the CIA in the Global Drug Trade”, New York, Lawrence Hill and Co., 2003.
3. Con anterioridad, “Air America” había ayudado a las fuerzas del Kuomingtan, leales a Chiang Kai-shek, a transportar el opio desde China y Birmania  hasta Bangkok en Tailandia. Los servicios de inteligencia franceses utilizaron también el tráfico de heroína para financiar sus operaciones encubiertas en Indochina.
4. Rick Perlstein: “Nixonland”, Scribner, 2008, p. 567.
5. William Blum: “Rogue State”, Common Courage Press, 2005, pp. 294-297.
6. Richard Secord: Mayor General de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, convicto por su participación en el escándalo Irán-contras; exonerado en 1990 por decisión de la Corte Suprema. Ted Shackley: “el fantasma rubio”, jefe de la estación de la CIA en Miami durante la Crisis de Octubre (“Cuban Missile Crisis”) y durante la Operación Mangosta (“Mangoose”) dirigida contra Cuba; Director de la Operación Fénix (“Phoenix Program”) durante la cual fueron asesinados más de cien mil vietnamitas; dirigió otras muchas operaciones encubiertas de la CIA; murió de cáncer en 2002. Tom Clines: una de las figuras principales del escándalo Irán-contras; entre 1961 y 1962 participó en operaciones encubiertas de la CIA contra Cuba; a las órdenes de Ted Shackley estuvo a cargo de la guerra secreta en Laos y participó en la Operación Mangosta; entre otras muchas fechorías estuvo a cargo de la operación de la CIA en Chile que derrocó al presidente  Allende. Félix Rodríguez: cubano-americano, fue uno de los jefes de “Operación 40” o “40 Asesinos” y de la invasión mercenaria a Cuba en 1961. Participó en el asesinato del Che en Bolivia. George H. W. Bush: Ex Director de la CIA (1976-1977) y ex Presidente de Estados Unidos (1989-1993).
7.  Citado por Daniel Estulin: “Shadow Masters”, Trine Day LLC, 2010.
8. Michael Ruppert: “Crossing the Rubicon”, New Society Publishers, 2004.
9. FARC-EP: “48 años de lucha armada rebelde”. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, 27 de mayo de 2012.

*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.

FIDEL: Los horrores que el Imperio nos ofrece

Reflexiones del Compañero FIDEL: Los horrores que el Imperio nos ofrece

Un despacho de  la principal agencia de noticias norteamericana AP, fechado hoy en Monterrey, México, lo explica con irrefutable claridad. No es el primero, ni será sin duda el último, sobre una realidad que echa por tierra la montaña de mentiras con que Estados Unidos pretende justificar el destino inhumano que reserva a los pueblos de Nuestra América.

¿Qué narra el despacho?

“MONTERREY, México (AP)   Cuarenta y nueve cadáveres decapitados y mutilados fueron hallados en un charco de sangre abandonados en una carretera que conecta el norte de la metrópoli mexicana de Monterrey con la frontera de Estados Unidos, en lo que parece ser el golpe más reciente de una escalada de la guerra de intimidación entre bandas de narcotraficantes.

“Los cadáveres de 43 hombres y 6 mujeres fueron encontrados a las 4 de la mañana del domingo cerca del poblado de San Juan, en una carretera que no cobra peaje y que conduce a la ciudad fronteriza de Reynosa. En el arco de piedra que recibe a los visitantes al pueblo alguien escribió con aerosol la leyenda ‘100% Zeta’.”

“El vocero de seguridad del gobierno del estado norteño de Nuevo León, Jorge Domene, dijo en conferencia de prensa que junto a los cuerpos en descomposición se encontró una ‘narcomanta’, en la que el grupo de Los Zetas se atribuyó la matanza.

“Los cuerpos podrían haber tenido hasta 48 horas sin vida, por lo que las autoridades creen que no fueron asesinados en el sitio. ‘Ninguno tiene cabeza y fueron mutilados de sus extremidades inferiores y superiores, lo que complica la identificación’, dijo el funcionario.”

“El procurador del estado, Adrián de la Garza, dijo que no existe denuncia de desaparecidos en los últimos días, por lo que podría tratarse de gente de otros estados mexicanos o incluso migrantes centroamericanos que buscaban dirigirse a Estados Unidos.”

“Los Carteles mexicanos de la droga han estado librando una guerra cada vez más sangrienta para controlar las rutas de contrabando, así como el mercado local de drogas y la extorsión, cuyas víctimas incluyen a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

“En lo que va de mayo, 18 cuerpos fueron encontrados en una zona turística cerca de Guadalajara; 23 cadáveres aparecieron decapitados o colgados de un puente en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, donde la violencia entre los Carteles ha escalado. Este año han aparecido cuerpos en los estados de Veracruz, Guerrero, Morelos, Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León.”

“Afirmó que no existen pistas de que la nueva ola de violencia tenga relación con las elecciones presidenciales que se celebrarán en julio. ‘Es la dinámica de la guerra entre Carteles’, dijo.”

Por su parte el portal de Internet BBC Mundo, informa que:

“Las escenas de cuerpos decapitados y mutilados en Nuevo León, donde 49 cuerpos fueron arrojados a la carretera este domingo, sacudieron a muchos por la extrema barbarie exhibida por los asesinos. Incluso en México, que después de cinco años de intensa guerra entre cárteles parecía haberlo visto todo.”

No pocos de los países de Nuestra América están afectados por estos problemas.

En nuestra Patria, los problemas que aquí se relatan, no existen; ¿será por eso que el imperio trata de rendirla por hambre y hostilidad? Medio siglo no ha sido suficiente, y dudo mucho que el imperio disponga de otro medio siglo antes de que, más temprano que tarde, se hunda en su propio fango.



Fidel Castro Ruz
Mayo 14  de 2012
4 y 36 p.m.

Las drogas, las elecciones y Chihuahua

La “guerra” contra las drogas es el rasgo más distintivo de este sexenio conservador de derecha neoliberal. Se calcula una pérdida en vidas humanas de alrededor de 60 mil asesinatos, de los cuales una quinta parte suceden en Chihuahua. Hasta el momento, ningún candidato presidencial ha dejado claro cómo va a subsanar tamaño catástrofe, la militarización y el intervencionismo de Washington, cómo recuperar la paz. La legalización y despenalización de las drogas no es un problema menor.

El tema ni siquiera está en las propuestas de campaña, pese a que las dimensiones del genocidio por sí solo sería suficiente para detener cualquier proceso electoral en una auténtica democracia y paralizar al país en la búsqueda de justicia, pero no es el caso. A la derecha no le interesa cambiar el rumbo de la estrategia contra las drogas y la “izquierda” no parece muy dispuesta a arriesgarse a oponerse a los designios estadounidenses y menos a asustar a las conservadoras y desinformadas mentes de la ciudadanía que sí vota y que a cada elección es más escasa. Esto significa para estados fronterizos como Chihuahua, la continuación de una guerra de baja intensidad, clasista y selectiva.

El narcotráfico es un problema del capitalismo por que es un negocio.

No es un problema del ser humano, del individuo, por que cada quien tiene la libertad de elección y si alguien prefiere fumar marihuana, no debe considerarse como un delito y menos perjudicial para la salud; es mucho más perjudicial beber Coca-cola o fumar tabaco y sin embargo sigue siendo una decisión individual, aunque inducida. En las sociedades de consumistas, el problema es la enajenación compulsiva, no consciente, por eso se debe criminalizar a las empresas que manipulan a la población con necesidades creadas, las cuales constantemente seducen a la sociedad para venderles satisfactores que no necesita y crear clientes cautivos. Pero eso tampoco lo vamos a ver en las propuestas electorales, por que toca muchos intereses empresariales.

La “guerra contra el narco” nos ha traído como consecuencia un grave problema de seguridad pública, que si bien ya existía antes de este hecho, se multiplica y complica en pocos años trayendo desgracia, sufrimiento y estancamiento económico. Chihuahua es el vivo ejemplo del antes y el después de esta situación. Las consecuencias han sido en alto grado desfavorables para la sociedad en general y ha recrudecido, entre otras cosas, la violación a los derechos humanos, la persecución y asesinato de activistas, el exilio masivo de población a otros estados y países, además del aumento de delitos en todos los rubros; prácticamente en todos los municipios hay historias trágicas relacionadas con esta cuestión.

Chihuahua ha sido con mucho, el gran perdedor de esta “guerra”.

Paradójicamente, pero no inocente, el gran ganador de este pandemónium es Estados Unidos: se queda con la droga, vende armas a los grupos criminales, impone su visión estratégica al gobierno federal y hasta se da el lujo de beneficiarse con la gente huida a ciudades como El Paso, Texas, entre ellos muchos empresarios y empresas; todo un negocio. El precio que tiene que pagar Washington en comparación con sus ganancias es mínimo, basta un económico y condicionado Plan Mérida y algunos otros fondos “humanitarios” del USAID para “reparar el tejido social”. Por eso persiste el interés en que quien salga ganador(a) de la contienda electoral del 2012 continúe la estrategia sugerida.

La posición geográfica de Chihuahua, estratégica para el narco, pero también para Washington, nos deja en una situación vulnerable. Si continúa la “guerra” contra el narco se seguirá debilitando al estado, pues además quienes gobiernan a nivel estatal y municipal son incapaces de garantizar una mínima existencia pacífica a la sociedad. Obviamente legalizar no está en los planes de las y los políticos, los partidos ni los candidatos presidenciales, pese a la existencias de numerosos estudios académicos a favor e incluso, de la opinión de varios e influyentes políticos a escala internacional. Legalizar supondría una desestructuración de la política tal como la conocemos, pues además el narco ya estaba dentro desde mucho antes y genera millonarias ganancias. Hay pues, muchos intereses de por medio.

4-20. El 20 de abril se celebra mundialmente el día de la marihuana. Es una forma de protesta contracultural en varias partes del mundo, incluido México, para concentrarse públicamente, fumar mota y exigir la liberación del consumo. Esta “droga” tiene miles de años de ser conocida por sus cualidades curativas, alimenticias y textiles, pero sólo hasta el siglo XX es cuando se prohíbe, a insistencia de Washington, para proteger su industria algodonera.  Son inútiles e injustificables los discursos oficialistas para desacreditar a la marihuana y las acciones para criminalizar a sus usuarios y “combatir” a los cárteles. La ignorancia, hipocresía y avaricia detrás de la prohibición y persecución sólo delatan la complicidad de intereses con las consecuencias que lamentablemente ya conocemos.

El sistema de justicia que condenó a los Cinco: Armas por drogas, drogas por armas (Décima parte)

Por Salvador Capote*

 

¿Qué sistema de justicia es ése que impuso condenas -increíbles por su exageración- a cinco cubanos sin antecedentes criminales, que no cometieron actos violentos, que no poseían armas, que no resistieron al arresto, que sólo estaban movidos por su inmenso patriotismo y que, además, son inocentes? -Es el mismo sistema impotente o cómplice  ante el crimen, la violencia y el caos que en la frontera sur provoca el tráfico ilegal de armas, drogas y seres humanos.

El contrabando de armas de Estados Unidos hacia México comenzó a tomar fuerza a partir de los años setenta. El Artículo 10 de la Constitución de ese país garantiza a los ciudadanos el derecho a poseer armas  para su propia protección o legítima defensa, excepto aquellas que estén expresamente prohibidas por la ley o que su uso esté reservado exclusivamente para los militares. Hasta 1968, era libre la venta de armas de fuego de pequeño calibre pero, a partir de las protestas estudiantiles antigubernamentales, sumadas al auge de movimientos de liberación nacionales, el gobierno clausuró las tiendas de ventas de armas e impuso el registro (ampliamente ignorado por la población) de todas las armas. Los estrictos controles establecidos por el gobierno mexicano fueron aprovechados por traficantes de ambos lados de la frontera para incrementar el volumen de sus negocios: armas de Estados Unidos hacia México, drogas de México hacia Estados Unidos.

En fecha tan temprana como 1977, el New York Times (1) denunciaba ya el contrabando de armas norteamericanas hacia el territorio mexicano. Tengamos en cuenta que el tráfico ilegal de armas está íntimamente ligado al de las drogas. Las armas cuestan caras y hay que pagarlas en dólares, pero los carteles de la droga las necesitan para imponer su dominio y el dinero no es un factor limitante. Por el contrario, no sólo alcanza para pagar el costo de las armas sino para sobornar a un ejército de colaboradores en todos los niveles de la administración en ambos lados de la frontera.

Cuando a un funcionario público le pagan la suma de lo que ganaría tal vez en diez años de trabajo, por sólo mirar hacia otro lado y cuando, por el contrario, si mira hacia donde debe de mirar, pone en grave peligro su vida y la de su familia, no es difícil entender lo que ha estado sucediendo en la zona fronteriza. El tráfico en ambas direcciones no sería posible sin la complicidad de empleados de aduanas, guardias fronterizos, agentes de narcóticos, funcionarios administrativos, periodistas, políticos, militares, jueces, fiscales y policías.

Cierto. Sin embargo, ésta era una explicación muy convincente hace 10 ó 20 años, pero el grado de violencia y caos en la zona fronteriza de México alcanza niveles tan altos que resulta difícil encontrar actualmente una explicación completamente satisfactoria a  no ser que valoremos la intervención de otros factores que se insertan en un panorama geopolítico más amplio. ¿A quiénes conviene que el crimen y el caos conduzcan a una situación de ingobernabilidad en la zona fronteriza de México? -Ciertamente no a los traficantes, porque no hay nada más perjudicial para sus negocios que los  estados de emergencia.  Pero sí para la ultraderecha estadounidense que desea  la militarización y el cierre de la frontera y la expulsión de todos los inmigrantes indocumentados; y también para la ultraderecha mexicana que ve en el establecimiento de un régimen autoritario, policíaco-militar, la única posible barrera al acceso al poder de un movimiento popular similar a los ya triunfantes en otros países latinoamericanos.

Es por este camino, me parece, por donde la investigación periodística ha sido muy pobre. Lisa Guáqueta (2), del “Institute for Policy Studies” de Wahington D.C., considera que un área importante de investigación es la fabricación de armas. “¿La gran industria de armas de Estados Unidos -se pregunta- traslada parte de su producción a México? ¿Están fabricándolas localmente en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez?…”.

Garrett M. Graff, profesor de la Universidad de Georgetown y editor principal de la revista “The Washingtonian”, en su libro “The Threat Matrix” (3), recién publicado, revela que en el periodo posterior al 9/11, justo cuando se recrudecía la guerra de los carteles de la droga, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sacó de la frontera sur alrededor de 2,000 agentes ocupados en perseguir a los narcotraficantes y trasladó sus responsabilidades a la “Drug Enforcement Agency” (DEA). Se considera que los mejor entrenados para perseguir tanto a narcotraficantes como a contrabandistas de armas u otros criminales, son precisamente los agentes del FBI.

¿Por qué abandonó el FBI la frontera sur? -Graff explica que se debe a una reestructuración y reasignación de tareas. Actualmente, en el Buró existen tres Divisiones de seguridad nacional: Contraterrorismo, Contrainteligencia y Delitos Cibernéticos. En la esfera criminal, el FBI ya sólo se ocupa de los casos de mayor envergadura. La División de Delitos Cibernéticos es enteramente nueva y refleja el interés del gobierno en las comunicaciones por Internet (tomen nota los blogueros). Graff observa una correlación casi directa entre el auge de la violencia en la frontera y la salida del área de los oficiales del Buró. Me pregunto si es posible conciliar la decisión de sustraer 2,000 agentes,  con la priorización que supuestamente se asigna a la estabilidad en esta área tan sensible. El hecho parece reforzar la tesis de un caos programado.

En abril de 2009, el presidente Barack Obama, citando datos del ATF (4), afirmó que el 90 % de las armas que se confiscan en México proceden de Estados Unidos. En un informe del mismo año, la GAO (5) señala que las armas objeto del tráfico ilegal son cada vez más poderosas y letales. La G.A.O. destaca que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México “no ven por qué razón los carteles de la droga habrían de pasar por la dificultad de adquirir armas en otras partes del mundo y transportarlas a México cuando es tan fácil para ellos adquirirlas en Estados Unidos.”

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos es prácticamente impotente ante los poderosos “lobbies” congresionales de la “National Rifle Association” (NRA), brazo de relaciones públicas de la industria de las armas, y de otras organizaciones, que disponen de grandes recursos para la propaganda y los litigios judiciales. La administración Obama anunció a finales de julio de 2011,  una medida federal que obliga a las tiendas de armas a reportar las compras de dos o más fusiles semiautomáticos, de calibre mayor al .22, dentro de los cinco días siguientes a la compra. La medida afecta a 8,500 tiendas de venta de armas en los cuatro estados fronterizos: Texas, New Mexico, Arizona y California (6). De inmediato, la NRA y otras instituciones a favor de la venta libre de armas, presentaron demandas contra el gobierno federal. Cada medida que el gobierno pretenda implantar con el fin de establecer algún control, aunque sea mínimo, sobre la venta de armas, tendrá que pasar primero por una larga y costosa batalla judicial.

La situación de la administración Obama a este respecto es ahora particularmente débil a causa del completo fracaso de ATF en la operación llamada “Fast and Furious”. La operación, comenzada en noviembre de 2009, consistía en dejar pasar las armas al interior de México y monitorearlas todo el tiempo hasta su destino final, lo que supuestamente serviría para ubicar y destruir los centros operativos de los cárteles de la droga. En parte por negligencia y en parte por escasez de recursos, la operación fue un desastre. Las armas, 2,200 fusiles de asalto, se perdieron de vista y están siendo utilizadas por los cárteles  en asesinatos, secuestros y derribo de helicópteros (7). El asunto puede ser aún más complicado para el gobierno si hemos de creer el informe publicado el sábado por William Lajeunesse, de Fox News, según el cual agentes federales  norteamericanos  pactaron con el cártel de Sinaloa permitir la entrada en Estados Unidos de toneladas de narcóticos a cambio de información acerca de los cárteles rivales (Fox News, Aug. 6, 2011).

Según Steven Dudley (8), co-director de “InSight”, un grupo  que se enfoca en el crimen organizado, “…Estados Unidos tiene que detener el flujo ilícito de armas hacia las pandillas criminales. Sin embargo, la administración Obama no ha proporcionado los medios imprescindibles a las agencias que tienen la responsabilidad de hacerlo, y carece de la voluntad política para realizar los cambios necesarios en las leyes”. Dudley señaló además que ATF “tiene el mismo número de agentes que tenía en 1970, esto es, unos 700 inspectores, con la función de controlar a 120,000 vendedores de armas de fuego”.`

Pero los fabricantes de armas disfrutan de muchas maneras de impedir las acciones legales. Por ejemplo, “Intratec Inc.” (“Navegar”) con sede en Miami, Florida, comenzó a fabricar en los años ochenta la “pistola de asalto” TEC-9, basada en las subametralladoras ilegales KG-9 y KG-99, producidas previamente por la firma. El arma recibe cargadores de hasta 32 balas, acepta silenciador, no recoge huellas dactilares (según el fabricante) y es fácilmente convertible a fuego en ráfaga. Ha sido la más utilizada en acciones criminales en todo el país, entre ellas la masacre de “101 California Street” en San Francisco, en julio de 1993, y la tragedia de “Columbine High” en abril de 1999. El cubano-americano Carlos García, dueño de la empresa admitió: “Yo sé que parte de las armas que fabrico terminarán asesinando personas, pero no soy responsable por eso” (9). En 1989, el estado de California, y en 1991 el Distrito de Columbia, prohibieron la TEC-9. En respuesta, Intratec Inc cambió el nombre de la pistola por TEC-DC-9 para evadir la ley (10). Cuando en 1994 el gobierno de Estados Unidos puso en vigor la “Assault  Weapons Ban” (prohibición de armas de asalto), TEC-DC-9, a su vez, se convirtió en TEC-AB-10 (11) con ligeras modificaciones.

La TEC-9 fue usada primeramente por la mafia cubana de la droga en los años ochenta. La podemos ver en acción en la serie televisiva “Miami Vice”. Dennis Henigan, director del “Brady Center to Prevent Handgun Violence” afirmó que la TEC-9 “es un arma literalmente diseñada no para otra cosa que para el asesinato masivo” (12). TEC-9, o sus variantes, fueron utilizadas por la contra nicaragüense, paramilitares y escuadrones de la muerte en Centroamérica y en acciones terroristas de infiltración contra Cuba.

John Miller, periodista de ABC News, que cubrió la masacre de Columbine High, afirmó que “desde entonces [desde que ATF prohibió la TEC-9] la compañía Navegar [Intratec] de Carlos García, en Miami, ha continuado modificando el arma, a menudo cambiándole simplemente de nombre y eludiendo de este modo la ley”. (13)

Sin embargo, ATF permitió la venta en 1989 de los modelos calibre .22 de las armas de asalto prohibidas, basándose en que las armas de ese calibre se consideran de uso deportivo. “Este romántico criterio de balas buenas contra malas -explica Sugarmann (14)- ignora las realidades del mercado de armas de asalto.” Una de las más populares es la TEC-22 “Scorpion”. Aunque menos letal por tiro que una 9 mm, el efecto total de una ráfaga de 30 balazos .22 no es muy deportivo que digamos.

Según Bárbara Vobejda, periodista del Washington Post (15), basándose en declaraciones del director de ventas y comercialización de Intratec, las letras DC en TEC-DC-9 significan “Distrito de Columbia”. Intratec añadió estas dos letras a TEC-9 en 1992 después que el Distrito adoptó una ley, que nombraba específicamente a la TEC-9, haciendo responsables a los fabricantes de armas por las muertes que éstas produzcan. La inclusión de DC en el cambio cosmético de TEC-9 a TEC-DC-9 fue pues, añadir sarcasmo a la burla arrogante de la ley. De igual modo, las letras AB en TEC-AB-10, que significan “After Ban” (después de la prohibición), constituyen una nueva burla a las prohibiciones de Washington de 1994.

Según el propio García, el año de la prohibición su empresa tuvo ingresos por $1.7 millones. Poco tiempo después adquirió una residencia junto al mar, en Coral Gables, por valor de $2.9 millones. García, que emigró de Cuba en 1962,  se dedicó al negocio de la venta de armas de fuego en una tienda en la Pequeña Habana llamada “Garcia’s National Guns”. Carecía de experiencia en su fabricación pero se asoció con George Kellgren, un sueco especializado en diseño de armas militares y formaron “Interdynamics Inc.” a comienzos de la década de 1980, fabricando la KG-9 (K por Kellgren, G por García) pero el arma fue declarada ilegal por ATF. Fabricaron entonces la KG-99 que también fue prohibida. En 1984 Kellgren abandonó el negocio, García cambió el nombre de la empresa por “Intratec”, transformó la ilegal KG-99 en TEC-9 y cuatro años más tarde creó “Navegar” para promocionar la venta (16). En 2001 cesó la fabricación de estas armas asesinas,  pero decenas, tal vez cientos de miles de ellas circulan entre la población y están a la venta en Estados Unidos y otros países, cobrando cada día las vidas de muchos seres inocentes.

Estados Unidos es la sociedad más violenta del mundo, sus gastos militares sobrepasan 1/3 del gasto militar mundial y es responsable de la muerte de millones de seres humanos en todos los continentes. Las personas que mueren al año en Estados Unidos por disparos de armas de fuego, sobrepasan la cifra de 34,000 (17), es decir, más de 650 por semana, unas 90 cada día, mientras que otras decenas de miles sufren heridas sin consecuencias fatales. Por disparos de armas de fuego mueren cada año  en Estados Unidos más de 3,000 niños y adolescentes, uno cada tres horas;  diez veces más que la suma de los que mueren por este motivo en Japón, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Canadá. Todas estas cifras permitirían considerar que existe una especie de guerra interna contra sus propios ciudadanos, con más bajas que en cualquiera de las libradas en otras latitudes.

Las armas en este país son mucho más que simples instrumentos de muerte, son como iconos sagrados y forman parte de una cultura de “cow-boy” que se refleja en el estilo agresivo de su política exterior.

La industria de las armas, a través de la NRA, ha fundamentado históricamente el supuesto derecho a la venta libre de armas, en la Segunda Enmienda de la Constitución, que reza: “Siendo necesaria una bien regulada milicia para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no debe ser violado”.

Los defensores de la libre posesión y venta de armas utilizan generalmente en su propaganda sólo la segunda parte del enunciado y omiten que esta  segunda  estaba condicionada a la primera, o sea, a “una bien regulada milicia”. De todos modos, es una discusión bizantina tratar de descifrar la intención de los padres fundadores en el momento en que escribieron la frase, pero estoy seguro de que James Madison no estaba pensando en una “no regulada” industria de las armas y ni siquiera imaginó el poder que ésta tendría. No pudo imaginar tampoco que armas norteamericanas compradas con dinero del narcotráfico llevarían la destrucción y el caos a la frontera sur. El mundo actual es totalmente diferente al de 1791 y no se puede justificar una situación que origina miles de muertes con una frase muy respetable pero que es fruto de antiguas realidades y de la ideología política y social dominante en otra época.

(1)    “Smuggled Guns from U.S. are Common in Mexico”, New York Times, Jan. 23, 1977.
(2)    Lisa Guáqueta: “Arms Trafficking at the U.S.-Mexico Border”, Washington, D.C., Foreign Policy Focus, March 26, 2010.
(3)    Garrett M. Graff: “The Threat Matrix”, Little, Brown and Company, Hachette Book Group, 2011, pp. 520-521.
(4)    “Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives”.
(5)    “Government Accountability Office”
(6)    Michel Marizco: “Gun Rights Groups Sue Feds Over Rifle Rule Aimed at Cartels”, News for Austin, Aug. 4, 2011.
(7)    La Operación “Gunrunner”, durante el gobierno de George W. Bush, terminó igualmente en fracaso.
(8)    Citado por Robert Beckhusen en “New player in Mexico’s drug war: the NRA”, Wired.co.UK, Aug. 5, 2011.
(9)    “I know some of the guns going out of here are going to end up killing people. But I’m not responsible for that.” Citado por Peter H. Brown y Daniel G. Abel: “Outgunned”, The Free Press, 2003, p. 273.
(10)    Brown y Abel: Idem, p. 273
(11)    AB significa “After Ban” (después de la prohibición).
(12)    Brown y Abel: Idem, p. 89.
(13)    Idem.
(14)    Josh Sugarmann: “NRA, money, firepower, fear”, National Press Books, Washington, DC, 1992, pp. 208-209.
(15)    Bárbara Vobedja: “The Colorado Pistol With ‘DC’ in Its Name”, Washington Post, May 1, 1999.
(16)    David Olinger: “Following the guns”, Colorado News, Aug. 1999.
(17)    Lilian B. Rubin: “A Lack of Gun Control Leads to Gun Crime”. In: “Guns and Crime”, 2008, p. 54.

*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.

Imagen agregada RCBáez, caricatura de Jayme Sifuentes

Charlie Sheen, las drogas y México

En las últimas semanas el despido del popular actor estadounidense de la serie de televisión Two and a half men, ha desviado la atención del público (incluido el mexicano) por la amplia cobertura de los medios informativos. La aparentemente frívola exhibición noticiosa de la vida de este personaje permite ver el impacto de las drogas en la cultura y sociedad estadounidense.

En estos momentos en que se juega la autonomía y soberanía nacional (tanto por el narco, pero sobre todo por los intereses de Washington) es importante conocer la cotidianidad de la vida estadounidense donde la droga juega un papel clave para el funcionamiento de varios sectores sociales, además de la relación que guarda lo anterior con respecto a México, donde está muriendo gente de manera violenta para mantener el status quo estadounidense y que la droga no deje de fluir a ese país.

Charly Sheen es la prueba fehaciente de la penetración de las drogas en la sociedad estadounidense  y del por qué la droga es indispensable en el American way of living. De entrada lo primero que nos debe decir la licenciosa vida de Sheen, es el arraigo de las drogas en la cultura gringa. Aunque es un escándalo su relación con las drogas y el sexo, en ningún momento hay una conexión entre el genocidio mexicano y la cotidianidad de la droga en medios como la televisión: la vida de Sheen, desenfrenada pero cool; la vida de las y los mexicanos, invisibilizada o distorsionada por los medios gringos.  

Según registros de agencias estadounidenses especializadas, el consumo de sustancias ilícitas en dicho país sigue aumentando pese a los esfuerzos por erradicarlas. ¡Imposible hacerlo! el neoliberalismo gringo es un impulsor natural, por llamarlo de alguna forma, del consumo en general y particularmente del de drogas; mientras el capitalismo neoliberal siga vigente, el problema no se va a terminar, por el contrario aumentará porque además la filosofía del poder del imperio estadounidense requiere de estimulantes al igual que su muy arraigada cultura de la competencia, para mantener su rango de influencia mundial y “calidad” de vida social, claro, a costa de los habitantes del mundo.

La explotación pública de la vida íntima del señor Sheen por parte de las massmedia estadounidenses no hace otra cosa que promocionar ese estilo de vida que dicen criticar, cuando en realidad al brindarle tanta atención eliminan de la agenda informativa noticias mucho más importantes y trascendentales para la sociedad estadounidense, como las protestas ciudadanas en Wisconsin o bien el conflicto en aumento del intervencionismo gringo en México y los malestares y protestas que está originando en la sociedad mexicana. Ni una sola muestra de autocrítica sino todo lo contrario: hipocresía y cinismo para seguir enajenando a sus ciudadanos(as) a costa y perjuicio de un país amigo, pero vecino peligroso llamado México (¿?).

Estados Unidos es un peligro para México y no al revés. De ahí provienen las armas de los narcos; ahí van a parar las drogas de los narcos.

Es tan profunda la penetración de las drogas en ese país, que es imposible reconocer a un Estados Unidos libre de ellas. Imposible. Una nación tan dependiente de las drogas, donde se pueden comprar armas con tanta facilidad, intolerante con la migración ilegal, tan racista, soberbia y donde a la libertad le llaman capitalismo, es un verdadero peligro mundial, pues además no están dispuestos a cambiar sino a imponer condiciones.

La cultura de las drogas penetra la sociedad estadounidense: está en sus escuelas; está en sus empresas; está en su high society racista y en sus ghettos de pobres latinos, negros y asiáticos; está en sus bancos que lavan el dinero del narco; está en el cine, en la televisión, en la música, en Hollywood y en todos los estilos de vida que requieran de estimulantes para empezar y aguantar el día y está en los “ídolos” de exportación a seguir, en figuras como la Paris Hilton o el propio Sheen. Está en su liderazgo competitivo con el cual apuntan hacia otros países en busca de sumisión y recursos energéticos como el petróleo. ¿Será por eso que no está en su agenda política erradicar la droga sino legalizarla?        

Las aventuras o desventuras del señor Sheen seguirán por un tiempo; el suficiente para atolondrar aún más las débiles mentes de la despolitizada (sí, des-po-li-ti-za-da) sociedad estadounidense, tan vulnerable a la propaganda de Estado y los intereses empresariales. El señor Sheen es por el momento el modelo a seguir, la admiración de un público que buscará imitar las audacias del actor, por lo menos hasta que aparezca otro patiño decadente.

Y mientras nadie les disturbe su relación con las drogas, qué importa que sigua muriendo gente en México, lo importante es que la droga no deje de fluir para que personas como Sheen puedan hacer alarde de su vida y cultura estadounidense.