El imperio y la legitimación de la tortura

Por Atilio Boron

 

La publicación del Informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos dado a conocer días pasados describe con minuciosidad las diferentes “técnicas de interrogación” utilizadas por la CIA para extraer información relevante en la lucha contra el terrorismo. Lo que se hizo público es apenas un resumen, de unas 500 páginas, de un estudio que contiene unas 6.700 y cuya primera y rápida lectura produce una sensación de horror, indignación y repugnancia como pocas veces experimentó quien escribe estas líneas.[1] Los adjetivos para calificar ese lúgubre inventario de horrores y atrocidades no alcanzan a transmitir la patológica inhumanidad de lo que allí se cuenta, sólo comparables a las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la Argentina por la dictadura cívico-militar, o las que en el marco del Plan Cóndor se consumaron en contra de miles de latinoamericanos en los años de plomo.

 

El Informe es susceptible de múltiples lecturas, que seguramente animarán un significativo debate. Para comenzar digamos que su sola publicación produce un daño irreparable a la pretensión estadounidense de erigirse como campeón de los derechos humanos, siendo que una agencia del gobierno, con línea directa a la Presidencia, perpetró estas atrocidades a lo largo de varios años con el aval –caso de George W. Bush- o la displicente indiferencia de su sucesor en la Casa Blanca.

 

Obviamente, si ya antes Estados Unidos carecía de autoridad moral para juzgar a terceros países por presuntas violaciones a los derechos humanos, después de la publicación de este Informe lo que debería hacer Barack Obama es pedir perdón a la comunidad internacional (cosa que desde luego no hará, o no lo dejarán hacer, como lo demostró el escándalo de los espionajes), interrumpir definitivamente la publicación de los informes anuales sobre la situación de los derechos humanos y del combate al terrorismo en donde se califica el comportamiento de todos los países del mundo (excepto Estados Unidos, juez infalible que no puede ser enjuiciado) y asegurarse que prácticas tipificadas como torturas por el Informe senatorial no sólo no volverán a ser utilizadas por la CIA o las fuerzas regulares del Pentágono sino tampoco por el número creciente de mercenarios enrolados para defender los intereses del imperio, lo que tampoco tiene demasiadas probabilidades de ocurrir.

 

Precisamente, la idea de nutrir cada vez más a las fuerzas del Pentágono con mercenarios reclutados por sus aliados en el Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, etcétera) o por compañías especializadas, como Academi (la tenebrosa ex Blackwater) es liberar al gobierno de los Estados Unidos de cualquier responsabilidad por violaciones a los derechos humanos que pudieran cometer estos “contratistas”, como eufemísticamente se los denomina. Al “tercerizar” de este modo sus operaciones militares en el exterior la aplicación de torturas en contra de presuntos, o verdaderos, terroristas se realiza al margen de las estipulaciones de la Convención de Ginebra que establece que los prisioneros de guerra deben tener garantías jurídicas de defensa y ser tratados de modo humanitario. Los mercenarios o “contratistas”, por el contrario, son bandas contratadas por Washington para operaciones especiales, actuando al margen de toda ley. No tienen prisioneros sino “detenidos”, a los cuales pueden mantener bajo su custodia todo el tiempo que consideren necesario, negándoseles el derecho a la defensa y quedando a merced de los maltratos o las torturas que sus captores decidan aplicarles, gozando para ello de total impunidad.

 

En segundo lugar, el Informe obvia considerar que la tortura fue legalizada por el Presidente George W. Bush. Tal como lo hemos señalado en un estudio publicado en 2009 la tortura como una práctica habitual venía siendo utilizada desde mucho tiempo atrás por la CIA y otras agencias del gobierno federal. En dicho texto decíamos que “a partir de los atentados del 11 de Septiembre y la nueva doctrina estratégica establecida por el presidente George W. Bush al año siguiente (“guerra contra el terrorismo”, “guerra infinita”, etcétera)  las torturas a prisioneros, sean éstos supuestos combatientes enemigos o simple sospechosos, se tornaron  prácticas habituales en los interrogatorios, así como también los tratos inhumanos o degradantes infligidos a las personas bajo custodia de las tropas estadounidenses. A fin de evitar las consecuencias legales que se desprenden de esta situación Washington adoptó como una de sus políticas el traslado de sus prisioneros a cárceles situadas en países donde la tortura es legal o en los cuales las autoridades no tienen interés alguno en impedirla, sobre todo si se trata de favorecer los planes estadounidenses; o enviarlos a Afganistán, Irak o la propia base norteamericana de Guantánamo, donde se puede interrogar brutalmente a cualquier prisionero sin ningún tipo de monitoreo judicial y sin la presencia de molestos observadores como, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional.”[2]

 

Para estupor de propios y ajenos, aún después de haberse dado a conocer el Informe del Senado el vocero de la Casa Blanca apeló a ridículos eufemismos cuando transmitió el repudio del presidente Obama por sus revelaciones: condenó los “duros y atroces interrogatorios” practicados por la CIA, obviando utilizar el término correcto para definir lo que según la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes es simple y llanamente eso: tortura.  En su artículo primero la Convención establece que  “Se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión; de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido; o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimiento que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas.” [3]

 

De acuerdo a esta definición es imposible sostener que prácticas tales como la “rehidratación rectal”, la “hipotermia”, la “alimentación rectal”, colgar a una víctima de una barra, amenazar con violar a su esposa o hijas, la prohibición de dormir o el “submarino” (“waterboarding”, como se la llama en inglés) aplicadas cruelmente por horas y días para interrogar sospechosos de terrorismo no constituyen flagrantes casos de tortura.[4]

 

No obstante ello, en Marzo de 2008 el presidente Bush vetó una ley del Congreso que prohibía la aplicación del “submarino” a presuntos terroristas, dando cumplimiento a un anuncio previo en el cual advertía que vetaría cualquier pieza legislativa que impusiera limitaciones al uso de la tortura como método válido y legal de interrogación. En respuesta a sus críticos la Casa Blanca dijo que sería absurdo obligar a la CIA a respetar los preceptos establecidos por la legislación internacional porque sus agentes no se enfrentaban a combatientes legales, fuerzas regulares de un estado operando de conformidad con los principios tradicionales sino a terroristas que actúan con total desprecio por cualquier norma ética. De este modo Bush y su pandilla intentaron justificar la violación permanente de los derechos humanos bajo el pretexto del “combate al terrorismo”. No sólo eso: su Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, autorizó explícitamente en Diciembre del 2002  la utilización de por lo menos nueve “técnicas de interrogación” que sólo en virtud de un perverso eufemismo pueden dejar de ser calificadas como torturas.  Lo interesante del caso es que Estados Unidos adhirió a la citada Convención (que cuenta con 145 estados partes) en el año 1994 pero se cuidó muy bien de ratificar el Protocolo que le otorga facultades de control al Comité de la Tortura de las Naciones Unidas. En otras palabras, la simple adhesión a la Convención fue una movida demagógica, carente de consecuencias prácticas en la lucha contra la tortura.

 

El horror que despierta el Informe no debería llevarnos a pensar que allí se encuentra toda la verdad. Si bien destruye el argumento central de la CIA en el sentido de que esas “duras tácticas de interrogación” eran necesarias para prevenir nuevos ataques terroristas contra Estados Unidos, lo cierto es que la estimación de los números de los detenidos y torturados se ubica muy por debajo de lo que permiten inferir otras fuentes documentales. En el Informe, por ejemplo, se dice que “la CIA mantuvo detenidas a 119 personas, 26 de los cuales aprehendidas ilegalmente”.  Sin embargo, es sabido que para perpetrar estas violaciones a los derechos humanos Estados Unidos habilitó numerosas cárceles secretas en Polonia, Lituania, Rumania, Afganistán y Tailandia; y contó con la colaboración de países como Egipto, Siria, Libia, Paquistán, Jordania, Marruecos, Gambia, Somalía, Uzbekistán, Etiopía y Djibouti para realizar sus interrogatorios, a la vez que algunas ejemplares “democracias” europeas, como Austria, Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia, amén de otros países extraeuropeos, colaboraron en facilitar la entrega y traslado de prisioneros a sabiendas de lo que les aguardaba a esas personas.[5] El número de víctimas supera con creces las 119 del Informe. Téngase presente que según Human Rights First, una organización no gubernamental estadounidense, el número total de detenidos que pasaron por la cárcel de Guantánamo desde su inauguración fue de 779 personas.[6] Por otra parte, un  informe especial de Naciones Unidas asegura que sólo en Afganistán la CIA detuvo a 700 personas y a 18.000 en Irak, todos bajo la acusación de “terroristas”.[7] Ni hablemos de lo ocurrido en el campo de detención de Abu Ghraib, tema que hemos examinado en detalle en nuestro libro.[8]

 

Para finalizar, tres conclusiones. Primero, el Informe pone el acento en la inefectividad de las torturas soslayando imprescindibles consideraciones de carácter ético o político. De las veinte conclusiones que se presentan en las primeras páginas del Informe sólo una, la vigésima, expresa alguna preocupación marginal por el tema al lamentarse que las torturas aplicadas por la CIA “dañaron la imagen de los Estados Unidos en el mundo a la vez que ocasionaron significativos costos monetarios y no- monetarios.” [9] No existe ninguna reflexión sobre lo que significa para un país que presume orgullosamente de ser una democracia -o la más importante democracia del mundo, según algunos de sus más entusiastas publicistas- además del “líder del mundo libre” incurrir en prácticas monstruosas que sólo pueden calificarse como propias del terrorismo de estado al estilo del que conociéramos en América Latina y el Caribe en el pasado. La tortura no sólo degrada y destruye la humanidad de quien la sufre; también degrada y destruye al régimen político que ordena ejecutarla, la justifica o la consiente. Por eso es que este nuevo episodio demuestra, por enésima vez, el carácter farsesco de la “democracia norteamericana”. De ahí que la expresión que mejor conviene para retratar su verdadera naturaleza es el de “régimen plutocrático.”  Régimen, porque quien manda es un poder de facto, el complejo militar-financiero-industrial que nadie ha elegido y a quien nadie rinde cuentas; y plutocrático, porque el contenido material del régimen es la colusión de gigantescos intereses corporativos que son, como lo anotara Jeffrey Sachs días atrás, quienes invierten centenares de miles de millones de dólares para financiar las campañas y las carreras de los políticos y los lobbies que cabildean en favor de sus intereses y que luego obtienen como compensación a sus esfuerzos beneficios económicos de todo tipo que se miden en billones de dólares. Todo esto, además, justificado por una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó los donativos ilimitados que, en su enorme mayoría, pueden beneficiarse del anonimato.[10]

 

Segundo, el Informe se abstiene de recomendar la persecución legal de los responsables de las monstruosidades perpetradas por la CIA. Ante una descripción que parece inspirada en las más horribles escenas del Infierno de Dante, los autores se abstienen de recomendar al Premio Nobel de la Paz que la justicia tome cartas en el asunto. Pero el pacto de impunidad está consagrado, y ante la inacción de la Casa Blanca los torturadores y sus numerosos cómplices, dentro y fuera de la Administración Bush, han salido a apoyar abiertamente las torturas y acusar a los redactores del Informe de parcialidad ideológica, todo esto en medio de una desaforada exaltación del chauvinismo estadounidense y de una cuidadosa ocultación de las mentiras utilizadas por Bush y su pandilla, desde las referidas a qué fue lo que realmente ocurrió el 11-S, en donde hay más incógnitas que certezas, hasta la acusación a Irak de poseer armas de destrucción masiva. Dado que Obama ha dado a entender que no enjuiciará a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes la conclusión es que no sólo se legaliza la tortura sino que también se la legitima, se la aprueba, tal vez como un “mal necesario” pero se la justifica. Ante ello sería bueno que algún tribunal del extranjero, actuando bajo el principio de la jurisdicción universal en materia de delitos de lesa humanidad, trate de hacer justicia allí donde el régimen norteamericano apaña la impunidad de los criminales y consagra la perversión y la maldad como una virtud.

 

Tercero y último: la deplorable complicidad de la prensa. Todos sabían que la CIA y otras fuerzas especiales del Pentágono tienen incorporada la tortura de prisioneros como un SOP (“standard operating procedures”, un procedimiento estandardizado de operación en la jerga militar de los servicios norteamericanos), como se ha dicho más arriba. Pero los grandes medios -no tan sólo los pasquines rabiosamente derechistas de la cadena de Rupert Murdoch y muchos otros de su tipo, dentro y fuera de Estados Unidos- conspiraron voluntariamente o no, es irrelevante, para no llamar a la cosa por su nombre y utilizar en cambio toda clase de eufemismos que permitieran edulcorar la noticia y mantener engañada a la población norteamericana. Para el Washington Post, el New York Times y la Agencia Reuters eran métodos de interrogación “brutales”, “duros” o “atroces”, pero no torturas; para la cadena televisiva CBS eran “técnicas extremas de interrogación” y para Candy Crowley, la jefa de la corresponsalía política de la CNN en Washington, eran “torturas, pero según quien las describa”. Para el canal de noticias MSNBC (fusión de Microsoft con la NBC) eran, según Mika Brzezinski, hija del estratego imperial Zbigniew Brzezinski y, por lo visto, fiel discípula de las enseñanzas de su padre, “tácticas de interrogación utilizadas por la CIA”. Esta es la gente que luego es señalada por los políticos y los intelectuales de la derecha para darnos lecciones de democracia y de libertad de prensa en América Latina y el Caribe. Sería bueno tomar nota de su complicidad con estos crímenes y de su absoluta carencia de virtudes morales como para dar lecciones a nadie.

 

- Dr. Atilio Boron, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (PLED), Buenos Aires, Argentina. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013. www.atilioboron.com.ar Twitter: http://twitter.com/atilioboron Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=596730002

 

 Notas

 

[1] El Informe puede consultarse en la siguiente dirección: https://es.scribd.com/doc/249652086/Senate-Torture-Report 

 

[2] Cf. Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos  por Estados Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pp. 43-44.

 

[3] Ibid., p. 44.

 

[4] Sobre el tema de la tortura el libro de Roberto Montoya, La impunidad imperial. Como Estados Unidos legalizó la tortura y “blindó” ante la justicia a sus militares, agentes y mercenarios (Madrid: La esfera de los libros, 2005) es una fuente absolutamente imprescindible por la meticulosidad de su investigación y la sólida fundamentación de los casos examinados. Particularmente instructivo es su análisis de las 35 “técnicas de interrogación”, las cuales, como dicen los miembros de una Comisión ad-hoc convocada por el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, podrían tener como resultado “que personal estadounidense involucrado en el uso de esas técnicas pudieran ser objeto de persecución por violación de los derechos humanos en otros países o que pudiera ser entregado a foros internacionales, como la Corte Penal Internacional. Esto tendría un impacto en futuras operaciones o viajes al exterior de ese personal.” Cf. Montoya, op. cit, pp. 130-134. Datos más específicos sobre las “técnicas de interrogación” se encuentran en http://globalsecurity.org/intell/library/policy/army/fm/fm34-52

 

[5] “¿Qué países colaboraron con el programa de torturas de la CIA”, informe elaborado sobre la base de documentación aportada por la American Civil Liberties Union y la Open Society Justice Initiative, y publicado por La Nación (Buenos Aires) el 10 de Diciembre del 2014. Ver http://www.lanacion.com.ar/1751052-que-paises-colaboraron-con-el-programa-de-torturas-de-la-cia

 

[6] http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/gtmo-by-the-numbers-2014-11-24.pdf

 

[7] Cf. “Preliminary Findings on Visit to United States by Special Rapporteur on Human Rights and Counter-terrorism”, May 29, 2007, en El Lado Oscuro, op. cit., pp. 55-56.  

 

[8] El lado oscuro, op. cit., pp. 47-48

 

[9] Informe, op. cit., pg.16.

 

[10] “Understanding and overcoming America’s plutocracy”, Huffington Post, 6 Noviembre 2014. http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-sachs/understanding-and-overcom_b_6113618.html

 

 

 

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El sistema de justicia que condenó a los Cinco: La Ley contra la mujer (Novena parte)

Por Salvador Capote*

¿Qué sistema de justicia es ése que prohíbe cruelmente las visitas de esposas e hijas a nuestros cinco hermanos presos en las cárceles de Estados Unidos? Es el mismo sistema que mantiene más mujeres encerradas en prisión que cualquier otro país del mundo, que se ha mostrado incapaz de detener la violencia y el abuso sexual contra ellas y que perpetúa su desigualdad y discriminación.

Muchos consideran que, con la conquista de sus derechos civiles, la mujer en Estados Unidos alcanzó al fin su igualdad ante la ley y su emancipación. Esto es parcialmente cierto cuando se trata de una mujer blanca, sobre todo si es de origen anglo, pero es obscena y escandalosamente incierto cuando se trata de una mujer negra, india, hispana o perteneciente a cualquier otra minoría. Donde más claramente se observa esta diferencia es en las prisiones, tanto federales como estatales.

Desde finales de la década de 1980 comenzó un aumento exponencial en la población penal femenina con impacto devastador en las familias y, en trágico corolario, con efecto traumático irreparable en la formación de los niños. Las mujeres constituyen el segmento de la población penal en más rápido crecimiento. De 13,400 en 1980, la cifra subió a 84,400 en 1990 y continuó aumentando vertiginosamente. A mediados de 2006 el total ascendía a 200,745 (106,174 mujeres en prisiones federales y estatales y otras  94,571 en cárceles locales) (1), un  espeluznante aumento de cerca de 1,500 % en solo 25 años, y tendríamos que añadir todavía las mujeres presas en cárceles de inmigración y las menores de edad en centros de detención de juveniles. Ningún otro país presenta tan alta cifra de mujeres encarceladas, ni en términos absolutos ni relativos. Cerca de 67 % de ellas son negras o hispanas; si sumamos otras minorías, la cifra de mujeres no blancas se aproxima al 70 %, lo cual atestigua muy claramente la discriminación que subsiste en esta sociedad.

Para apreciar en su dimensión real esta tragedia hay que tomar en consideración que con el aumento de mujeres encarceladas aumenta también el número de niños criándose en la calle sin padres y sin hogar y alimentando el círculo vicioso de la delincuencia y el crimen. Aún en los casos en que el padre u otro familiar pueda hacerse cargo de los niños, la madre no tendrá contacto con ellos debido a la distancia geográfica, la carencia de transporte, la imposibilidad de cubrir los gastos de viaje  y el ambiente inapropiado de las prisiones. Según el “Bureau of Justice Statistics” (año 2000) “el 54 % de las madres no habían tenido contacto personal con sus hijos desde que ingresaron en las prisiones estatales”.

Se ha señalado como causa de este aumento en la población penal femenina las leyes draconianas que cambiaron el sistema de sentencias indeterminadas por el de mínimas obligatorias, eliminando así las circunstancias atenuantes y, por tanto, privando a los jueces de toda flexibilidad al imponer las condenas (2). Otros ponen el énfasis en cambios que han tenido lugar en la filosofía del objetivo del encarcelamiento, que ha pasado de la rehabilitación al castigo. Pero sospecho que también tiene que ver, y mucho, el hecho de que las prisiones se han convertido en negocios altamente lucrativos, tanto para empresarios privados como para avispados políticos locales.

Una de las leyes más crueles contra la mujer es la “Adoption and Safe Famillies Act”, promulgada en 1977. Esta ley arrebata a la mujer en prisión los derechos legales sobre sus hijos después que éstos permanecen 15 meses en hogares de adopción. Como en la mayoría de los casos el tiempo de condena de las madres es mayor que este lapso, las reclusas-madres pierden a sus hijos, lo cual constituye un doble castigo, mucho más terrible el segundo que el primero.

En 2007, el “Bureau of Justice Statistics” reveló que entre 5 y  6 % de las mujeres que ingresan en las prisiones y cárceles estatales se encuentran en estado de gestación. Se trata, en su mayor parte, de embarazos de alto riesgo y son pocas las reclusas que reciben cuidados médicos prenatales. En instituciones que fueron diseñadas para el encierro de hombres, no existen condiciones para la atención de partos complicados, bebés prematuros o  abortos espontáneos, entre otras situaciones de urgencia.

En 2007, el “American College of Obstetricians and Gynecologists” publicó una declaración en que solicitaba poner fin a la práctica de mantener esposadas o encadenadas a las reclusas durante el parto. Esta práctica –según ACOC- “interfiere con la capacidad del obstetra para realizar con seguridad su trabajo, ya que no le permite apreciar y evaluar las condiciones físicas de la madre y del feto y hace extremadamente difícil el proceso del parto, todo lo cual pone en peligro la salud y la vida de la madre y del niño”. Esta práctica brutal y totalmente innecesaria de mantener en cadenas a la parturienta añade riesgos adicionales que son causas de aumentos en los índices de mortalidad materna e infantil.

Ciento veinte años han transcurrido desde la masacre de “Wounded Knee”, donde los soldados asesinaron a centenares de indios Sioux, sin excluir a mujeres y niños, y no tanto tiempo desde la forzada esterilización de mujeres nativas en las clínicas IHS (“Indian Health Service”). Lehman Brightman, presidente de “United Native Americans”, que dedicó gran parte de su vida a estudiar este genocidio, realizado con fondos federales durante la década de 1970, estima que entre 60,000 y 70,000 mujeres nativas fueron obligadas a la esterilización mediante engaños y amenazas (3). Sin embargo, la violencia contra las mujeres indias continúa.

 A mediados de Julio de 2011, la administración de Obama anunció que estaba enviando al Congreso una propuesta de legislación que incrementaría el castigo por los crímenes violentos que se cometen contra las mujeres nativas. Lynn Rosenthal, Consejero de la Casa Blanca (4) reveló que, según investigaciones realizadas, la tasa de mujeres indias asesinadas es diez veces mayor que el promedio nacional, y que un tercio de todas las mujeres indias han sido violadas (5). Se ha señalado que una de las causas de la impunidad que favorece la violencia es que los tribunales indios no tienen autoridad (“Tribal Law and Order Act”) para procesar a no-indios, incluso aunque éstos vivan en las reservaciones y estén casados con mujeres de la tribu.
Ya en otro artículo de esta serie (sexta parte) hablamos de la corrupción en el sistema judicial, pero estoy seguro de que pocos imaginan lo que sucede con frecuencia en relación con la mujer detrás de las salas de audiencia o cuando los solemnes y austeros tribunales cierran sus puertas.

Si nos guiamos por el cine y los programas de televisión, pudiéramos pensar que las mujeres están ampliamente representadas en el sistema judicial. Pero no es así. No fue hasta 1979 que el número de juezas llegó a ser suficiente para crear la “National Association of Women Judges”. En aquel momento sólo uno de cada veinte jueces era mujer, actualmente es uno de cada diez. En la carrera judicial es, probablemente, donde la mujer encuentra más dificultades para hacer valer su presencia. Fue durante demasiado tiempo exclusivo patrimonio masculino.

En un ensayo titulado “El Acoso Sexual de los Jueces”, publicado por la Universidad de Miami (6), Marina Angel, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple, afirma que “los jueces solicitan favores sexuales de acusadas en causas criminales, litigantes civiles, abogadas (incluyendo fiscales), empleadas de la corte, solicitantes de empleo, oficiales de probatorias, guardias de las cortes juveniles y jurados”. “Algunos –continúa- han solicitado sexo específicamente a cambio de un tratamiento favorable y se han vengado cuando sus demandas no han sido satisfechas”. Sin embargo, según la profesora Ángel, cuando un juez es encontrado culpable de acoso sexual, lo que típicamente recibe no pasa de “una censura, reprimenda o advertencia”. Ángel documenta 15 casos de jueces acusados de asalto sexual o de acoso sexual continuado, contra los cuales no se tomó medida disciplinaria alguna o fueron éstas muy leves.

De 112 jueces que han formado parte históricamente de la Corte Suprema, sólo cuatro, y con posterioridad a 1980, han sido mujeres. La primera jueza de la Corte Suprema fue Sandra Day O’Connor, ya en retiro, nombrada por Reagan en 1981 en cumplimiento de compromisos electorales. Las otras tres prestan servicio actualmente: Ruth Bader Ginsburg, nombrada por Clinton en 1994,  Sonia Sotomayor (la primera de origen hispano) y Elena Krugan, nombradas estas dos últimas por Obama en 2009 y 2010 respectivamente. La entrada de mujeres como juezas de la Corte Suprema coincide con una etapa de intensa politización de este organismo. Cada nuevo juez ha sido la imagen especular ideológica del presidente que lo nombra. Una intervención funesta de la Corte en la arena política fue la decisión Bush v. Gore, mediante la cual la Corte tomó partido en las elecciones presidenciales del 2000 a favor de George W. Bush. Los jueces, de cualquier nivel, no son nombrados o electos  por su probidad,  rectitud moral  o  sentido inherente de la justicia, sino por sus habilidades políticas y sus relaciones con los círculos del poder. Todos los miembros de la Corte Suprema actual, seis hombres y tres mujeres, pertenecen a la “Ivy League” o sea, son graduados del puñado de universidades donde estudia la elite económica de Estados Unidos.

La mujer en este país alcanzó el derecho al voto en 1920, casi siglo y medio después del enunciado de que todos los seres humanos nacen iguales, plasmado en la Declaración de Independencia; pero estaba (y está) todavía muy lejos de alcanzar la plena igualdad de oportunidades y tratamiento.

En 1923, un grupo de mujeres, dirigido por Alice Paul, propusieron la enmienda ERA  (“Equal Rights Amendment”)  a la Constitución.  Para su avance,  el proyecto tuvo que esperar casi medio siglo hasta que, con el resurgimiento del movimiento feminista de los sesenta,  fue presentado  en un comité  senatorial  por la conocida escritora y editora Gloria Steinem.

En 1972 el Congreso aprobó la ERA, que contaba con  vasto apoyo del pueblo estadounidense. Sin embargo, la enmienda no recibió la ratificación necesaria de las tres cuartas partes de los estados. Como era de esperar, la oposición estuvo centrada en los estados del sur y, también, en varios estados del oeste, Missouri e Illinois. No obstante, aunque por un camino lento y difícil, las mujeres han ido alcanzando posiciones ocupadas tradicionalmente por los hombres. Ya en 1980 alcanzaron la mayoría en el número de matriculados en las universidades, y en l984, por primera vez, una mujer, Geraldine Ferraro, fue seleccionada como candidata vicepresidencial.

En 2001, “Wal-Mart Associates”, en representación de 1.6 millones de trabajadoras de “Wal-Mart”, presentó una demanda contra esta gigantesca corporación por salario injusto y discriminación (7). Según la demanda, las mujeres empleadas ganaban $5,200 menos por año que los hombres, ocupaban los empleos de menor salario y muy pocos cargos de administración y dirección. Diez años después, el 20 de junio de 2011, la Corte Suprema de Justicia (por 5 votos contra 4), falló lamentablemente en contra de las trabajadoras. El fallo (Dukes v. Wal-Mart) es desastroso para las aspiraciones de las mujeres de todo el país a un trato justo y equitativo en sus empleos, porque demuestra que las grandes corporaciones pueden funcionar al margen de las leyes y establece una jurisprudencia que será seguramente utilizada en contra de la mujer en situaciones similares que tengan lugar en el futuro.
Existen leyes que protegen a las mujeres, por supuesto,  pero se evaden fácilmente. Por ejemplo, para evitar promocionarlas  a cargos de dirección sólo hay que hacer lo que hace Wal-Mart, se le exige al nuevo “manager” el cumplimiento de un horario de 50 horas semanales y su traslado a otra tienda de la firma situada a cien millas de distancia. Pocas mujeres pueden aceptar estas condiciones y las que aceptan renuncian en la primera ocasión que tienen un hijo con fiebre de 102°F (39°C).

En Estados Unidos el cine, la televisión y otros medios glorifican la subordinación de las mujeres. El hombre es el héroe que las protege, las guía y las salva; el tipo más duro es el que las controla completamente. Mientras tanto, cerca de 2,000 mujeres son asesinadas y unas 6,000,000 son golpeadas cada año como resultado de la violencia doméstica. Se estima que el 50 % de las mujeres norteamericanas han sido golpeadas por su pareja por lo menos una vez. Las mujeres sufren más lesiones debido a la violencia doméstica que a los accidentes de auto, violaciones y asaltos, tomados en conjunto (8).

No hay duda de que la mujer norteamericana ha logrado grandes avances en el reconocimiento de sus derechos civiles, pero estos avances constituyen un espejismo si no se tiene en cuenta que la mujer está sometida no a una sino a varias esferas de sometimiento, como las relaciones de pareja, las condiciones de trabajo, ámbito empresarial, papel que desempeña en la sociedad, en las actividades religiosas, etc. El avance, donde ha existido, no ha sido homogéneo y, en mayor o menor grado, la mujer ocupa todavía en todas ellas una posición subordinada.

Transcurrida la primera década del nuevo milenio, la mujer continúa ganando salarios más bajos que los del hombre, la vida es extremadamente difícil en los núcleos familiares donde es ella el único sostén,  persiste como tema controversial y sin aparente salida el reconocimiento de sus derechos reproductivos, es maltratada, vejada, discriminada, y sus hijos, padres, esposos y  hermanos son enviados a matar  y a morir en las guerras injustas del imperio.

(1)  Informe de “General Accounting Office”, 1999; y Boletín del “Bureau of Justice Statistics Prisoners”, 2005.
(2)  1986 Anti-Drug Abuse Act; 1988 Omnibus Anti-Drug Act; etc.
(3)  Bruce E. Johansen: “Sterilization of Native American Women”, AIM-WEST, Sept. 1998.
(4)  Levi Rickert: “White House Holds News Conference on Violence Against Native Women Legislation”, Native News Network, July 21, 2011.
(5)  Investigación del “National Institute of Justice”.
(6)  Marina Angel: “Sexual Harassment by Judges”, 45 University of Miami Law Review, March 4, 1991, 817-841.
(7)  Nelson Lichtenstein: “Wal-Mart Authoritarian Culture”, The New York Times, June 21, 2011.
(8)  Lorraine Dusky: “Still Unequal”, Crown Publishers, N.Y., 1996.

Salvador Capote
*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.

El sistema de justicia que condenó a los Cinco: La Tortura (Octava parte)

Por Salvador Capote* 

Muchos se asombran de las torturas  o  –su expresión eufemística- “castigos crueles e inusuales” prohibidos por la Constitución de Estados Unidos, que han sido impuestos a los Cinco héroes cubanos: largos periodos de permanencia en celdas de castigo en incomunicación total, privación de visitas familiares, desmesuradas y escandalosas condenas, etc., sin entender que los gobiernos de este país, los que más vociferan exigiendo a otros el respeto de los derechos humanos son, al mismo tiempo, los que más los violan, en su propio territorio  y en todos los países a donde llevan la guerra y sus secuelas de destrucción y muerte. La tortura ha sido un fiel acompañante del sistema de justicia de Estados Unidos a través de toda su historia y es más antigua en su cultura que el pastel de manzana.

El “waterboarding” o “ahogamiento simulado”, por ejemplo, método de tortura que en su versión moderna  consiste en aplicar una toalla saturada de agua sobre el rostro de la víctima, haciéndole creer que morirá de asfixia, tiene una larga tradición en Estados Unidos.

En un libro publicado en 1891 (1) su autor, el capitán J.C. Powell, jefe de un campamento de convictos de la Florida a mediados del siglo XIX, describe las técnicas de tortura que utilizaban para castigar a los prisioneros, entre ellas algunas de las rutinarias en Abu Ghraib y Guantánamo, como colgar por los pulgares y el “waterboarding”. A esta última le llamaban entonces “watering” y era una forma más burda que la actual pero en esencia la misma. Consistía en arrodillar al preso, con las manos amarradas a la espalda, junto al abrevadero de las bestias y sumergirle la cabeza en el agua hasta que el guardia consideraba que la víctima estaba a punto de ahogarse.

En la Escuela de las Américas en Panamá, instructores norteamericanos difundieron otra variante del “waterboarding”, el “submarino”, que podia ser “seco” o “mojado”. En el seco o “capucha” colocaban una bolsa plástica en la cabeza del prisionero hasta que su propia respiración lo ahogaba. En el mojado, lo colgaban por los pies y le introducían la cabeza en un tanque con agua, orina u otro líquido hasta que comenzaba a ahogarse. El “submarino” fue utilizado ampliamente por los cuerpos represivos de las dictaduras militares centro y suramericanas y era el método preferido cuando no se deseaba que quedasen marcas en el cuerpo de la víctima.

Pero en los siglos XIX y XX no eran  puntillosos con el conteo. Actualmente parece que sí, pues ahora sabemos (2)  que en la prisión de la Base Naval de Guantánamo el saudita Abu Zubaydah fue “waterboarded” 83 veces y el kuwaití Khalid Sheikh Mohammed  183, ni una más ni una menos, lo cual supongo constituye un récord y debe ser suficiente para que cualquiera confiese cualquier cosa.

En las cárceles en territorio estadounidense, hasta 1968 (Jackson v. Bishop, 8th.Cir.), era común el “strap”,  o azotar con correa. Hoy, el tipo de tortura más utilizado parece ser el confinamiento en solitario en una SHU (“Security Housing Unit”) llamada por los presos “el hueco”, una prisión dentro de la prisión. Imagínese usted por un momento encerrado en una celda de 6 por 10 pies o más pequeña, con puerta de hierro, sin ventanas, con la luz encendida permanentemente, donde se pierde la noción del tiempo y nunca se sabe si es de día o de noche, y esta situación se prolonga durante meses o años. En ocasiones, pueden añadir a su celda otros elementos de tortura: frío, calor, desnudez, ausencia de agua para el aseo, ruido, etc. El prisionero cae en un profundo estado depresivo o en absoluta desesperación y sólo pueden resistir este castigo, sin perder la razón, hombres que posean una gran fortaleza espiritual. Sin embargo, en un día cualquiera, hay no menos de 75,000 y probablemente más de 100,000 presos en celdas de aislamiento en las prisiones de Estados Unidos (3).

El 1o. de Julio de 2011, 43 presos de la infamante SHU de la prisión estatal “Pelican Bay”, en California, comenzaron una huelga de hambre que se ha extendido rápidamente a otras 12 prisiones con la participación de 6,600 convictos. Muchos presos  de “Pelican Bay” han estado en condiciones completamente inhumanas de aislamiento durante años o décadas. Estas SHU fueron inauguradas en la década de 1960 y utilizadas para aislar y castigar a prisioneros políticos (4), pero el “boom” de construcción de estas unidades comenzó en los noventa y se extendió a 40 estados. Hoy las SHU albergan a decenas de miles de presos.

En la década de 1950, los militares norteamericanos y la CIA desarrollaron el programa SERE (5), primero para entrenamiento de sus propios soldados y más tarde para el interrogatorio de prisioneros. De acuerdo al manual de entrenamiento de la CIA de 1963 (“KUBARK [criptónimo de CIA] Counterintelligence Interrogation”) las técnicas de SERE “son exitosas incluso en los casos más difíciles, al inducir la regresión de la personalidad al nivel más primario y débil que se requiera para diluir la resistencia”. En otras palabras, son eficaces porque destruyen la voluntad, la dignidad y la moral del prisionero. Las técnicas están diseñadas para minar su autoestima,  hacerle  perder toda esperanza,  desconectarle de la realidad y  aniquilarle  emocionalmente.

Ya a finales de los años cincuenta, las técnicas de SERE fueron exportadas al Sudeste Asiático y a la América Latina. Hacia 1971, miles de militares extranjeros habían sido entrenados en métodos de tortura de SERE (6).

En 1983, la CIA elaboró una nueva guía (“Human Resource Exploitation Training Manual”) que destaca la eficacia de la violencia física, la privación de las funciones sensitivas y la humillación sexual, para quebrar a los prisioneros.

Las administraciones de Ronald Reagan y George H. W. Busch facilitaron que la CIA continuase con las técnicas de SERE. Pero la responsabilidad por las torturas no es privativa de las administraciones republicanas; en 1995 el presidente Bill Clinton autorizó (“Presidential Decision Directive 39”) la  transferencia (“extraordinary  rendition”) de prisioneros a Egipto para su interrogatorio en ese país donde es notorio que se practicaba la tortura, y la información obtenida era utilizada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos evadiendo de este modo las leyes norteamericanas que la prohíben. George W. Bush amplió y perfeccionó este procedimiento, enviando sistemáticamente prisioneros no sólo a Egipto sino también a Arabia Saudita y a otros países aliados. De la tolerancia con las violaciones de derechos humanos en las satrapías se pasó a la complicidad revelando así  la desvergüenza de la política exterior de Estados Unidos.

Después del 9/11, las técnicas de tortura de SERE se utilizaron ampliamente en Afganistán, Irak, en el territorio usurpado a Cuba en Guantánamo;  en la prisión de Bagram (“Bagram Collection Point”), cerca de la base aérea de este nombre en Afganistán; en “Salt Pit”, nombre codificado de una prisión clandestina de la CIA, ubicada al norte de Kabul; y en decenas de otros centros secretos de detención y tortura, o “black sites”, situados en diversos países.

Un informe desclasificado del Inspector General del Departamento de Defensa, ofrece evidencia concreta de que las técnicas desarrolladas en el programa SERE fueron sistemáticamente utilizadas en Guantánamo y, menos sistemáticamente, en Irak y Afganistán (7). No obstante, de la información desclasificada se infiere que en las prisiones secretas estadounidenses ha existido amplio espacio para la iniciativa de los torturadores. En Bagram, por ejemplo, colgaban con cadenas  a los prisioneros al techo de la celda y los golpeaban (“peroneal strikes”) rompiéndoles el hueso largo y delgado de la pierna o peroné y los músculos, nervios y vasos sanguíneos que lo acompañan. El sufrimiento es indescriptible y se sabe que al menos dos personas, Habibullah y Dilawar, fueron golpeados de esta manera hasta causarles la muerte (8). En enero de 2010, mediante el uso de la ley de libertad de información, se pudieron conocer los nombres de 645 de los presos de Bagram.

Después de los escándalos de Abu Ghraib y de otros centros de detención, los militares abandonaron, al menos formalmente, el uso de estas técnicas, pero  la CIA en sus prisiones secretas  continuó empleándolas, legalizadas por la “Military Commissions Act” de 2006, ley con apoyo bipartidista calificada de “vergonzosa” por Noam Chomsky (9). Torturas como la hipotermia inducida, la privación del sueño, la asfixia simulada y otras, son utilizadas por la CIA sin temor a consecuencias legales.

Estados Unidos llegó a tener más de 14,000 prisioneros en su vasta red de cárceles secretas en el extranjero. Por lo menos 34 ciudadanos estadounidenses han sido torturados y asesinados en estos “black sites” (10).

La administración de George W. Bush trató de crear un nuevo marco legal que permitiese la detención arbitraria por tiempo indefinido y la tortura de los prisioneros. Este marco legal se estableció mediante una serie de memorandos, llamados por Chomsky “los memos de la tortura”.  El 9 de enero de 2002, John Yoo, de la oficina de asesoría legal (“Office of Legal Councel”) del Departamento de Justicia y tal vez el principal ideólogo de la tortura en esta etapa de la historia de Estados Unidos, elaboró un memo en el cual concluye que ninguna ley de la guerra, incluyendo las Convenciones de Ginebra, eran aplicables al conflicto en Afganistán. La conclusión, horripilante para todo jurista serio de Estados Unidos, fue respondida adecuadamente por el principal consejero legal del Departamento de Estado, William Howard Taft, quien le señaló graves errores, pero Yoo había elaborado los argumentos que el presidente quería escuchar y, en consecuencia, su opinión prevaleció.

Terminado el mes de enero, el consejero de la Casa Blanca y posteriormente fiscal general, Alberto González, se convirtió también en apologista de la tortura y señaló en un memo al presidente Bush la necesidad de obtener rápidamente información de los detenidos. “Este nuevo paradigma –de acuerdo con González- vuelve obsoletas las estrictas limitaciones de los Convenios de Ginebra al interrogatorio de los prisioneros enemigos.” Es verdaderamente increíble que quien propuso que el gobierno de Estados Unidos actuase al margen de los convenios internacionales y de la Ley de Crímenes de Guerra de 1996, haya tenido como premio su nombramiento como fiscal general, el cargo con mayor responsabilidad en la aplicación de la ley.

Debido a la oposición del Secretario de Estado Colin Powell, el 7 de febrero de 2002 el presidente Bush, convertido en matador, toreó la situación con una verónica completa: Estados Unidos respetaría las Convenciones de Ginebra en las operaciones en Afganistán pero no con Al-Qaeda ni con los talibanes; es decir, las respetaría en abstracto, no en la situación real de la guerra.

Elaborados ya los argumentos para eludir los convenios internacionales, los asesores de Bush pasaron a una segunda etapa en la cual crearían las bases pseudolegales para esquivar las leyes federales que prohíben la tortura. El 1o. de agosto de 2002, John Yoo y Jay Bybee, consejero también este último de la oficina de asesoría legal (OLC) escribieron dos memos, solicitados por Alberto González. En el primero (publicado en 2004), Yoo y Bybee ofrecieron una nueva y muy estrecha definición de la tortura, aconsejaron a los interrogadores invocar las doctrinas de “defensa propia” y de “necesidad” y llegaron al colmo de afirmar que el presidente tenía el poder de autorizar la tortura con independencia de las leyes federales.

En el segundo memo, que no se publicó hasta el mes de abril de 2009, se aprobaban todas las técnicas de interrogatorio propuestas por la CIA, incluido el “waterboarding”, consideradas como torturas en numerosos documentos nacionales e internacionales. Si Alberto González fue nombrado fiscal general, no es de sorprender que Jay Bybee haya sido nombrado posteriormente por Bush para el cargo vitalicio de juez de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones.

En diciembre de 2002, el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld aprobó un memorando, llamado “el memo de Haynes”, escrito por William J. Haynes, principal consejero del Departamento de Defensa, en el cual éste solicitaba la aprobación de nuevas técnicas de tortura que incluían el confinamiento en solitario, en silencio y oscuridad total, durante 30 días.

En mayo de 2005, la OLC elaboró tres memos secretos, firmados por su jefe, Steven Bradbury, en los cuales se afirma que ninguna de las técnicas de interrogatorio de la CIA se puede calificar como tortura, ni siquiera de tratamiento cruel, inhumano o degradante. Esto, cuando desde hacía ya largo tiempo, las imágenes dantescas de los torturados en Abu Ghraib, en  Guantánamo y en las cárceles secretas, recorrían el mundo.

El último memo de la OLC sobre las técnicas de tortura de la CIA fue escrito en Julio de 2007 en respuesta a una interpretación de la Corte Suprema según la cual las Convenciones de Ginebra amparaban a los detenidos de Al-Qaeda. La OLC no acató la decisión de la Corte Suprema y afirmó que si el programa de la CIA violaba las Convenciones de Ginebra el presidente tenía el poder para declarar, simplemente, que no eran aplicables. ¡Así de fácil!.

En el gobierno de Barack Obama observamos el restablecimiento de la ley, no su aplicación. El fiscal general, Eric Holder, reconoció que el “waterboading” clasifica como tortura y se han prohibido las técnicas de “enhanced interrogation” (interrogatorio avanzado) promovidas por Bush, pero aún existen los tribunales militares (“military commissions”) y permanecen todavía en la prisión de Guantánamo 171 detenidos. No parece tampoco que la administración de Obama tenga mucho interés en llevar ante los tribunales a los torturadores  y, mucho menos, a los ideólogos de la tortura y a los que la autorizaron, ocultaron y sistematizaron. Holder anunció recientemente, después del estudio realizado durante dos años por un fiscal especial, que sólo se presentarán cargos criminales en dos casos de asesinatos pepetrados por la CIA. 

Esto quiere decir, como señala un editorial de “The Guardian” (11) que se juzgarán actos criminales no autorizados, pero los más trascendentes, los autorizados, no se enjuiciarán.

Kenneth Roth, director ejecutivo de “Human Rights Watch”, grupo defensor de los derechos humanos, afirmó en una nota de prensa que “el presidente Obama ha tratado la tortura como una política desafortunada y no como un crimen”. En un informe publicado el 11 de Julio de 2011 por esta organización, se exige al gobierno de Estados Unidos que investigue las torturas que se alega fueron autorizadas por el ex-presidente George W. Bush, el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de estado Donald Rumsfeld y el director de la CIA, George Tenet, entre otros. HRW alega que Bush era la máxima autoridad en las operaciones y que aprobó públicamente el uso de torturas por la CIA. La administración de Bush, además –continúa HRW- creó un programa de detención clandestino mediante el cual los prisioneros eran encerrados en lugares secretos sin informar a sus familiares y sin permitir el acceso de la Cruz Roja Internacional, y los detenidos eran enviados ilegalmente a otros países donde seguramente serían torturados.

Según HRW existen documentos desclasificados, entre ellos una autorización presidencial de las prisiones secretas, suficientes para iniciar un proceso de investigación criminal (12).

(1) – J.C. Powel: “The American Siberia”, a facsimile reproduction of the 1891 Edition, The University Press of Florida, Gainesville, 1976.
(2) - Marjorie Cohn: “Avoiding Impunity: The Need to Broaden Torture Prosecution,  JURIST – Forum,  July 8, 2011.
(3) -  Kevin Goszola: “Pelican Bay Prison Hunger Strike Shines Light on True Character of US Prison System”, FDL, July 11, 2011.
(4) -  Li Onesto: The California Prison System. The Pelican Bay Prison Hunger Strikers: We Are Human Beings!, Global Research, July 12, 2011.
(5) -  SERE: Acrónimo de  “Survival, Evasion, Resistance and Escape”, llamado así porque en sus comienzos era un programa de entrenamiento para soldados norteamericanos; luego se transformó para utilizarlo en el interrogatorio de prisioneros.
(6) -   Michael Otterman: “American Torture”, Pluto Press, 2007, p.12.
(7) - Stephen Soldz: “Shrink and the SERE Technique at Guantanamo”, Counterpunch, May 29, 2007.
(8) -   Editorial: “Patterns of Abuse”, New York Times, May 23, 2005.
(9) -   Noam Chomsky: “Los memos de la tortura”, Chomsky.info, May 24, 2009.
(10)    Michael Otterman: Idem, p. 13.
(11)     Editorial: “Torture: crimes with impunity”, The Guardian, U.K., 12 July 2011.
(12)     CBS News: “Group urges probe into alleged Bush-era torture”, 12 July 2011.

*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.

Imagen agregada RCBáez

Una historia de injusticias: Karina Dana Germano López, "La Galle"

Desde los intramuros de la cárcel de mujeres de Ezeiza, en Buenos Aires, vengo a presentarme:

Soy Karina Dana Germano López, "La Galle" me dicen los compañeros. Me encuentro detenida desde el 1 de febrero de 2002. Caí en Sao Paulo, Brasil, junto a 5 compañeros, acusados de un secuestro. Nos condenaron en primera instancia a 16 años, por la apelación por parte de la fiscalía nos aumentaron la pena a 30 años de prisión. No sólo se trata de una causa llena de irregularidades técnicas legales, sino de una farsa circense típica de los poderes judiciales, para encarnizarse con luchadores populares, y ni siquiera reconocernos como presos políticos, que es lo que somos.

Después de cinco largos años cumpliendo el absurdo de mi condena, en el penal de Carandirú en Brasil, logré ser trasladada a mi tierra natal, Argentina. Aquí nací hace 46 años, mi infancia transcurrió en los años '70, tan especiales por estos lugares. Mis padres militantes populares comenzaron a ser perseguidos en el '74, donde después de detenciones y allanamientos, hasta interrogatorios sufridos por mi hermano menor (8 años) y yo misma con 10 años, en manos de los paramilitares de los principios de la triple A (Alianza Anticomunista Argentina), pasamos a la clandestinidad. Esta duró dos años hasta que mi padre fue secuestrado y llevado al Centro Clandestino de Detención "E.S.M.A.", donde luego de torturas impensables fue uno de los 30.000 desaparecidos de este país.

Entonces mi madre, con su coraje de mujer, nos salva la vida exiliándonos junto a mi hermano en Suecia, en el año 1976. Luego nos mudamos a la península ibérica, donde crecí junto a vascos y catalanes. En 1998 regresé a Buenos Aires, a denunciar y reconstruir la militancia y secuestro de mi padre. Perteneciendo a la Agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y por la Justicia contra el Olvido y el Silencio), de red internacional, milité y escraché a cuanto milico impune me topaba. Hoy en día, aunque se lleven a cabo juicios de Lesa Humanidad contra los dictadores y genocidas, las injusticias e impunidades de los poderosos de siempre continúan. Vine trasladada en noviembre de 2006, por un tratado bilateral (Brasil-Argentina) sobre condenados. Sin antecedentes penales, ni causa alguna en este país, llegué con algo menos de un mes para obtener mi beneficio de salidas transitorias (semi-libertad), a este derecho amparado por sus propias leyes, correspondía en diciembre de 2006.

Después de largas burocracias, en diciembre de 2007, me fue negado, gracias a la opinión del fiscal Oscar Hermelo, con un pasado de colaboracionista con la E.S.M.A. y el mismo grupo de tareas 3.3.2. que secuestró a mi padre, falló en contra de mi derecho a las salidas. Continuando con la burocracia judicial, me enfrento en la segunda instancia a una sala de la Cámara de Casación Penal, donde su juez presidente, es sospechoso de firmar y autorizar ilegalmente la apropiación de bebés nacidos en cautiverio, robándoles su verdadera identidad. Por supuesto que en diciembre de 2008, volvió a negarme dicho beneficio.

Prosiguiendo los pasos hacia la Corte Suprema, donde su fiscal está de acuerdo con los argumentos de mi abogado defensor, sin existir conflicto por el cual los 7 jueces deban debatir, fallan en diciembre de 2009, tres magistrados a mi favor fundamentando igual al fiscal y cuatro en contra de mis salidas, dándose el lujo de ni siquiera argumentar su negativa. Mis esperanzas de poder gozar de mi derecho, quedaron sin expectativas judiciales a nivel nacional. Pretenden que continúe encerrada por 7 años más de mi vida, por venganza política.

Sabemos cómo las injusticias están a la orden del día en estas mafias jurídicas, que defienden los intereses de los poderosos de siempre, encarcelando luchadores sociales y a la población más desfavorecida socialmente, la exclusión social de la pobreza de nuestras tierras. Aunque encerrada, me considero una mujer libre, mis ideas y prácticas cotidianas, hacen que mis fuerzas de resistencia continúen batallando con el factor tiempo. Trabajo y estudio la carrera de sociología en la U.B.A. (Universidad de Buenos Aires), soy parte del C.U.E. (Centro Universitario Ezeiza) dentro de la unidad. Intento junto a mis compañeras que nuestros derechos se cumplan, tan atropellados a diario, por un servicio penitenciario militarizado. Los interrogantes son muchos, la incertidumbre abruma, la impotencia agobia, pero nuestra resistencia continúa.

La Galle, Ezeiza, Marzo 2010

Karina Germano "La Galle"

Compañera-militante de H.I.J.O.S, hija de desaparecido. Tras 22 años de exilio, regresa en 1998 al país para denunciar y reconstruir la militancia y el secuestro de su padre; escrachar a cuanto milico impune se topaba.

A inicios del 2002 es detenida en Sao Paulo, Brasil, junto a 5 compañeros, acusados de un secuestro. En una causa llena de irregularidades técnicas legales, o más bien una farsa circense típica de los poderes judiciales, los condenaron en primera instancia a 16 años; por la apelación por parte de la fiscalía les aumentaron la pena a 30 años de prisión. Después de cinco largos años cumpliendo el absurdo de la condena en el terrible penal de Carandirú en Brasil, logra ser trasladada a Argentina; en noviembre del 2006, por un tratado bilateral (Brasil-Argentina) sobre condenados, regresa al país trasladada.

Sin antecedentes penales, ni causa alguna en Argentina, llega con algo menos de un mes para obtener el beneficio de salidas transitorias (semi-libertad), derecho amparado por ley, que correspondería en diciembre de 2006. Después de largas burocracias, en diciembre de 2007 se falló en contra de su derecho a las salidas, gracias a la opinión del fiscal Oscar Hermelo, con un pasado colaboracionista con la E.S.M.A. y el mismo grupo de tareas 3.3.2. que secuestró a su padre.

Se enfrenta en segunda instancia a una sala de la Cámara de Casación Penal, donde su juez presidente es sospechoso de firmar y autorizar (ilegalmente) la apropiación de bebés nacidos en cautiverio, robándoles su verdadera identidad. Por supuesto, en diciembre de 2008 se le volvió a negar dicho beneficio.

Prosiguiendo los pasos hacia la Corte Suprema, donde su fiscal está de acuerdo con los argumentos de su abogado defensor, sin existir conflicto por el cual los 7 jueces deban debatir, fallan en diciembre de 2009, tres magistrados a favor fundamentando igual al fiscal y cuatro en contra de sus salidas, dándose el lujo de ni siquiera argumentar su negativa.

Se pretende que continúe encerrada por 7 años más, por venganza política. Según los cómputos jurídicos del país remitente, en este año Karina debería acceder a su libertad condicional, al cumplir el tercio de su pena, el 26 de noviembre del 2011. La resolución de esta injusticia, está en la Corte Suprema de Justicia de la Argentina.  Ante el desequilibrio que implica aplicar nuestra Ley de Ejecución Penal a una pena establecida de acuerdo con un Código Penal ajeno al nuestro reclamamos que se haga justicia con Karina, que lleva esperando la libertad durante nueve años de encierro en durísimas condiciones.

 

Necesitamos tu adhesión y difusión para lograr su liberación:

Envía tu adhesión a : lagallealacalle@gmail.com

Es tiempo de marcha, Tenemos hambre de justicia

En Noviembre, la calle aguarda a La Galle.

¡¡¡ Libertad a los compañeros y compañeras!!!

 *Karina Germano Lopez es hija de Rodolfo "Rocco", militante de la agrupación Montoneros, secuestrado en la ESMA y desaparecido en 1976, Karina vivió exiliada en España y fue detenida en Brasil en 2002 acusada de un secuestro en el cual no se pudo probar su participación. Condenada a 30 años de prisión. El gobierno argentino logró el traspaso al penal de Ezeiza pero el poder judicial en nuestro país la volvió a castigar haciendo lugar a un recurso presentado por un juez que actuó en el grupo de la Escuela de Mecánica de la Armada que tuvo a cargo el secuestro de “Roco” Germano, padre de Karina, que le prohíbe las salidas transitorias que ya le correspondían en la cárcel de San Pablo, violando acuerdos internacionales sobre trato de presos, Fundadora del Centro Universitario del penal de Ezeiza. Militante de HIJOS.

El cineasta Aldo Getino, trabaja hace 2 años en la producción de un documental sobre Karina Germano Lopez  y a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales para ingresar al Penal de Ezeiza, con la cámara filmadora, el Servicio Penitenciario Federal le prohibe la entrada, por esa razón Aldo Getino realizó una entrevista telefónica que compartimos con el pueblo en :

http://www.4shared.com/audio/xywF54Je/ENTREVISTAGALLEGA-PARTE01.html

Reportaje a Karina Germano, *La Galle* realizado el 18-6-2011 por *La Patria Grande, se construye desde abajo* y *Kasandras Feministas Libertarias*

 http://www.4shared.com/audio/agKLco2w/LPG-18-06-11.html

*Audios En Noviembre La Galle a la calle*

Links para escuchar el audio:

01-LaGallealacalle-edit.mp3

02-LaGalle+Crxs-edit.mp3

03-LaGalle-nov-edit.mp3

"Mis sueños, mis sueños  son sumamente utópicos. Se tratan de realidades sociales casi ideales. Me imagino una forma de vida en una colectividad armoniosa, donde dejemos de ser mercancía en este mercado de la vida. Donde cada una de las personas seamos valoradas por nuestros talentos naturales, por los sentimientos que podamos brindar a los demás. Una sociedad basada en la libertad, libertad de amar, libertad de pensamiento, libertad de acción, y que ser libre sea lo cotidiano, sin necesidad de tener que estar batallando para ello.

Como fui formada para la sociedad soñada del “hombre nuevo”, que por allá en los `70 la consideraban ya un hecho, no me cuesta entender que se perdió esa batalla, y que aún se continúan pagando las consecuencias. Así pues, mis sueños pasan por una realidad más cercana a las posibilidades en las que me toca vivir.

 No dejo de soñar en una justicia social, con igualdad de oportunidades para todos/as, pero intento transformarlas en productivas para la actualidad que me rodea.

Esta transformación la fundamento por la incredulidad de que un cambio tan profundo pueda ser real, ya que considero que ese cambio sólo puede ser posible por medio del compromiso de todos/as y sus voluntades. No considero que nuestro pueblo esté pensando en ello. Sí confío que en un futuro nuevas generaciones lo logren con nuevas formas. Por eso mis sueños más cercanos tratan sobre generar la mayor cantidad de herramientas para que en un futuro más próximo que lejano, se encuentre la fórmula correcta para conseguir esa sociedad idealizado por tantos en nuestra historia.

 Sueño con la libertad. Con mi libertad, con la libertad de todos/as. Me veo pisando las calles de cualquier ciudad, nadando en ríos, mares, lagos o pantanos. Me siento amar y ser amada. Cierro los ojos y degusto un buen vino o una simple cerveza. Me veo vibrar de las risas que resuenan en mi interior. Camino viendo un horizonte de naturaleza, vagando como tantas veces por alguna porción montañosa, sintiendo la lluvia o el sol acariciar mi piel. Sueño con la presencia maravillosa de los/as compañeros/as que a lo largo de mi vida he compartido tantas cosas.

 Mis ilusiones son que sigamos aprendiendo, que de a poco logremos erradicar la crueldad con la que debemos convivir a diario. Que no haya más presos/as, que no exista la miseria, que podamos decidir todo por nosotros mismos, que nos dejen vivir en paz, que la ternura invada las ganas de vivir de cada persona, generando la amplitud de pensamiento y la conciencia colectiva nos genere esa ideal calidad de vida.

Todo eso y más sueño, sueño que nuestro extraordinario planeta resista a los ataques de insensatez humana, que nos continúe dando la vida que nos merecemos.

GALLE

EZEIZA, JUNIO 2011

 http://www.lagallealacalle.blogspot.com/

El sistema de justicia que condenó a los Cinco: Las cárceles de la migra (Cuarta parte)

Por Salvador Capote*

En los años del siglo XVIII tras la fundación de la república, y durante casi todo el siglo XIX, a nadie en Estados Unidos se le ocurrió encarcelar a un inmigrante por el solo hecho de serlo. Hacían falta brazos para exterminar a los indios, conquistar el Oeste y arrebatar la mitad del país a los mexicanos; hacían falta europeos blancos para que la población negra –esclava primero y segregada y discriminada después- no se convirtiese en mayoría; y hacía falta mano de obra barata para impulsar el pujante desarrollo industrial capitalista y extender las líneas del ferrocarril hasta las costas del Océano Pacífico.

Es en la última década del siglo XIX, cuando Estados Unidos transita de su etapa expansionista a la francamente imperialista cuando, para el registro y examen de los inmigrantes, se crea el centro de detención de Ellis Island, en la parte norte de la bahía de New York, que serviría de filtro entre 1891 y 1954 para rechazar a los recién llegados que presentasen características indeseables.

 Con el tiempo, Ellis Island fue rodeada de una aureola romántica aunque, como dice la vieja canción irlandesa, fue una isla de esperanzas pero también de lágrimas. No todos tenían suerte, las mujeres que llegaban solas a la isla eran sistemáticamente rechazadas porque, de acuerdo a los hipócritas criterios puritanos de la época, si carecían de apoyo familiar o, en otras palabras, de un hombre que las representase, podían caer fácilmente en el vicio y la prostitución. Los pasajeros que arribaban al puerto viajando en primera y segunda clase, llenaban sus formularios en la privacidad de sus camarotes y desembarcaban en Manhattan, no pasaban por Ellis Island. La isla era sólo para procesar a los que viajaban en tercera clase o hacinados en los entrepuentes, o sea, a los pobres (1).

 La historia de los servicios de inmigración de estos primeros años está llena de lagunas pues muchos registros se quemaron durante el incendio de las instalaciones originales de Ellis Island, el 14 de junio de 1897, o fueron destruidos deliberadamente por la administración Eisenhower. Sin embargo, en una memoria de la legendaria puerta de entrada, realizada por el Departamento de Justicia, se describe el lugar como “una penitenciaría de duros castigos que era para muchos una pesadilla”. …”Por causa de la angustia mental –señala el documento- muchos inmigrantes se quitaban la vida”. Hacia 1930 la cifra de suicidios ascendía a más de 3,000. En 1953 un juez de la Corte Suprema de Justicia calificó a Ellis Island –que un año después cerraría sus puertas- como “isla prisión” (2).

La política migratoria de Estados Unidos ha sido siempre racista pero con tolerancia directamente proporcional a la prosperidad económica. En la década de los veinte, por ejemplo, vivían en New York más de cien mil puertorriqueños pero en los años de la Gran Depresión la cifra descendió a la mitad para subir después vertiginosamente con la recuperación económica al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Franklin Delano Roosevelt transfirió el INS del Departamento del Trabajo al Departamento de Justicia pensando seguramente que en tiempos de guerra estaría allí mejor ubicado, dando origen de este modo a toda una serie de cambios tanto en su estructura como en sus métodos. A pesar de toda la carga ideológica racista y clasista, las tres décadas posteriores fueron, relativamente, las mejores de los servicios de inmigración, cuando era todavía una institución civil y no era política de la institución encarcelar innecesariamente a los inmigrantes indocumentados.

Es bajo el gobierno de Ronald Reagan que la agencia comienza a transformarse –mediante un largo proceso que dura hasta el presente- en un poderoso aparato represivo, cada vez más fuera de control y que desarrolla impunemente actividades secretas. Bajo la administración Reagan comienza la militarización de la frontera sur y, en general, de las operaciones del INS. Además, se elaboran planes militares de contingencia para situaciones hipotéticas en que fuese necesario detener a cientos de miles de indocumentados (3).

En 1981, un número considerable de haitianos llega a las costas de la Florida utilizando todo tipo de embarcaciones. Reagan les niega el status de refugiados y, violando acuerdos internacionales, ordena su detención en masa y la ampliación del Centro de Detención de Krome, en Miami, para albergarlos. Reagan califica a los haitianos como refugiados “económicos” con el fin de justificar su negativa a reconocerlos como refugiados políticos. Si los que llegan en bote son cubanos, se les admite de inmediato y se les abre una puerta ancha a la residencia legal y a la ciudadanía (en la política hostil contra la Revolución Cubana todo vale); si son haitianos, se les encierra en Krome y, brutalmente, se les expulsa del país.

Krome posee un nutrido y tenebroso expediente de abusos de todo tipo contra los inmigrantes detenidos. Por ejemplo, en un reportaje de Debbie Sontag, en el Miami Herald, con el título “Krome: historias de desesperación” y de subtítulo: “Palizas de los guardias en medio de relatos de horror” (4), se describe como los oficiales del centro manoseaban rutinariamente a las jóvenes haitianas detenidas y las acosaban y agredían sexualmente, y como mantenían a niños presos, en contra de la ley, entre otras infamias. Cada una de las detenidas sufría una múltiple discriminación: por mujer, por negra, por pobre, por extranjera, por no conocer el idioma, por su bajo nivel cultural. ¿Qué oportunidad de defensa tenían ante el asalto sexual de guardias prepotentes cuando, quizás sólo unas horas después, sin amparo legal alguno, con esposas y cadenas, serían deportadas por la fuerza a su país natal?.

El número de detenidos por los servicios de inmigración ha tenido un aumento exponencial en las últimas dos décadas. Como no dan abasto en sus propios centros, los inmigrantes detenidos pueden estar en cualquier sitio de la amplísima red penitenciaria del país, mezclados con delincuentes comunes, a pesar de que técnicamente no están cumpliendo sentencia alguna sino en calidad de “administrative detainees” (detenidos administrativamente). Se les puede encontrar en cárceles locales, prisiones estatales o federales o, en lo que es a mi juicio la mayor aberración del sistema de justicia de Estados Unidos, la creciente urdimbre de cárceles privadas que operan corporaciones como “Corrections Corporation of America (CCA)”, “GEO Group Inc.”, “Management and Training Corporation (MTC)”, “Wackenhut Corporation” (WC), y “Correctional Service Corporation (CSC)”. En 2010, CCA y GEO reportaron ingresos por 1.69 y 1.17 billones de dólares respectivamente (5).

La primeras prisiones privadas de Estados Unidos comenzaron a operar en 1984 como centros de detención de inmigrantes: “Aurora Services Processing Center” (de Wackenhut), cerca de Denver, Colorado, y “Houston Processing Center” (de CCA) en Texas. Hoy las cárceles privadas, que lucran con el encarcelamiento de seres humanos, cubren todo el territorio del país Más de la mitad de los detenidos por inmigración ocupan celdas en instituciones de la llamada industria del castigo.

La detención de inmigrantes se ha convertido en negocio muy lucrativo y, a su sombra, otros muchos negocios colaterales prosperan. Por ejemplo, algunos se preguntan por qué los presos son trasladados con tanta frecuencia de una instalación penitenciaria a otra. Hay inmigrantes detenidos que han recorrido ya, de cárcel en cárcel, toda la geografía de Estados Unidos. La respuesta, o una de ellas, es que el traslado de prisioneros también está, en parte, en manos privadas y es un negocio excelente y rentable.

 Pero no únicamente para la empresa privada la detención masiva de inmigrantes y, en general, el “boom” de la población penal de Estados Unidos, ha resultado un cuerno de la abundancia. Políticos locales de pueblos y ciudades que languidecían económicamente y con alta tasa de desempleo, sobre todo en el sur del país, han aprovechado la situación para crear o ampliar facilidades carcelarias y rentarlas a los servicios de inmigración. Se trata de un negocio multibillonario que, además, genera muchos puestos de trabajo. Ya el estado financiero de algunas ciudades depende de los fondos federales o estatales que ingresan a través de sus cárceles. Esta situación estructural torcida victimiza aún más a los reclusos porque los que una vez al año (si es que cumplen con la ley) revisan la situación de los inmigrantes detenidos por tiempo indeterminado, con vista a su posible liberación, son los mismos que poseen interés económico o político en la prolongación del encarcelamiento, y no es de esperar por tanto que las decisiones favorezcan al prisionero.

En 1996 el Congreso aprobó dos leyes que introdujeron nuevas y radicales transformaciones en el accionar del INS (6). Estas leyes ampliaron exageradamente las categorías de delitos a causa de los cuales los inmigrantes legales podían ser detenidos y deportados y, además, se aplicaron con carácter retroactivo y con la pretensión de que las decisiones de INS no podrían ser revisadas por las cortes. Con estas leyes se hizo clara la tendencia a dirigir contra los inmigrantes la lucha antiterrorista sin que existiesen motivos racionales para ello. Satisfacían sin embargo el sentimiento xenófobo y racista de la ultraderecha.

En ese mismo año de 1996, el INS de Atlanta circuló un memorándum entre los fiscales que constituye uno de los documentos más perversos en la historia del sistema de justicia norteamericano. En esencia, instruía a los fiscales de manera insidiosa y mal intencionada, en cómo manejar las negociaciones con los inmigrantes legales que cometiesen delitos (En Estados Unidos más del 90 % de los fallos de culpabilidad son el resultado de negociaciones entre el fiscal y el abogado de la defensa, no de juicios) de manera que se pudiese proceder a la deportación aún por delitos de menor cuantía. De acuerdo con el documento, el fiscal podia convenir con el acusado el no cumplimiento de la sentencia, pero la naturaleza de ésta debía permitir, sin que el acusado lo supiera, su posterior deportación (7).

La última transformación del INS que convirtió esta agencia en el engendro represivo que es actualmente, tuvo lugar en marzo 1 de 2003, al pasar a formar parte de un nuevo organismo, el “Department of Homeland Security (DHS)” (Departamento de Seguridad Nacional). Ahora, la responsabilidad de las detenciones la tiene el “Immigration and Customs Enforcement (ICE)”. Con la atmósfera de histeria anti-inmigrante creada y mantenida después del once de septiembre y con la promulgación de la Ley Patriota y otras que le dan a este organismo cada vez mayor poder, secretismo y libertad de acción, es casi imposible que se logre avanzar hacia una reforma migratoria justa. Por el contrario, es de esperar que las detenciones de inmigrantes continúen aumentando y que los abusos y arbitrariedades contra éstos se multipliquen. Además, los inversionistas de la industria del castigo, que contemplan a las decenas de millones de inmigrantes legales e ilegales como la mayor reserva del mundo de materia prima humana para sus cárceles, poseen ya poderosos “lobbies” en el Congreso Federal y en los Congresos Estatales que dedican sumas millonarias a promover leyes draconianas que convierten a los inmigrantes en delincuentes elegibles para su detención y deportación. Esta manipulación del sistema legal norteamericano conspira contra su legitimidad y es inevitable que muestre (muestra ya) sus dañinas consecuencias.

Mientras tanto, los informes sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos en las cárceles de inmigrantes se multiplican. Informes de “Florida Immigration Advocacy Centre” (FIAC) y de “Human Rights Watch” (HRW) publicados en marzo de 2009, revelaron que en los centros de detención de inmigrantes se abusa sistemáticamente de los detenidos que necesitan cuidados de salud, especialmente de las mujeres. “Las tasas de mortalidad empeoran”. (…) “Se detiene innecesariamente a personas con enfermedades graves y que no representan amenaza o peligro alguno para la comunidad”. Los servicios de salud para los detenidos son extremadamente precarios y no existe prácticamente control oficial. El tratamiento a las personas con incapacidades físicas es violento e inadecuado, el personal se conduce de manera “cruel y abusiva”, existe hacinamiento y condiciones insalubres en las enfermerías y se utiliza el aislamiento y el traslado de pacientes como castigo a los que se quejan. De acuerdo con FIAC los detenidos alegan que son tratados como criminales. HRW informa de graves violaciones en el trato a las mujeres, como el encadenamiento de embarazadas, negación de tratamiento a las que presentan síntomas de cáncer mamario o cervical, así como afrentas a su dignidad. El 80 % carece de abogado.

Los centros de detención de niños y jóvenes poseen su propio historial sórdido y espeluznante que me propongo tratar con mayor amplitud en otra oportunidad. Me limitaré a señalar que una investigación muy reciente del Palm Beach Post (8) demostró que en estos centros –operados en su mayor parte por compañías privadas- manejan la conducta de los niños mediante fuertes dosis de poderosos medicamentos anti-psicóticos (Seroquel, Abilify, Risperdal y otros), la “artillería pesada” de la psiquiatría, que provocan tendencias suicidas y otros peligrosos efectos secundarios. La investigación demostró que el Departamento de Justicia Juvenil (DJJ) de la Florida no controla la administración de medicamentos a los niños. Antoinette Appel, neurofisióloga de la ciudad de Tamarac, en el Condado Broward, explicó que “como no les está permitido [a los centros bajo la responsabilidad del DJJ] ponerle esposas y grilletes a los niños, utilizan drogas anti-psicóticas como sustituto”. Según el Dr. Robert Hendreu, Director del Departamento de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de la Universidad de California, este tipo de drogas seda a los niños para que parezca que no tienen problemas. “Podría decirse –comentó- que se convierten en zombies”.

Más de 600,000 familias de inmigrantes enfrentan actualmente órdenes de deportación (9). ¿Cuántas serán destruídas en nombre de la ley? ¿Cuántos niños y jóvenes serán separados de sus padres en aras de un absurdo modo de combatir el terrorismo? ¿Cómo medir el dolor de tanta gente humilde sacrificada para satisfacer mezquinos intereses partidistas?.

  (1)  Records of the Immigration and Naturalization Service. Part 3: Ellis Island, 1900 – 1933. A microfilm project of University Publications of America (1995).
(2)  U.S. Department of Justice, Immigration and Naturalization Services, “Isle of Hopes, Isle of Tears”, prepared by K. Barry, no date [probably 1986]. Citado por Mark Dow en “American Gulag”, Univ. of Cal. Press (2004), p. 6.
(3)  Timothy J. Dunn: “The militarization of the U.S.-Mexican border”, Center for Mexican American Studies, University of Texas, Austin, (1996).
(4)  Debbie Sontag: “Krome: Stories of Despair”, Miami Herald, April 11, 1990.
(5)  Mandy Oaklander: “Texas, immigration detention capital of the country”, May 18, 2011.
(6)  “Antiterrorism and Effective Death Penalty Act” e “Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act”.
(7)  Mark Dow: “American Gulag”, Univ. of Cal. Press (2004), p. 180.


*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.

Imagen agregada RCBáez