El caso seguido al compañero Enrique Flores Lanza, ha estado impregnado desde siempre de un contenido profundamente político. El sistema de administración de justicia, participante directo en la ejecución del golpe de Estado Militar de junio de 2009, corrompido desde hace muchos años, nos hace reflexionar y concluir que hemos ingresado en un terreno tenebroso en el que el Estado hondureño es incapaz de garantizar el respeto de los preceptos constitucionales y las leyes que deberían estar destinados a darle credibilidad al país.La arbitrariedad, construcción de pruebas, juicios sumarios, fallos que rayan en la imbecilidad, son solo algunos de los males que afligen a nuestra sociedad, que hoy ve este sistema “justiciero” más como una amenaza que como una garantía; oficialmente, la ciudadanía teme a todos los estamentos de este aparato, politizado in extremis, corroído por la corrupción y la impunidad promovida por las clases dominantes del país que controlan descaradamente este sensible aparato del Estado que incluye a la policía y a los militares.
Ahora resulta que en Honduras la justicia se utiliza para desestabilizar la seguridad interna del país, mostrando características parecidas al de la Santa Inquisición, en la que la iglesia funciona como un oráculo, en el que se anuncian las fatalidades que la clase dominante tiene prevista para los ciudadanos que se oponen al cinismo, la hipocresía y la cobardía de un Estado caduco, injusto e incapaz de controlar las crisis que sus patrocinadores le organizan.
En el caso Flores Lanza, se lanza un ataque directo contra el Frente Nacional de Resistencia Popular, ente que evidentemente representa una opción de cambiar el orden de cosas en Honduras en el corto plazo. Los juicios que han sido desde el principio la expresión más vulgar de la arbitrariedad creada por el esquema del Golpe de Estado, tienen responsables desde hace años; para nadie es un secreto quien recibió el dinero, quienes se beneficiaron, quienes disfrutan aun hoy de ese dinero. Increíblemente, los señores encargados de investigar cuentan con elementos de prueba como videos y testimonios y no buscan al principal sospechoso.
Este es un momento delicado en la época post golpe, en el que se necesita una visión ampliada de todos los miembros de la resistencia nacional, pues la acción contra Flores Lanza marca, seguramente, el inicio de una escalada mayor, a la que necesitamos responder con sentido crítico y unitario. Es inaceptable que nosotros sirvamos de trampolín para las calumnias y el escarnio que emanan de las mentes rastreras de los seudo intelectuales golpistas. No es la corrupción en Honduras lo que se está tratando de combatir, de ser así, el imputado gozaría de todas sus garantías; esto se trata de un acto político que suma una nueva víctima, esta vez un miembro de la Comisión Política del Frente Nacional de Resistencia Popular.
El Estado hondureño demuestra que es frágil, que cumple con la voluntad del imperio y las estrategias de los grupos de poder que dominan sin límites la vida de todos los ciudadanos, y que, además, no le importa llevar al país al despeñadero, con tal de imponer el crimen institucional desde las esferas del poder como la forma en que se rige la nación. El reclamo por una nueva sociedad se fortalece en medio de esta afrenta a la inteligencia, que solo sirve para saciar la morbosidad de una jauría de hienas urgida de un festín.
Evidentemente, cuando estamos frente una agresión política descarada de una banda de delincuentes pendencieros, no podemos menos que reaccionar colectivamente y enfrentar al Estado, representado por Porfirio Lobo Sosa, quien de aquí en adelante es el responsable directo de la suerte que haya de correr el país. Él sólo tiene dos posiciones posibles: es consecuente con su discurso de reconciliación -dándole el beneficio de la duda- y ejerce sus facultades como regente de este circo; o es parte del mismo, ante lo cual la situación del país, por más mentiras que digan, se sume en una profunda crisis que costara mucho al país más atrasado de la América continental.
Es difícil presumir que el gobierno norteamericano y la derecha gusana de Miami estén fuera de este descomunal acto de desdén contra los seres humanos y sus derechos; en todas las otras violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad encontramos rastros de su participación. No encontraron la manera de evitar el acuerdo, entonces ahora aparecen los Noriegas descalificando el movimiento de liberación de nuestra patria. Es impostergable resolver nuestra actitud militante para contrarrestar la canallada detrás de estos siniestros personajes que aquí los medios de Canahuati y Flores Facussé nos presentan como eruditos demócratas.
Hemos visto a lo largo de estos meses desfilar como criminales a compañeros sindicalistas, maestros, todos tratados de forma de exhibirlos y humillarlos, ahora le ha tocado al compañero Enrique; todos ellos son víctimas de la avaricia de los perros del dinero y las hienas que creen que la historia es inmóvil, lo que los protegerá de por vida del inevitable rendimiento de cuentas. Estos compañeros son símbolos de nuestra lucha y ejemplos de valor y fortaleza que debemos imitar orgullosos cada día más. Tenemos compañeros en huelga de hambre en las cercanías del congreso, y muchas víctimas ocasionadas por los conflictos agrarios; ante este Estado represivo estamos obligados a luchar con todos los medios disponibles. Esto no se puede dejar para después, la justicia es ahora, vamos a luchar para acabar de una vez por todas con toda esta pesadilla.
* Miembro del Equipo de Análisis Político del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP
16/junio/2011
Zelaya denuncia violaciones del Acuerdo de Cartagena
Tegucigalpa, 16 jun (PL) El ex presidente hondureño Manuel Zelaya calificó de violación del Acuerdo de Cartagena de Indias la decisión de un juez de decretar arresto domiciliario contra un ex funcionario de su gabinete.
"Exigimos al gobierno de Porfirio Lobo que detenga y resuelva esta nueva escalada de persecución", expresó Zelaya, tras conocer la decisión de un magistrado de procesar al ex ministro de la presidencia Enrique Flores Lanza por presunta corrupción.
Recordó que este nuevo acto de arbitrariedad viola lo pactado en Colombia, donde Lobo ofreció garantías para el retorno del ex presidente y de los ex funcionarios de su gobierno, derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009.
Zelaya alertó a la comunidad internacional sobre esta trasgresión al Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático, firmado en Cartagena de Indias, con la mediación de Venezuela y Colombia.
El pacto contempla además el reconocimiento al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como una fuerza política, el respeto a los derechos humanos y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Tras recorrer la costa atlántica el fin de semana, Zelaya reafirmó la determinación del FNRP de continuar la lucha por una nueva constituyente para la refundación del país.
Prensa Latina
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