¿Por qué Venezuela se retira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

Por Salim Lamrani*

 
El 28 de julio de 2012, el presidente Hugo Chávez hizo partícipe de su decisión de retirarse de la Comisión Interamericana de los derechos humanos, tras el fallo que condena a Venezuela por malos tratos a un detenido sancionado por terrorismo y que se fugó a Estados Unidos. Caracas denuncia un veredicto político.

El 24 de julio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su decisión de condenar al Estado venezolano de ser “internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña”. La instancia juzgó que “su detención habría sido ilegal y arbitraria y habría estado sometido a un régimen de detención preventiva que habría sobrepasado los límites establecidos en la ley penal, invocando una presunción de peligro de fuga”. La CIDH también condenó al Estado venezolana a indemnizar a Díaz Peña con 15.000 dólares.[1]

 ¿Quién es Raúl José Díaz Peña?

 Raúl José Díaz Peña es un prófugo venezolano de la justicia severamente sancionado por los tribunales por terrorismo y refugiado en Estados Unidos. En 2003, Venezuela vivía una situación de polarización política extrema tras el golpe de Estado abortado contra el presidente democráticamente elegido Hugo Chávez y el sabotaje petrolero que costó a la economía venezolana la suma de 10.000 millones de dólares. Ambos fueron organizados por la oposición con el apoyo explícito de Estados Unidos que había reconocido a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga, entonces presidente de Fedecámaras –organización que agrupa los intereses económicos del país– y actualmente refugiado en Colombia.

 El 25 de febrero de 2003, una facción radical de la oposición compuesta de Felipe Rodríguez, José Colina Pulido, Germán Varela López, Silvio Mérida y Raúl José Díaz Peña, decidida a derrocar a Hugo Chávez, colocó varias bombas en el Consulado General de la República de Colombia y en la Embajada de España. El objetivo era acusar de los atentados terroristas a los partidarios del presidente venezolano, los cuales habrían actuado en represalia por la decisión de Bogotá y de Madrid de reconocer a la efímera junta golpista de abril de 2002.[2]

 No obstante el plan fracasó, pues las autoridades del país arrestaron a Díaz Peña y sus cómplices ese mismo día. Tras su juicio, el 29 de abril de 2008, la justicia venezolana lo condenó en primera instancia a 9 años y 4 meses de cárcel por terrorismo. En mayo de 2012, un juez decidió conceder un régimen de semi-libertad a Díaz Peña y le permitió pasar los fines de semana con su familia y ejercer una actividad profesional. En septiembre de 2010, Díaz Peña huyó y se refugió en Estados Unidos.[3]

 ¿La CIDH, una jurisdicción independiente?

 Órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos, entidad bajo fuerte influencia de Estados Unidos -a tal punto que los países de América Latina y el Caribe decidieron crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en diciembre de 2011, con el fin de emanciparse de la sombra tutelar de Washington y de su fiel aliado canadiense-, la CIDH es sospechosa de parcialidad hacia los gobiernos de izquierda en América Latina.


 Así, contra todo pronóstico, a partir de 2005 la CIDH aceptó estudiar el caso de Díaz Peña a petición de la Venezuela Awareness Foundation, una organización de la oposición a Hugo Chávez. Ahora bien, para poder analizar un asunto, los estatutos de la entidad interamericana estipulan que se deben agotar primero todos los recursos jurídicos del país de origen, lo que no es el caso para Díaz Peña. Es la primera vez en la historia de la justicia interamericana que la CIDH acepta estudiar el caso de un individuo condenado por terrorismo en su propio país, prófugo de justicia y cuyo juicio sigue abierto, en violación de su propia Convención. Hasta hoy, la CIDH no ha dado explicaciones al respecto.[4]

 Nicolás Maduro, canciller venezolano, expresó su consternación y anunció que su país se retiraría de la organización. “Es lamentable haber tenido que dar este paso, pero Venezuela se ha visto obligada, dadas las decisiones aberrantes y abusivas que se han tomado contra nuestro país durante 10 años. Ningún país de Europa ni Estados Unidos aceptarían que la CIDH protegiera a un terrorista”, declaró[5] La diplomacia venezolana acusa a la entidad de “complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas” y exigió “que apliquen los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos”.[6]

 En efecto, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la CIDH multiplicó las decisiones e informes desfavorables a Venezuela, en proporciones ampliamente superiores al resto de América Latina. Así, desde su creación en 1959 y hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la CIDH sólo emitió cinco decisiones condenando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. En cambio, entre 2000 y 2012, la CIDH condenó a Caracas 36 veces. Así, en el espacio de 12 años, la CIDH condenó a Venezuela 7 veces más que durante los 40 años anteriores, marcados por exacciones de todo tipo y particularmente el Caracazo del 27 y 28 de febrero de 1989, sublevación popular contra la vida cara, que el ejército y la policía reprimieron en sangre, dejando un saldo de 3.000 civiles asesinados[7].

 Por otra parte, durante el golpe de Estado de 2002, la CIDH, como Estados Unidos, reconoció abiertamente a la dictadura de Pedro Carmona en una carta que Santiago Antón, entonces secretario de la CIDH, dirigió a ése[8]. Maduro no dejó de recordar este episodio que arroja una sombra sobre la credibilidad y la fama de la entidad interamericana: “La Comisión reconoció a los golpistas y negó el apoyo al presidente Hugo Chávez”.[9]

 El presidente Chávez confirmó que su país se retiraría de la CIDH.[10] “Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo”, subrayó.[11] La CIDH “ni siquiera nos llam[ó] para consultarnos. Aquí hubo un juicio, una condena, hay testigos de que ese terrorista le puso bombas a la embajada de España y de Colombia, eso se comprobó”, agregó.[12]

 La reacción de Estados Unidos

 Por su parte, Washington fustigó la decisión de Caracas. Victoria Nuland, portavoz del Departamento de Estado declaró que “Venezuela estaría enviando un mensaje profundamente lamentable acerca de sus compromisos con los derechos humanos y la democracia” al resto del continente, si se retirara de la jurisdicción de la CIDH. Nuland alabó la entidad interamericana y expresó su respeto por ella.[13]

 No obstante, la posición de Estados Unidos no está exenta de contradicciones. En efecto, contrariamente a todos los países de América Latina, Estados Unidos, así como Canadá, siempre se ha negado a someterse a la jurisdicción de la CIDH y no reconoce su autoridad pues estima que viola su soberanía nacional.

 La reciente decisión de la CIDH relativa a Venezuela suscita varias interrogantes. ¿Por qué la CIDH aceptó estudiar el caso Ruiz Peña antes que se agotaran todos los recursos en Venezuela, violando así su propia Convención?

¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los magistrados a emitir una decisión favorable a un individuo que los tribunales venezolanos condenaron severamente por terrorismo y que es prófugo de justicia refugiado en Estados Unidos? ¿Acaso son políticas o jurídicas? ¿Acaso habría estudiado el caso si Ruiz Peña fuera colombiano, mexicano o chileno? ¿Cuál fue el papel de la CIDH en el golpe de Estado contra Hugo Chávez y la democracia venezolana en abril de 2012?

 En una palabra, ¿es la CIDH imparcial con respecto a Venezuela?

Salim Lamrani**Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos y profesor encargado de cursos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée.  Periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Contacto: lamranisalim@yahoo.fr
Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

 
NOTAS:

 [1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, «Caso Díaz Peña vs. Venezuela», 26 de junio de 2012. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_244_esp.pdf (sitio consultado el 31 de julio de 2012).
[2] Agencia Venezolana de Noticias, «Venezuela rechaza el fallo de CIDH a favor del terrorista Díaz Peña», 24 de julio de 2012.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Agence France-Presse, «Venezuela denunciará a la CIDH ‘en las próximas horas’», 26 de julio de 2012.
[6] Ministerio del Poder Popular para Exteriores, «Comunicado», República Bolivariana de Venezuela, 24 de julio de 2012. http://www.mre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=22219:comunicado-oficial-mercosur&catid=3:comunicados&Itemid=108 (sitio consultado el 31 de julio de 2012).
[7] Telesur, «Venezuela afirma tener suficientes pruebas de la doble moral de la CIDH», 2 de mayo de 2012. http://www.telesurtv.net/articulos/2012/05/02/el-canciller-venezolano-nicolas-maduro-dijo-que-cidh-responde-a-intereses-de-eeuu (sitio consultado el 31 de julio de 2012).
[8] Ibid.
[9] Agence France-Presse, «Venezuela denunciará a la CIDH ‘en las próximas horas’», op.cit.
[10] Agence France-Presse, «Chávez dice que ya dio ‘las instrucciones’ para que Venezuela salga de CIDH», 28 de julio de 2012.
[11] EFE, «Insulza confía en que Venezuela no dejo la Corte IDH», 27 de julio de 2012.
[12] Alejandro Montiel, «Doble rasero de CIDH evidenciado con fallo que favorece a terrorista que atentó contra embajadas en Caracas», Prensa Presidencial, República Bolivariana de Venezuela, 26 de julio de 2012.
[13] Agence France-Presse, «EEUU estima que si Venezuela abandona Corte IDH enviará mensaje ‘lamentable’», 25 de julio de 2012.

Publicado originalmente en portugués en Opera Mundi. Texto en español, cortesía del autor.

Imagen agregada RCBáez

Todo lo que usted quería saber de la CIDH, y no se atrevía a preguntar...

Por Luis Britto García

La derecha internacional anda revuelta. La decisión soberana de Venezuela de iniciar el camino de su retirada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha activado una campaña más contra el gobier hasta la saciedad en los medios anti Chávez. Llama la atención que el portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, se apresuró a calificar la decisión de Venezuela como  “muy lamentable”, cuando ni los Estados Unidos ni Canadá reconocen en la CIDH autoridad para juzgar sus propias violaciones a los derechos humanos.

Como recuerda Luis Britto García en este artículo, sin embargo, Estados Unidos figura entre los principales financistas de la CIDH. El viejo adagio de que “el que paga manda” parece cumplirse al dedillo en la actitud de la Corte respecto a Venezuela. Estas son las preguntas y respuestas para poner el tema en contexto, e ir más allá de lo que, a primera vista, dicen las manipulaciones en torno al tema.

-¿Qué son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Organismos que dependen de la Organización de Estados Americanos, ente con sede en Washington dedicado fundamentalmente a validar las políticas de Estados Unidos, el cual paga la más de la mitad de su presupuesto.

¿La Comisión y la Corte Interamericana de la OEA defienden los Derechos Humanos?

-Sólo si los viola un Estado. Si los violan un empresario, un terrateniente, un banquero o una transnacional, se cruzan de brazos. Tampoco se ocupan del derecho al trabajo, a la tierra, al agua, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la cultura a la información veraz: a todo lo que hace la vida digna y posible.

¿La Comisión Interamericana es imparcial?

-Ni remotamente. Durante las décadas horribles de la Cuarta República (en Venezuela), cuando había masacres, campos de concentración, torturas, miles de desaparecidos y suspensiones de garantías que duraban años, la Comisión procesó sólo seis denuncias, una de ellas interpuesta por el terrorista Orlando Bosch y otra por el terrorista Posada Carriles. Durante la década del gobierno bolivariano, cuando todas esas prácticas desaparecieron, la Comisión procesa 66 denuncias contra Venezuela.

¿La Comisión y la Corte son eficaces?

-Sólo para defender los derechos del capital. Nunca se pronunció contra la dictadura de los Somoza, pero sí condenó a la Revolución Sandinista. Cuando el presidente Chávez fue secuestrado por golpistas fascistas, la Comisión no movió un dedo para expedir una medida cautelar a su favor, a pesar de que se lo exigió la organización colombiana Minga. Nada hizo cuando el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado. Cuando el presidente Rafael Correa fue secuestrado y balaceado por golpistas fascistas, tampoco movió un dedo. Cuando Correa ganó legítimamente una demanda contra monopolios comunicacionales que lo calumniaron, allí sí salió la Comisión a pedir que los perdonara.

¿La Comisión Interamericana acoge denuncias válidas?

-En su Informe de 2011 para el Examen Periódico Universal, la CIDH nos acusa en 233 párrafos. En 205 trata casos en los cuales no se han agotado los recursos internos, que su propio Estatuto le prohíbe conocer. En 225 no precisa hechos tales como nombres, fechas, lugares ni otros datos, que su Estatuto exige para admitir denuncias. En 182 casos, juzga sobre suposiciones de hechos futuros e inciertos, que “podrían” acontecer. En la casi totalidad, se funda en rumores o recortes de prensa, que ningún tribunal digno de tal nombre acoge como prueba. Incluso objeta proyectos de leyes, cuya sanción depende de la Asamblea Nacional, y no de una oficina en Washington.

¿La Comisión está prejuiciada contra Venezuela?

-En el citado Informe nos colocan junto a Colombia, Honduras y Haití, como países que presentarían “situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales”. Asimilarnos a países ocupados por Estados Unidos o a gobiernos surgidos de golpes o en guerra civil es una torpe injuria.

¿Quién paga a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana?

La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana dependen de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la cual Estados Unidos aporta anualmente unos $44,2 millones, más de la mitad del presupuesto de aquella. El National Endowment for Democracy (NED) sufraga con cantidades todavía no precisadas pero que deben ser sustanciales una miríada de ONGs que fraguan incontables acusaciones contra Venezuela. Esos jugosos estipendios podrían verse reducidos a iniciativa del congresista Connie Mack, de Florida, para quien “La OEA es una organización en América Latina que ha fracasado” (AFP, 3-5-2012). Por la plata baila el perro, y por el dólar acosa a Venezuela la Comisión Interamericana.

¿Podemos evitar que Venezuela sea juzgada por organismos que no reconocen su soberanía?

-Nada más fácil. El artículo 236 de la Constitución establece que “Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República [...] 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales”. Así como puede celebrarlos, puede denunciarlos. El artículo 187 de dicha norma pauta que “Corresponde a la Asamblea Nacional: [...] 18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución”. Así como aprueba su celebración, puede aprobar su denuncia.

¿Sólo Venezuela formula críticas contra los procedimientos ilegales de la Comisión y la Corte Interamericana?

En el Informe del “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana”, de 13 de diciembre de 2011, los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú recomiendan a dicha Comisión: “a) Reflexionar sobre la eficacia del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH en la promoción de los derechos humanos en el hemisferio. b) Revisar los criterios, metodología y procedimiento para la elaboración del Capítulo IV, incluyendo el uso de fuentes públicas y privadas. c) Ampliar el espectro del Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH para que se analice de manera objetiva e integral la situación de los derechos humanos en todos los Estados de la región, independientemente de que sean estados parte o no de los instrumentos interamericanos de derechos humanos. d) Considerar en la elaboración del Capítulo IV no solo derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales”. No es desdeñable que tantos y tan importantes países ordenen a un organismo que reconsidere su eficacia, sus criterios, metodologías, alcances y estrechez de miras. Son países que comprenden cerca de la mitad del territorio y de la población de América Latina y el Caribe.

-¿Si nos salimos de la Comisión y de la Corte quedaremos aislados?

-Ni Estados Unidos ni Canadá se han sometido jamás a la Comisión ni a la Corte Interamericana. Mejor aislarlos a ellos.

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