La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, exhortó este miércoles al Gobierno de Colombia para que reconozca la existencia y desmantele a los grupos paramilitares que aun operan en ese país suramericano.
En la presentación de su informe ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Pillay denunció que aunque el Gobierno de Colombia se empeña en negar la presencia de los paramilitares, es obvio que esos grupos “continúan en expansión”, cometiendo delitos de extorsión y secuestro de civiles.
“Aumentan el número de masacres y de víctimas que se les atribuyen, ejercen control territorial, restringen la libertad de movimiento de la población imponiendo sus normas de comportamiento y sanciones públicas y resolviendo conflictos sociales, en muchas ocasiones de manera brutal”, insistió la vocera.
Pillay enfatizó que lo preocupante es que también se observa una “complicidad de algunas autoridades locales y miembros de la fuerza pública con esos grupos (…) causada por corrupción, intimidación y amenazas”, por lo que insistió en que esas bandas “no han sido efectivamente desmanteladas”.
“La mayoría de los casos de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos permanecen en la impunidad”, pero el Gobierno debe trabajar en contra de esto, reiteró Pillay.
Falsos positivos
Además de los paramilitares, la Alta Comisionada de la ONU también denunció que las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” no se han erradicado totalmente en Colombia.
“La práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente. La oficina en Colombia observó casos con características de esta grave violación en Arauca, Bogotá, Cauca y Cesar”, reza el informe sobre el país suramericano preparado por Pillay y que este jueves será considerado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“En varios casos se observaron inconsistencias sobre lo ocurrido en las versiones de las autoridades militares, así como una tendencia por parte de algunos funcionarios a desprestigiar y estigmatizar a las víctimas y a entorpecer la justicia”, prosigue el informe, que detalla ejemplos concretos.
El Alta Comisionada considera que el Gobierno debería investigar estas denuncias e implementar debidamente la normativa que impide y previene dicha práctica, en aras a que este tipo de ejecuciones no vuelvan a ocurrir.
Organizaciones no gubernamentales revelaron recientemente que en 2011 hubo 49 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, una de las cifras más altas de los últimos años.
Ante estas afirmaciones de la ONU, la delegación de Colombia en ese organismo replicó que el Estado “tiene una política institucional de tolerancia cero frente a las violaciones de los derechos humanos” y que “la lucha contra la impunidad continúa siendo una prioridad del Gobierno Nacional”.
La delegación también dijo que “el respeto y garantía de los derechos de los defensores de derechos humanos en el país ha sido un compromiso permanente del presidente Juan Manuel Santos“, recalcando que esto se ha “demostrado” con la manifestación de pronunciamientos formales y públicos de reconocimiento de su labor.
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