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Un “asesinato” fabricado: El Plan

miércoles, 12 de septiembre de 2012
Por Ricardo Alarcón de Quesada


El Cargo 3, agregado en mayo de 1999 contra Gerardo Hernández Nordelo después que llevaba casi 8 meses preso, reposa sobre una premisa, más que falsa, absurda: la inventada existencia de un plan del gobierno cubano para atacar aeronaves de Estados Unidos en el espacio internacional lo que equivale a decir que Cuba quería una confrontación militar con su poderoso vecino. ¿Puede alguien creer que esa era la intención de un país que jamás había atacado a nadie y atravesaba en esos momentos la peor crisis económica de su historia? ¿Qué podía ganar en una guerra con Estados Unidos?

El primer problema para fabricar algo tan delirante es que existe copiosa documentación que prueba exactamente lo contrario. Cuba, además de denunciarlo públicamente, protestó cada violación a su territorio mediante notas diplomáticas en las que solicitaba a Washington que actuase para impedir su repetición. Fueron más de una docena de planteamientos oficiales. Paralelamente hicimos gestiones discretas, a muy alto nivel, con el Departamento de Estado y la Casa Blanca, en las que transmitimos nuestra preocupación y les pedimos ayudasen a evitar una confrontación. El Presidente Fidel Castro intervino personalmente en esos esfuerzos. Bill Clinton prometió que las provocaciones no se repetirían.

En respuesta a nuestras notas diplomáticas el Departamento de Estado nos informó que habían iniciado el proceso para retirarle su licencia de vuelo a José Basulto, el jefe del grupo provocador, y nos pidió informaciones adicionales que recibió y agradeció, formalmente, por escrito.

El señor Basulto, por cierto, llevó su insensatez entonces a declarar abiertamente que el deterioro de la economía era tal que Cuba no tenía medios para proteger sus fronteras y prometió continuar las provocaciones.

El 24 de febrero de 1996 era un día soleado y tibio. Un sábado agradable en el que nadie aquí vislumbraba la tragedia. A lo largo del Malecón muchos contemplaban una competencia de lanchas deportivas. Otros preparaban afanosamente el penúltimo desfile del Carnaval. No eran pocos tampoco los que se dirigían hacia el estadio para asistir a un juego decisivo en el que el equipo de pelota insignia de la capital enfrentaría a su principal rival. En la Universidad acabábamos de conmemorar el 40 Aniversario de la fundación del Directorio Revolucionario de la FEU (Federación Estudiantil Universitaria) y a mediodía, viejos combatientes y estudiantes celebrábamos la fecha también junto al litoral.

Miles de habaneros participaban en esas actividades, despreocupados, sin tener la menor idea de que, en algún lugar más allá del mar alguien planeaba sobrevolar la ciudad para confirmar la peregrina hipótesis de nuestra indefensión.

Otros, allende el Estrecho de la Florida, sí anticipaban lo que iba a suceder. Según la información que Washington entregaría más tarde a la misión de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) que investigó el incidente, el Departamento de Estado encargó a un funcionario mantenerse en contacto permanente con el aeropuerto de Opalocka desde antes de despegar el fatídico vuelo. Tiempo después, cuando la Junta para la Seguridad del Transporte Aéreo discutía el asunto – porque finalmente le retiraron a Basulto su licencia -, un funcionario de apellido Houlihan, responsable de monitorear los radares norteamericanos desde el centro de control en California, testificó que varias semanas antes y la víspera del 24 de febrero le habían advertido desde Washington que vigilase especialmente los vuelos que el grupo de Basulto haría ese día porque se iba a producir un incidente.

Alguien estaba enterado de lo que podía suceder pero no hizo nada para evitarlo como era su obligación y tampoco alertó a Cuba.

Sí, hubo un plan, pero a él eran totalmente ajenos el Gobierno de Cuba y por supuesto, Gerardo Hernández Nordelo.

Gerardo probablemente estaba, como tantos industrialistas, esperando la victoria de su equipo. Nada conocía él ni nadie en Cuba de la provocación aérea que se avecinaba. No podía adivinar que lo que otros planeaban tendría tan graves consecuencias para él.

Él nada sabía de lo que pasaría aquel día. Nunca pudo imaginar que aquella luminosa tarde de primavera anticipada sería transformada, años después, en la vulgar calumnia que lo condujo a un verdadero infierno.

Fuente Cubadebate

Los Cinco de Cuba y las verdades ocultas

martes, 19 de junio de 2012
Por Salvador Capote


 
El profesor Martin Garbus, uno de los más prestigiosos juristas estadounidenses, integrante del equipo de defensa de los patriotas cubanos encarcelados en Estados Unidos, y sus colegas Tom Goldstein y Richard Klugh, presentaron recientemente una moción ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, a nombre de Gerardo Hernández Nordelo –uno de los Cinco- , con el fin de obtener la orden pertinente para que el gobierno entregue documentos que obran en su poder y que se negó a divulgar durante el proceso judicial.

La moción forma parte de la apelación colateral iniciada en junio de 2010, basada en el derecho que tienen sus defendidos de conocer el alcance de la campaña de publicidad negativa contra ellos financiada por el gobierno para asegurar que fuesen declarados culpables.

Involucrados en la cobertura incendiaria pagada por el gobierno antes, durante y después del juicio contra los Cinco, se encuentran 84 periodistas, locutores y comentaristas de varios órganos de la prensa escrita, siete canales de televisión y 13 estaciones de radio. (1)

En enero de 2009, el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, basándose en la Ley de Libertad de Información (“Freedom of Information Act, FOIA”) solicitó al Buró de Gobernadores de Transmisiones (“Broadcasting Board of Governors, BBG”), agencia oficial de propaganda del gobierno,  y a su Oficina de Transmisiones a Cuba (“Office of Cuba Broadcasting, OCB”) información sobre los pagos realizados  a periodistas de Miami creadores de una atmósfera envenenada que impidió  la realización de un juicio justo en esta ciudad. (2)

Varios meses más tarde, la OCB entregó muy limitada información preliminar sobre pagos realizados a algunos de estos periodistas. Desde entonces, la agencia se ha negado a liberar toda la información que posee sobre los contratos suscritos con la prensa de Miami, en particular los anteriores a 1999, de vital importancia para la defensa de Gerardo.

No obstante, el esfuerzo realizado durante varios años por el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco, y la Sociedad para la Fundación de la Justicia Civil, logró poner al descubierto una cantidad impresionante de materiales probatorios de esta operación gubernamental. El periódico “Liberation” ha publicado hasta ahora más de 2,200 páginas de contratos entre periodistas de Miami y Radio-TV Martí (3). Aunque estos documentos constituyen sólo una parte minúscula de los que la OCB se niega a liberar, constituyen prueba suficiente de que el gobierno que juzgó a los Cinco pagaba al mismo tiempo a los periodistas que creaban la atmósfera que hacía inevitable la condena.

Recordemos que las leyes estadounidenses prohíben claramente la utilización de fondos federales para financiar la propaganda encubierta dentro del territorio de Estados Unidos.

Los pagos secretos, realizados principalmente a través de Radio y TV Martí, a periodistas supuestamente independientes, no sólo son contrarios a la ética de los comunicadores sino que violan flagrantemente la ley y revelan que la condena a los Cinco fue determinada por razones políticas.

En el período que va desde el 27 de noviembre del año 2000 hasta el 8 de junio de 2001 -que corresponde al tiempo transcurrido desde el inicio del proceso contra los Cinco hasta que fueron considerados culpables por el jurado- el Nuevo Herald publicó 806 artículos, y “The Miami Herald” 305, que podían influir negativamente en el proceso judicial (4). Esta sobresaturación de la prensa creando un clima hostil contra los Cinco debería bastar para que el sistema judicial de Estados Unidos declarase nulo un juicio que nunca debió realizarse en Miami.

FOIA es una ley federal que permite solicitar información al gobierno acerca de sus acciones. El gobierno está obligado a entregar toda la información requerida siempre que no esté clasificada o, por ley, exenta de divulgación. Está en vigor desde 1967 pero ha sufrido modificaciones a través de los años, sobre todo a partir de 1982. Con la escalada de guerras de agresión, operaciones encubiertas, programas de entrenamiento en técnicas represivas (Escuela de las Américas), apoyo a dictadores latinoamericanos, golpes de estado, asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias, prisiones clandestinas, torturas de prisioneros etc., la necesidad de sucesivas administraciones norteamericanas de mantener secretas sus acciones dieron por resultado varias enmiendas y órdenes ejecutivas que mellaron casi completamente el filo de esta ley, incluyendo la Orden Ejecutiva de 2009 del presidente Obama, aberración jurídica que permite reclasificar retroactivamente  documentos que estén ya en trámite de entrega.

Numerosas operaciones encubiertas y los documentos relacionados con ellas permanecen total o parcialmente en secreto. Mencionaré entre las principales el derrocamiento de gobiernos electos democráticamente como los de Guatemala e Irán en la década de los 50, el financiamiento de partidos políticos pro-USA en Europa, la invasión a Cuba por Playa Girón en 1961, el golpe de estado de Augusto Pinochet en 1973, las operaciones militares secretas en Vietnam, Cambodia y Laos -financiadas con el tráfico de heroína-  y la guerra sucia contra Nicaragua en los 80.

Mantener a toda costa el secreto de sus acciones tomó carácter obsesivo en las administraciones republicanas.  Al término del mandato del presidente Ronald Reagan permanecían clasificados cerca de 7 millones de documentos. Pero el delirio del secretismo alcanzó su clímax con George W. Bush. Sólo en 2004, su administración clasificó 15.6 millones de documentos a un costo de 7.2 billones de dólares. Inventó, además, nuevas categorías de clasificación y mediante una orden ejecutiva selló todos los archivos presidenciales a partir de 1980. (5)

Durante la administración Bush-Cheney la tasa de clasificación de documentos aumentó en un 75 %. En 2005, por cada $1 gastado en desclasificar viejos secretos, las agencias federales gastaron $148 creando y almacenando otros nuevos (6). Por otra parte, una directiva interna del Fiscal General John Ashcroft de 12 de octubre de 2001 convirtió las solicitudes al FOIA en procesos extremadamente lentos, difíciles y costosos.

El secretismo ha servido para manipular a la opinión pública, impedir el análisis crítico tanto de la política interna como exterior del país y ocultar los errores y actos ilegales de los funcionarios del gobierno. También  se ha utilizado con frecuencia contra opositores domésticos. Si mucho tienen que clasificar es porque tienen mucho que ocultar. No son extraños, por tanto, los obstáculos impuestos por la OCB a las solicitudes de información del Comité Nacional por la Libertad de los Cinco.

Pero el ocultamiento de evidencias que atañen al juicio contra los cinco patriotas cubanos abarca mucho más que documentos escritos. La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) solicitó en 1996 al gobierno de Estados Unidos que mostrase las imágenes satelitales que posee y que demostrarían que las avionetas de Hermanos al Rescate violaban la soberanía de Cuba y que fueron derribadas en el espacio aéreo cubano. La solicitud fue rechazada. Tanto en el juicio como en los dieciséis años transcurridos, el gobierno de Estados Unidos se ha negado sistemáticamente a mostrar las imágenes del satélite, ocultando de este modo una prueba decisiva que anularía los cargos y las sentencias  impuestas a Gerardo y  a sus compañeros (7).

El gobierno de Estados Unidos no permitió, además, la presentación por la defensa de los numerosos testigos y abundantes pruebas de las acciones terroristas realizadas contra Cuba.

Esta información era crucial para la defensa porque evidenciaba que el objetivo de los Cinco no era otro que el de monitorear a las organizaciones mafiosas de Miami con el fin de impedir acciones hostiles contra su patria.

El secretismo culpable se completa con el muro de silencio mediático en torno a los Cinco. Durante el juicio, y en los meses anteriores y posteriores a éste, la histeria de los medios de Miami, alimentada con fondos federales, logró crear lo que en Estados Unidos llaman un “jurado de linchamiento”, mientras el resto del país ignoraba completamente lo que sucedía en esta ciudad. Consumado el crimen, una férrea censura impide que el pueblo estadounidense conozca la verdad. Pero somos ya millones en el mundo los que tenemos como cuestión de honor y de principios el mantener contra la infamia una denuncia universal y permanente.

Notas

(1)     Prensa Latina, 13 de junio de 2010.
(2)     Gloria la Riva, National Press Club, Washington, DC., June 2, 2010.
(3)     El BBG –agencia gubernamental-  y su “Office of Cuba Broadcasting, OCB”, operan Radio y TV Martí.
(4)     Salvador Capote: “Los Cinco y la propaganda encubierta”, Cubadebate, 2 de diciembre de 2009.
(5)     J. R. Norton: “Saving General Washington”, Penguin, N.Y., 2006, pp. 71-72.
(6)     Mark Green: “Losing Our Democracy”, Sourcebooks Inc., 2006, p. 265.
(7)     Ricardo Alarcón: “La verdad secuestrada”, Cubadebate, 20 de julio de 2011.

Sugerencia; vea además:

El recurso de hábeas corpus de Gerardo Hernández, uno de los 5 Héroes cubanos

¿Por qué derribó Cuba dos aviones norteamericanos de Hermanos al Rescate?



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