¿Hay moscas en las botellas de Coca-Cola?: La propiedad de los medios, la propiedad de la información

Por Pedro Ramiro; Revista Pueblos

La propiedad de los medios, la propiedad de la información

 

“Alguien dijo que en los Estados Unidos se puede escribir contra el presidente demócrata o contra el presidente republicano, pero nunca se podrá publicar la noticia de que se haya descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola”. Así comienza Una mosca en una botella de Coca-Cola, el documental producido recientemente por OMAL-Paz con Dignidad y Producciones CMI (con dirección de Javier Couso y guion de Pablo Iglesias  [1]) en el que se analiza la relación que existe entre los principales medios de comunicación y las grandes multinacionales españolas. Porque, como se pregunta en el documental, ¿quién elige a los presidentes?, ¿la ciudadanía o los medios de comunicación? ¿Quién se atrevería a enseñar la mosca en la botella de Coca-Cola?
Tomando como base la investigación que Pascual Serrano ha hecho sobre los grandes grupos de comunicación que operan en el Estado español [2], este documental nos cuenta como “buena parte de la información que vemos, oímos y leemos pertenece al BBVA, a Repsol, al Grupo Planeta, a La Caixa, al Banco Santander, a Telefónica o a Silvio Berlusconi. Son grandes corporaciones multinacionales y agencias de publicidad las que controlan lo que ves, lo que oyes y lo que lees”. De ahí que en estos medios podamos ver con frecuencia noticias en las que se destaca el comportamiento “ejemplar” de las multinacionales españolas en América Latina. ¿Será una casualidad que los presidentes de los gobiernos latinoamericanos que han apostado por reforzar el papel del Estado y ejercer una mayor soberanía sobre sus recursos naturales sean, precisamente, los peor tratados por los mass media en este país?

Medios de comunicación y multinacionales españolas

En el prólogo del libro Papel mojado, Pere Rusiñol, ex redactor jefe de El País y adjunto a la dirección de Público hasta el cierre de su edición impresa, afirma que “hoy casi todos los grandes medios de España han sido absorbidos por el poder financiero. No con la clásica dependencia de la influencia publicitaria o de los créditos, sino de forma mucho más profunda: directamente en la propiedad” [3]. Por eso se explica, por ejemplo, que en el diario El País, propiedad de un grupo empresarial como Prisa que, a su vez, ha pasado a ser controlado por grandes bancos como el Santander y La Caixa, siempre ocupen titulares destacados las declaraciones de Emilio Botín sobre la “recuperación” de la economía española; mientras, por el contrario, escándalos como el del acuerdo del presidente del Santander con Hacienda para evitar ser condenado por evasión fiscal o el del indulto a su ex consejero delegado, concedido por el ejecutivo Zapatero justo antes de dejar el gobierno y posteriormente anulado por el Tribunal Supremo, pasen desapercibidos. Como cuenta Rusiñol, “en otras épocas el increíble indulto a Alfredo Saénz abriría el periódico en lugar de estar arrinconado en un faldón perdido” [4].

Existen pocos estudios que nos muestren el entramado de los grandes medios, nos expliquen sus relaciones con la banca o analicen sus conexiones con las empresas transnacionales. Traficantes de información, editado finalmente por Akal tras la negativa de los accionistas y directivos de Península (editorial controlada por el Grupo Planeta) a publicarlo a pesar de haberlo encargado y contar con el visto bueno del editor, es una de las pocas excepciones a esta regla. A partir de este libro de Pascual Serrano, el documental nos recuerda las conexiones entre las compañías multinacionales y los principales grupos mediáticos españoles: Prisa, editora de El País y dueña de la cadena SER, está en manos de fondos de inversión como Liberty y de bancos como La Caixa, Santander y HSBC; Vocento, responsable de ABC y diversos diarios locales, tiene entre sus propietarios al BBVA y Ferrovial; Unidad Editorial, empresa a la que pertenecen El Mundo, Marca y Expansión, también se encuentra controlada por un grupo financiero.

Eso por no hablar de cómo otros grandes grupos de comunicación, vinculados a diferentes familias del empresariado español (entre ellos están el Grupo Zeta, Planeta, Libertad Digital o el Grupo Intereconomía), concentran la propiedad de buena parte de los medios que vemos habitualmente en los quioscos y la televisión. “Los dueños, los accionistas, los anunciantes… esos son los verdaderos intocables”, dice Serrano como conclusión de su entrevista en el citado documental.

Noticias y “tratamiento informativo”

A nadie puede extrañar, en este contexto, el “tratamiento informativo” (por llamarlo de alguna manera) que dispensan los grandes medios de comunicación privados a las noticias relacionadas con las multinacionales españolas. En el mismo sentido, los gobernantes de países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, que han puesto en marcha políticas económicas contrarias a los intereses de estas mismas empresas (nacionalizaciones, subidas de impuestos, expropiaciones), son objeto de todo tipo de descalificaciones y comentarios agresivos por haberse atrevido a mostrar las moscas en las botellas de Coca-Cola. “Ha sido una información manipulada, agresiva y completamente sesgada, aplicando un doble rasero que no se aplica a otros países con bastante más deficiencias democráticas”, afirma en el documental Ignacio Escolar, director de eldiario.es. Y tenemos múltiples ejemplos de ello.

“Expolio”. “Atropello”. “Saqueo”. “Tropelía”. A mediados de abril de 2012, los principales periódicos de este país sacaban toda su artillería pesada y abrían sus ediciones con titulares como estos para descalificar la decisión del gobierno argentino de nacionalizar la petrolera YPF, filial de la multinacional española Repsol. “Populismo intimidatorio”, “matonismo”, “cacicada”, “peronismo trasnochado”, “nacionalismo visceral”, “guerra sucia”, “reflejo propio de otra época”… Todo valía con tal de criticar la medida del gobierno de Cristina Fernández (que, por cierto, contaba con un amplio respaldo de la población argentina según las encuestas) ya que, como dijo entonces el ministro de Asuntos Exteriores, se asumía que se trataba de “una decisión contra Repsol y, por tanto, contra España y contra el gobierno de España” [5].

Algo similar ocurrió en 2006, cuando el entonces recién elegido presidente Evo Morales promulgó la nacionalización de los hidrocarburos. Según el editorial que publicó El Mundo, “el decreto dinamita la libertad económica, un concepto ya de por sí muy devaluado en el país andino”. Haciendo causa común con los intereses de grandes compañías españolas como Repsol, el diario de Unidad Editorial se preguntaba: “¿Con qué seguridad invertirá a partir de ahora en Bolivia una empresa extranjera sabiendo que sus negocios pueden evaporarse en sólo unas horas?” [6] Más recientemente, los episodios de “conflicto” de Sacyr en Panamá [7] y de las nacionalizaciones de las filiales de Iberdrola, Red Eléctrica y Abertis en Boliva, nos sirvieron para comprobar que la reacción de las instituciones que nos gobiernan iba a ser la misma: “El gobierno español defiende siempre los intereses de las empresas españolas, estén dentro o estén fuera de España”, declaró el año pasado el ministro de Industria y Energía [8].

Que se trate de confundir los intereses de “nuestras empresas” y de todo lo que representa la marca España con los intereses generales de la población no es algo que sea demasiado novedoso [9]. La lógica es simple: identificar las ganancias obtenidas por la reducida minoría que posee la propiedad accionarial y ocupa la alta dirección de las grandes corporaciones con el “progreso” y el “bienestar” de las mayorías sociales. Tras la crisis financiera y la caída de la demanda en los países centrales, hoy que la ortodoxia dominante impone sus recetas para “salir de la crisis” y la internacionalización empresarial y la atracción de inversión extranjera se presentan como los pilares fundamentales para la ampliación de mercados y la “recuperación económica”, esta idea se ha visto todavía más reforzada (a pesar de que se demuestra su falsedad cada vez que se hacen públicos los datos de los dividendos empresariales y los sueldos de los grandes ejecutivos y se comparan con las condiciones laborales de la mayoría de la población). Y los medios de comunicación cumplen un papel central en todo ello: “Nos están obligando a creer que los intereses de las multinacionales españolas son nuestros intereses, cuando es precisamente lo contrario”, afirma en Una mosca en una botella de Coca-Cola la periodista Olga Rodríguez.

El Grupo Prisa como ejemplo

Dice Pere Rusiñol que “los medios de referencia son parte fundamental de este sistema en crisis y difícilmente pueden ser, en consecuencia, los más adecuados para narrar esta crisis” [10]. Podemos comprobarlo siguiendo la trayectoria de, por ejemplo, el Grupo Prisa.

Este gran grupo empresarial de comunicación ha venido organizando en los últimos años, tanto en América Latina como en España, los encuentros “Invertir en…” Contando con la colaboración de los respectivos gobiernos y con el patrocinio de las principales empresas españolas presentes en cada uno de estos países, el diario El País se ha dedicado a favorecer la expansión de los negocios de las transnacionales y promocionar las “bondades” de la inversión extranjera en México, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Panamá. En enero de este año, sin ir más lejos, Prisa organizó la jornada Invertir en Colombia.En ella participaron el presidente del gobierno colombiano, Juan Manuel Santos; Felipe González, ex presidente del gobierno español y consejero de Gas Natural Fenosa; altos directivos de esta empresa gasista, Ferrovial, Indra y Telefónica. Y toda la imagen que dieron de Colombia los reportajes, entrevistas, tribunas de opinión y hasta el propio editorial de El País, como no podría ser de otra manera, giró en torno a las oportunidades de negocio para las empresas españolas en el país andino.

Fuera del relato oficial, cualquier “molestia” a los intereses del capital: nada de mencionar los índices de pobreza y desigualdad, ningún dato sobre la violencia política y las amenazas a los dirigentes sindicales, nada de hacer referencia a las protestas y movilizaciones populares contrarias a la creación de la sociedad neoliberal del “post-conflicto”. Como escribía Erika González, “ya sea por el hecho de que el Grupo Prisa es una compañía con inversiones en Colombia, o bien porque los grupos empresariales presentes en la jornada financien la publicidad de esta transnacional de la comunicación, el mensaje a transmitir se resumía en una idea: lo que es bueno para las transnacionales españolas es bueno para la población colombiana” [11].

Como nos cuenta el Informe Mongolia sobre los principales medios de comunicación españoles, “estos no son solo intermediarios: son agentes clave en la crisis”. Y efectivamente, sus conexiones con la banca y las grandes corporaciones, su dependencia tanto de las empresas anunciantes como de las entidades financieras que han pasado a controlar sus consejos de administración, les ha llevado a que “cualquier conflicto de estas empresas en el mundo es un problema automáticamente asumido como propio por más agentes: por los bancos accionistas y por los medios propiedad de estos”[12]. Pero ése no es nuestro problema.

*Pedro Ramiro coordina el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Artículo publicado en el nº61 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo trimestre de 2014, monográfico sobre comunicación, poder y democracia.

NOTAS:

1. El documental Una mosca en una botella de Coca-Cola puede verse íntegramente online en http://omal.info/
2. Serrano Pascual (2010): Traficantes de información. La historia oculta de los medios de comunicación españoles,Akal, Madrid.
3. Reality News-Mongolia (2013): Papel mojado. La crisis de la prensa y el fracaso de los periódicos en España, Debate, Barcelona, p. 11.
4. Ibídem, p. 14.
5. “Argentina expropia a Repsol su filial YPF”, El País, 17 de abril de 2012.
6. “El leonino decreto de Evo”, editorial de El Mundo, 3 de mayo de 2006.
7. Ramiro, Pedro (2014): “Sacyr en Panamá o la historia de ‘nuestras empresas’”, en La Marea, 17 de enero.
8. González, Erika (2013): “Iberdrola en Bolivia: una actividad nada ejemplar”, en Diagonal, 31 de enero.
9. Ramiro, Pedro (2013): “¿A quién representa la marca España?”, en Pueblos, nº 57.
10. Reality News-Mongolia, op. cit. p. 15.
11. González, Erika (2014): “La Colombia del Grupo Prisa”, en el eldiario.es, 23 de enero.
12. Reality News-Mongolia, op. cit. pp. 13 y 18.

Fuente original: http://www.revistapueblos.org/?p=17515

Casi el 85 por ciento de los cubanos son propietarios de sus viviendas

Las familias cubanas son propietarias de casi el 85 por ciento de las viviendas existentes en el país y solo el seis por ciento están vinculadas o son medios básicos de organismos de la administración central del Estado.

El resto de ellas está considerado en régimen de arrendamiento y en cuartos, habitaciones, bohíos y otros tipos, según el más reciente informe hasta 2011 de especialistas del sistema de la vivienda en la nación, al que la AIN tuvo acceso.

De acuerdo con esa fuente, el fondo habitacional estuvo cercano a los cuatro millones de inmuebles, el 60 por ciento de los cuales fue construido después del triunfo de la Revolución en 1959.

En su inmensa mayoría son casas y los otros apartamentos, mientras la mayor cantidad corresponde a las tecnologías constructivas I y II, que son de paredes de paneles, bloques, ladrillos y cubiertas pesadas o semi pesadas.

Un hecho revelador del mejoramiento de la calidad de vida de la población es que el 75 por ciento del total está ubicado en zonas urbanizadas, con una ocupación promedio de 3,4 habitantes por cada una de ellas.

Sin embargo, el 63 por ciento de su estado técnico es calificado de bueno y el 37 de regular y malo, debido a su envejecimiento y por la falta de una adecuada política de mantenimiento estatal y poblacional.

No obstante, la situación en la última década experimentó un cambio, sobre todo en los Centros Históricos de las Ciudades, donde contribuyen los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo de la Agencia de Medio Ambiente.

Estos últimos influyen en la proyección de las edificaciones si se tienen en cuenta los daños ocasionados de 2001 a 2008 por el azote de 10 huracanes que provocaron pérdidas en un millón de hogares, cuya recuperación es objetivo esencial de trabajo del sector.

El Decreto Ley 288, de 28 de octubre de 2011, implementó la flexibilización en los trámites relacionados con su transmisión entre propietarios para permutas, donaciones y compraventas.

(Tomado de AIN)

Tomado de Cubadebate

Cuba denuncia trabas legales que en EEUU sufren las marcas del país: Declaración del MINREX

El Ministerio cubano de Relaciones Exteriores denunció hoy nuevas acciones de Estados Unidos dirigidas a marcas comerciales de la isla, en una posición que atenta contra la protección de la propiedad industrial.

En una declaración difundida en el diario Granma, la Cancillería mencionó la negativa de la Corte Suprema estadounidense para que la compañía Cubaexport tuviera la posibilidad de defender su derecho de renovar el registro de Havana Club ante la Oficina de Marcas y Patentes.

Ese paso enfrenta el rechazo de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, a otorgar a la entidad cubana la licencia que le hubiese permitido renovar la marca registrada en ese país desde 1976 hasta el 2006.

Dicha negativa fue hecha al amparo de la Sección 211 de la Ley Ómnibus, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos a fines de 1998, la cual prohíbe el reconocimiento y renovación de marcas asociadas a propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano.

Eso es resultado de las maniobras de la mafia anticubana de Miami y sus aliados dentro del Congreso, en retribución a las contribuciones financieras que reciben de la compañía Bacardí, “la real promotora de estas acciones contra Cubaexport, dirigidas a usurpar las marcas y mercados del ron genuina y legítimamente cubano”, expresa la nota.

La Cancillería recordó que desde 1995, Cubaexport, de conjunto con la compañía francesa Pernod Ricard, distribuidora del ron Havana Club, ha defendido su derecho a registrar la reconocida marca.

Esa intención encontró respaldo en la decisión del Panel de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que falló contra Estados Unidos y reclamó la eliminación de dicha Sección considerada ilegal.

Durante el proceso judicial que ahora ha llegado a su final, la OFAC argumentó que no emitiría la licencia que exige la Sección 211, porque el Departamento de Estado había ordenado no hacerlo debido a que ello no se correspondería con la política norteamericana de Estados Unidos hacia Cuba.

Esta acción constituye una grave violación de los compromisos de los Estados Unidos en materia de Propiedad Industrial, que lo obligan a proteger las marcas de las compañías e instituciones cubanas, prosiguió la declaración.

De esa forma, este litigio y otros procesos en curso contra patentes y marcas cubanas en las cortes norteamericanas han puesto en evidencia la complicidad del gobierno de los Estados Unidos en el despojo de los derechos de la isla.

Frente a esa posición, el Ministerio de Relaciones Exteriores demandó a Washington otorgar de inmediato la licencia que permita a la entidad cubana Cubaexport renovar la marca Havana Club.

La Cancillería recordó que Cuba ha respetado invariablemente, sin la menor discriminación, las obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos jurídicos internacionales referidos a la propiedad industrial.

Mediante esas normas, se ha garantizado que más de cinco mil marcas y patentes norteamericanas “se beneficien y continúen beneficiándose de su registro en el país”.

Por tal motivo, si el gobierno estadounidense no actúa, será el único responsable del robo de la marca Havana Club a su legítimo titular, la compañía Cubaexport, y de las consecuencias negativas que pudieran derivarse de este hecho, concluyó la declaración.

(Cubadebate, con información de Prensa Latina)
 

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores

El 14 de mayo del 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó a la compañía cubana Cubaexport la posibilidad de defender su derecho de renovar el registro de la prestigiosa marca Havana Club, ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO), obstaculizado por la negativa de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, a otorgar a la entidad comercializadora cubana la licencia que le hubiese permitido renovar la marca registrada en ese país desde 1976 hasta el 2006.

Dicha negativa fue hecha al amparo de la Sección 211 de la Ley Ómnibus, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos a fines de 1998, que prohíbe el reconocimiento y renovación de marcas asociadas a propiedades nacionalizadas por el Gobierno cubano, como resultado de las maniobras de la mafia anticubana de Miami y sus aliados dentro del Congreso, en retribución a las cuantiosas contribuciones financieras que reciben de la compañía Bacardí, la real promotora de estas acciones contra Cubaexport, dirigidas a usurpar las marcas y mercados del ron genuina y legítimamente cubano.

Desde 1995, Cubaexport, de conjunto con la compañía francesa Pernod Ricard, distribuidora del ron Havana Club, ha defendido su derecho a registrar la reconocida marca, lo que encontró respaldo en la decisión del Panel de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que falló contra los Estados Unidos y reclamó la eliminación de dicha Sección considerada ilegal.

El Gobierno de los Estados Unidos es completamente responsable de lo ocurrido. Durante el proceso judicial que ahora ha llegado a su injusto final, la OFAC argumentó que no emitiría la licencia que exige la espuria Sección 211, y que hubiera permitido la renovación de la marca Havana Club en ese país, porque el Departamento de Estado había ordenado no hacerlo debido a que ello no se correspondería con la política de los Estados Unidos hacia Cuba.

Esta acción constituye una grave violación de los compromisos de los Estados Unidos en materia de Propiedad Industrial, que lo obligan a proteger las marcas de las compañías e instituciones cubanas. Este litigio y otros procesos en curso contra patentes y marcas cubanas en las cortes norteamericanas, han puesto en evidencia la complicidad del gobierno de los Estados Unidos en el despojo de los derechos y marcas cubanas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores demanda al gobierno de los Estados Unidos otorgar de inmediato la licencia que permita a la entidad cubana Cubaexport renovar la marca Havana Club.

Cuba ha respetado invariablemente, sin la menor discriminación, las obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos jurídicos internacionales referidos a la Propiedad Industrial, lo cual ha garantizado que más de cinco mil marcas y patentes norteamericanas se beneficien y continúen beneficiándose de su registro en nuestro país.

Si el Gobierno de los EE.UU. no actúa, será el único responsable del robo de la marca Havana Club a su legítimo titular, la compañía Cubaexport, y de las consecuencias negativas que pudieran derivarse de este hecho para la protección recíproca de la Propiedad Industrial.

La Habana, 16 de mayo del 2012

Tomado de Granma

Histeria y terrorismo en Venezuela; la guerra no terminó en Libia

  Los pre-majunches se siguen pronunciando a cuentagotas en torno al tema medular de la propiedad privada. La oposición venezolana ha sembrado la matriz de que nuestro gobierno no respeta la propiedad privada, pero cuando ellos defienden tal propiedad, se refieren a la propiedad de unos pocos, de los oligarcas, en detrimento al derecho de propiedad de la mayoría. |NÉSTOR FRANCIA.*

En la Venezuela en transición socialista la propiedad individual y colectiva se ha incrementado notablemente por varias vías: nacionalizaciones, estatizaciones, aumento de los negocios familiares, de las cooperativas, de las empresas populares, de la pequeña y mediana industria. Pero el precandidato Pablo Pérez, socialdemócrata y por lo tanto neoliberal, afirma que “los controles impuestos por el gobierno son nefastos” y garantizó el “respeto a la propiedad privada”:
“Vamos a hacer valer el derecho a la propiedad privada”. Sintonizando con la absurda propuesta de la pre-majunche María Corina Machado (“capitalismo popular”), Pérez rescata el viejo cuento del capitalismo con rostro humano”, al considerar que “el gobierno debe tener un rostro humano, pero debe existir a la empresa privada con reglas claras” y que “debe dar estímulos fiscales a las empresas para generar empleo”.

Lo que propone Pérez es la reversión de las políticas de democratización del capital adelantadas por el Gobierno revolucionario y volver a los tiempos donde las políticas económicas se decidían en comandita con Fedecámaras.


Terrorismo en la universidad

Entretanto, las acciones terroristas se han seguido desarrollando en la UCV. El secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, informó que poco después de las nueve de la noche un grupo armado se acercó al Aula Magna de esa casa de estudios lanzando bombas lacrimógenas y tratando de amedrentar a los presentes con disparos. Denunció que la comisión electoral se encuentra “secuestrada” por pistoleros y motorizados en el Aula Magna.

La derecha es altamente sospechosa por estas acciones. Por una parte, es posible que entre otros objetivos se esté tratando de disimular la muy pobre participación en las elecciones estudiantiles, donde la abstención podría estar rondando el 70%. Pero puede haber otras razones. El dirigente estudiantil revolucionario de la UCV, Kevin Ávila, aseguró al programa Con todos los hierros de Radio Nacional de Venezuela que diferencias entre planchas opositoras provocaron los hechos de violencia luego de las elecciones estudiantiles.

Avila señaló que con esas acciones se pretende “satanizar el movimiento estudiantil revolucionario dentro de la UCV que hacemos voz de protesta, pero además les permite victimizarse. Nos parece sospechoso”. Una cosa importante que recordó Kevin Ávila es que la seguridad dentro de la UCV es una responsabilidad de las autoridades universitarias y no del gobierno, como se quiere hacer ver.

Como se sabe, los cuerpos de seguridad del Estado tienen vedado el ingreso a las instalaciones de la universidad en respeto a la autonomía universitaria. Ávila afirmó que “Exigimos a las autoridades que hagan la investigación, que ellos como autoridades deben garantizar la seguridad en actos como éste. Rechazamos estos hechos de violencia. Seguiremos en pie de lucha”. 

Nosotros por nuestra parte queremos añadir otros posibles objetivos de los actos terroristas en la UCV. Como hemos dicho, se puede tratar también de globos de ensayo de cara a los planes desestabilizadores que se incrementarán en 2012. Igualmente es posible que se esté tratando de levantar la alicaída cabeza del “movimiento estudiantil” fascista, que una vez demuestra su muy escasa capacidad de convocatoria.

La derecha sueña con revitalizar a los estudiantes de la derecha, que hicieron cierto ruido momentáneo el año 2007, a raíz del cese de la concesión de RCTV.

En todo caso, el presidente Chávez ha alertado de nuevo sobre la existencia de esos planes desestabilizadores, al afirmar que la derecha venezolana desconocerá los resultados del 7 de octubre y por esa vía tratarán de desestabilizar: “Deberían pensarlo muy bien, yo sé que ellos andan tratando, en el escenario de nuestra victoria, de desconocerla y buscar apoyo en el imperio yanqui e instituciones de la comunidad internacional”.

La derecha tiene buenas razones para entrar en la zona de la desesperación. La última encuesta de IVAD, presentada ayer en su programa dominical por José Vicente Rangel, es reveladora. No somos fanáticos de las encuestadoras, pero es bueno recordar la muy buena reputación que tiene IVAD por su historial de aciertos. IVAD fue la única encuestadora que se acercó milimétricamente a los reales resultados del referéndum de 2009, cuando pronosticó la victoria chavista con apenas centésimas de diferencia. Entonces, la encuestadora se adelantó a fines de enero con el siguiente pronóstico: el Sí (chavista): 54 %; el no (opositor): 45.9%. Resultado oficial del CNE: el SI: 54,8 &; el NO: 45,1%. Un acierto sorprendente.

Ahora, en su más reciente encuesta, presentada por José Vicente Rangel en su programa de ayer, IVAD reveló que la gestión del presidente Chávez es vista como positiva por el 71.5% de la población; mientras que un 25.5% la considera como negativa y un 3% no respondió. El instrumento también sondeó las preferencias de voto si las elecciones fueran hoy, obteniendo el siguiente resultado:

• Escenario uno: Hugo Chávez 55.5%, Capriles Radonski 31.8%.
• Escenario dos: Hugo Chávez 56.9%, Pablo Pérez 29.8%.
• Escenario tres: Hugo Chávez 56.9% y Leopoldo López 28.8%.

Asimismo, la encuesta arrojó que 59% de la población confía en el presidente Hugo Chávez, mientras que 38.8% no confía en el mandatario nacional. Aunado a esto un 57% estaría en acuerdo con la reelección del mandatario, mientras que 36.9% no. Las preocupaciones de la derecha tienen fundamento.

Tomado de Sur y Sur