Siguen pasando los días y se siguen sucediendo las decisiones políticas que nos acercan inexorablemente al fin del Estado del Bienestar tal y como ya dijimos anteriormente.
Aprovechando el acaparamiento mediático por parte de controladores aéreos y atletas, prácticamente han pasado desapercibidas una nueva batería de decisiones cuyo único propósito es el de favorecer a las elites económicas.
De nuevo, nuestro gobierno de falsos socialistas, se arrodilla ante el poder del dinero y acata sus deseos apretando un poco más la soga que rodea nuestros cuellos y que estos criminales que presiden las grandes corporaciones nos pusieron hace largo tiempo.
Vuelven a la carga en su proceso de privatización de entidades públicas. Esta vez, lo han hecho con una gran parte de AENA (posiblemente éste sea el origen de los decretazos del gobierno y la respuesta de los controladores) y de las Loterías y Apuestas del Estado a cambio de poco más de 15.000 millones de euros que, por supuesto, irán destinados a pagar esa famosa deuda que las propias elites financieras propiciaron y de la que ahora se siguen beneficiando. Esta privatización significa la renuncia al ingreso anual que daban estas entidades y que pasarán directamente a las arcas de la empresa privada. Esta falta de futuros ingresos llevará a un mayor recorte del gasto social y ambiental que es lo que al parecer es más prescindible en opinión de los "políticos democráticos". Este recorte se observa claramente en la decisión de eliminar la ayuda de 426 euros a los parados sin ninguna otra prestación y que inevitablemente condenará a miles de personas a la indigencia y a la beneficencia (muchas de las organizaciones que se dedican a ello se han convertido en el verdadero sistema de sustento para muchísimas familias españolas).
Uno podría pensar que el aumento de beneficios que el gobierno facilita a las grandes corporaciones se podría ver compensado con la subida de impuestos a estas mega empresas y a los inmensos salarios que cobran sus directivos. Nada más lejos de la realidad, el único impuesto que sube es el del tabaco (recurso fácil para los políticos que se amparan en el beneficio para la sanidad pública, a pesar de que esta sanidad está cada día más abandonada y abocada a la privatización). Por contra, disminuyen los impuestos de las grandes empresas. Así, se amplía el régimen de libertad de amortización para inversiones nuevas, se las declara exentas del Impuesto sobre Operaciones Societarias, se elimina el pago a las Cámaras de comercio y se suprime la obligación de publicar sus actos en los medios de comunicación (¡esto sí que es transparencia!). Si a estas ventajas fiscales concedidas les añadimos las anteriores decisiones tomadas en torno a los impuestos sobre patrimonio, sociedades y las SICAV (sociedad de inversión de capital variable, que no son más que un método oficial y legal para evadir impuestos y divisas que tienen las elites económicas), no se puede pensar otra cosa que no sea que los verdaderos gobernantes no son los políticos si no los banqueros y grandes magnates. Para ponerle la guinda al pastel añadamos el nulo interés de los gobiernos por terminar de una vez por todas los paraísos fiscales y por grabar las grandes operaciones especulativas.
En España hemos pasado en pocos años de estar en la cresta de la ola a estar totalmente sometidos al yugo neoliberal. Con esta secuencia de acontecimientos es inevitable pensar, sólo hay que ver el paralelismo con otros países, si todo esto no forma parte de una estrategia de largo recorrido bien meditada y destinada a exprimir a una sociedad sin que ésta tenga conciencia de ello.
Aprovechando el acaparamiento mediático por parte de controladores aéreos y atletas, prácticamente han pasado desapercibidas una nueva batería de decisiones cuyo único propósito es el de favorecer a las elites económicas.
De nuevo, nuestro gobierno de falsos socialistas, se arrodilla ante el poder del dinero y acata sus deseos apretando un poco más la soga que rodea nuestros cuellos y que estos criminales que presiden las grandes corporaciones nos pusieron hace largo tiempo.
Vuelven a la carga en su proceso de privatización de entidades públicas. Esta vez, lo han hecho con una gran parte de AENA (posiblemente éste sea el origen de los decretazos del gobierno y la respuesta de los controladores) y de las Loterías y Apuestas del Estado a cambio de poco más de 15.000 millones de euros que, por supuesto, irán destinados a pagar esa famosa deuda que las propias elites financieras propiciaron y de la que ahora se siguen beneficiando. Esta privatización significa la renuncia al ingreso anual que daban estas entidades y que pasarán directamente a las arcas de la empresa privada. Esta falta de futuros ingresos llevará a un mayor recorte del gasto social y ambiental que es lo que al parecer es más prescindible en opinión de los "políticos democráticos". Este recorte se observa claramente en la decisión de eliminar la ayuda de 426 euros a los parados sin ninguna otra prestación y que inevitablemente condenará a miles de personas a la indigencia y a la beneficencia (muchas de las organizaciones que se dedican a ello se han convertido en el verdadero sistema de sustento para muchísimas familias españolas).
Uno podría pensar que el aumento de beneficios que el gobierno facilita a las grandes corporaciones se podría ver compensado con la subida de impuestos a estas mega empresas y a los inmensos salarios que cobran sus directivos. Nada más lejos de la realidad, el único impuesto que sube es el del tabaco (recurso fácil para los políticos que se amparan en el beneficio para la sanidad pública, a pesar de que esta sanidad está cada día más abandonada y abocada a la privatización). Por contra, disminuyen los impuestos de las grandes empresas. Así, se amplía el régimen de libertad de amortización para inversiones nuevas, se las declara exentas del Impuesto sobre Operaciones Societarias, se elimina el pago a las Cámaras de comercio y se suprime la obligación de publicar sus actos en los medios de comunicación (¡esto sí que es transparencia!). Si a estas ventajas fiscales concedidas les añadimos las anteriores decisiones tomadas en torno a los impuestos sobre patrimonio, sociedades y las SICAV (sociedad de inversión de capital variable, que no son más que un método oficial y legal para evadir impuestos y divisas que tienen las elites económicas), no se puede pensar otra cosa que no sea que los verdaderos gobernantes no son los políticos si no los banqueros y grandes magnates. Para ponerle la guinda al pastel añadamos el nulo interés de los gobiernos por terminar de una vez por todas los paraísos fiscales y por grabar las grandes operaciones especulativas.
En España hemos pasado en pocos años de estar en la cresta de la ola a estar totalmente sometidos al yugo neoliberal. Con esta secuencia de acontecimientos es inevitable pensar, sólo hay que ver el paralelismo con otros países, si todo esto no forma parte de una estrategia de largo recorrido bien meditada y destinada a exprimir a una sociedad sin que ésta tenga conciencia de ello.
Fuente: Quebrantandoelsilencio
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