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Fuego en San Lorenzo (Ciudad Cárcel, Chihuahua, 2012)

lunes, 16 de enero de 2012



Dedicado a la gente de todo México solidaria con la Tarahumara. Gracias.


Corre la noticia de la hambruna en la sierra, de los suicidios colectivos de los tarahumaras…la policía detiene en las calles y extorsiona o remite a la cárcel por no portar identificación…continúa la limpieza social con miles de asesinatos y desapariciones de hombres y mujeres, continúa alta la delincuencia…miles de negocios cerrados…multiplicación del ambulantaje…una ciudad sometida por el imperio de la anomia provocada y descontrolada de los tres niveles de gobierno.

La derechización de la vida social en su versión conocida más terrible, el fascismo, sigue siendo un modelo de aplicación gubernamental instrumentado actualmente en Ciudad Cárcel (CC): aquí todos somos delincuentes hasta no demostrar lo contrario, claro, a menos que seas influyente; el clasismo se hace evidente. Quienes transitan a pie o en transporte colectivo son vulnerables a las razzias policiacas. Las y los automovilistas por su parte se las ven con los retenes antiebrios y policiacos sorpresivos, sobre todo en fin de semana y por la noche.

Dato curioso: las extorsiones, los secuestros y los asesinatos se reducen con la salida de las fuerzas federales por motivo del reforzamiento de la seguridad en los juegos panamericanos de Guadalajara el otoño del 2011; aún así los tiroteos y asesinatos continúan casi diariamente en CC, además muchos negocios todavía pagan cuota (son extorsionados) e incluso tienen prohibido cerrar.

La Navidad pasó sin contratiempos, testiga muda de la soledad de CC, encerrada en sí misma y con sus calles desiertas, donde rondan los fantasmas de miles de asesinados(as) sin justicia. ¿Y quién iba a decirlo? La aburridísima vida nocturna de El Paso, Texas pasó a tomar mejor sabor, sabor a chile y salsa picante de otros muchos miles de escapados(as) de la ciudad, llevándose también consigo la antigua nocturnidad juarense.

Acostumbrados a vivir como si hubiera gobernantes, aunque sí los hay y son peligrosos, la gente se las arregla para vivir o sobrevivir en estas condiciones: la economía no termina de caer por que todos los días surgen personas emprendedoras a ganarse la vida; no les queda de otra, no tienen trabajo y no hay mucho empleo, son su propia empresa. En las clases medias permea el aislacionismo de la privatización de las calles, con y sin permiso (lo cual es legítimo, como el ambulantaje, si el Estado no  garantiza la seguridad ni el alimento) tiene la gracia de una individualización de la vida social donde se sigue conviviendo y haciendo fiestas, pero en lugares cercados y entre conocidos, así se vivan tragedias familiares, vecinales o a pesar de ellas. La tragedia social y económica de la “guerra” contra el narco vino a conflictuar más la circunstancia familiar (esa institución que defiende tanto la derecha como un valor universal) pero no ha terminado por matar la alegría; hay necesidad de ella.

Es increíble la constancia de las iniciativas de muchísimas personas por seguir adelante con un proyecto de vida en la ciudad. Este desierto mimado y cohabitado por gente de todas partes se niega a morir. La esperanza, el amor o el instinto de supervivencia o hasta la misma inocencia e ignorancia de la enajenación política y económica, favorecen la necesidad de hacer, participar o reinventar la ciudad creativa y artísticamente para darle otro sentido al panorama de violencia constante; no se puede eliminar o disminuir la violencia con más violencia, sino con educación para la paz, con formas de salud alternativa o la capacitación en derechos humanos, como ofrecen muchas ong´s (incluso de derecha o sin ideología) movimientos sociales e iniciativas particulares no lucrativas, sin los cuales CC estaría peor.

El 2012 es año electoral, de la elección grande, la de presidente de la república, puesto que en estos momentos equivale al premio nobel de la paz: se le puede dar hasta a un Barak Obama (pierden credibilidad). En realidad se vive siempre en campañas electorales, se saturan tanto los medios de divulgación en periodos tan largos, prácticamente permanentes, que ya no se ven, no se oyen, la gente no les abre las puertas de su casa, con esta inseguridad ¡cómo arriesgarse! La inmensa sociedad anónima que no se manifiesta, no vota, no se queja, se ignora, ahora también actúa desde su indiferencia.    

La sociedad civil organizada sigue vigente y contrarresta el poder sobre representativo de la clase empresarial, que a través de sus cámaras se autoproclaman voceros de todos mientras los partidos, obviamente, se representan a ellos mismos. A pesar de la represión y los asesinatos, sigue existiendo una pacífica protesta social (inexistente de vivir en democracia) la violencia proviene de las esferas de poder político-empresarial.

Fuego en San Lorenzo. El fuego surgió de repente, del asfalto (ver: http://arrobajuarez.com/notas.php?IDNOTA=24607&IDSECCION=Portada&IDREPORTERO=De%20la%20Redacci%F3n ) una fuga del deteriorado sistema de gas natural, justo detrás y a un costado de la iglesia de S. Lorenzo. Afortunadamente no terminó en tragedia. Así de empobrecida y abandonada está la ciudad. Ciudad Cárcel no existe y la sociedad miente, no es de confianza. Sólo el gobierno es vocero oficial de la realidad, pero la realidad no tiene verdad oficial.


Ciudad Cárcel sí existe.

NUEVA LEY: LA JUSTICIA ES PARA LOS RICOS

viernes, 2 de diciembre de 2011
El pasado 1 de noviembre entró en vigor, sin apenas ruido, la Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal. El objetivo teórico de esta nueva ley es aliviar la sobrecarga que sufre de manera crónica la administración de justicia (y eso que jamás se ha juzgado ni se juzgará de verdad a los mayores delincuentes del Estado). Sin embargo, como cualquier avispado lector ya se está imaginando, la verdadera finalidad de la ley es favorecer al Estado y a los grandes capitalistas frente al resto de los mortales.


Ahora iremos viendo el porqué de esta afirmación.

Las reformas aprobadas afectan a los procesos civiles y a los de carácter contencioso-administrativo, es decir, pleitos contra Administraciones públicas.

Por lo que respecta a los procesos civiles:

- La más destacada de las modificaciones es la nueva regulación del desahucio del arrendatario por impago de renta o cantidades asimiladas a la misma (luz, agua, impuesto sobre bienes inmuebles,...) De ahora en adelante, cuando un propietario presente una demanda por impago, el secretario judicial dará 10 días al inquilino para que pague, se largue o presente alegaciones (con lo que supone para alguien que no puede pagar el alquiler tener que recurrir a abogados y procuradores). Al cabo de este plazo si no se ha hecho nada, el mismo secretario judicial señalará fecha de desahucio sin necesidad de ningún juicio.
Es necesario destacar, que hasta ahora no se protegía tanto a los propietarios de vivienda en alquiler ya que solían ser personas sin importancia, es curioso que se haga justo en el momento en que las entidades financieras se convierten en los principales acumuladores de viviendas. Como vemos, otra ley más al servicio del capital.

- No menos importante es la limitación del acceso al sistema de recursos para las personas con un nivel de renta insignificante para el sistema. Esta limitación afecta tanto a lo civil como a lo contencioso-administrativo. La reforma dice que para poder interponer recursos de casación ante el Tribunal Supremo la cuantía que está en juego en dicho proceso deberá ser superior a los 600 mil euros (antes el mínimo era de 150 mil) El Estado asegura que este tipo de recursos queden sólo a disposición de los ciudadanos que manejan “negocios” de estas cantidades, es decir, los ciudadanos de primera clase. Así los señores del Supremo ven reducido su trabajo al eliminar todos los asuntos de poca monta pertenecientes a los ciudadanos de segunda.

Procesos en lo contencioso-administrativo:

- De la misma forma, se limita la posibilidad de interponer recurso de apelación ordinaria (segunda instancia) para los asuntos de menos de 30 mil euros (antes eran 18 mil).

- Se instaura la regla general de imposición de costas al litigante que ve desestimada su causa, es decir, a partir de ahora (como ya sucedía en los procesos civiles) el que pierde paga. Lo que pasa que aquí una de las partes (la Administración pública) tiene innumerables recursos: abogados, procuradores, peritos, expertos... (que pagamos todos) y la otra normalmente no los tiene. Así si pierde la Administración sólo paga al abogado y procurador del contrincante (con el dinero de todos claro está) pero si pierde el ciudadano el dispendio probablemente le arruine de por vida. De esta forma, el Estado afianza su fortaleza ante los ciudadanos pobres y los somete todavía más esgrimiendo una vez más una de sus armas más poderosas: el miedo.

Además de esta ley, en los últimos tiempos se han aprobado otras dos medidas que inciden nuevamente en favorecer al capital frente a los trabajadores:

- Modificación de la Ley Concursal que pretende “ofrecer a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de refinanciación” en el proceso de cierre concursal. Esto es justo todo lo contrario que le ofrecen a todos aquellos que se ven obligados a abandonar su hogar.
- Ley de Jurisdicción Social que posibilita “un tratamiento uniforme del accidente de trabajo” pero que sobre todo se dirige a fomentar la conciliación extrajudicial, es decir, acuerdo directo trabajador-empresa (como si tuvieran el mismo poder negociador).


Finalmente, pero no menos importante, tenemos el asunto del turno de oficio. Sistemáticamente, todas las Comunidades Autónomas han dejado de pagar a los abogados del turno de oficio. Como sabemos, estos son los abogados a los que se recurre cuando no se tienen ingentes cantidades de dinero. A modo de ejemplo: en la Comunidad de Madrid se adeudan más de 20 millones de euros y en la Comunidad Valenciana más de 10 millones. Es precisamente esta última Comunidad la que ha dado en el clavo sobre el futuro que se quiere para el turno de oficio (ya que, de momento, no se plantea su erradicación total, aunque tiempo al tiempo): ha pedido que se permitan fórmulas alternativas a la gestión de la justicia gratuita. Esta alternativa no es más que subcontratar el servicio con despachos privados.

Con todas estas medidas, leyes e ideas podemos afirmar que la administración de justicia queda prohibida de manera definitiva para la clase trabajadora y se reserva sólo para servir a los intereses del Estado y del Capital. Históricamente esto ha sido siempre así, la diferencia es que a partir de ahora lo es por ley y no sólo por costumbre.

Fuente: Quebrantando el Silencio
Con la tecnología de Blogger.
 

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