Por Mary Luz Avendaño Arbelaez, Medellin
Los comunicadores de Antioquia protestaron ante la Unidad Nacional de Protección por lo sucedido en Tarazá a Luis Carlos Cervantes, asesinado sin esquema de seguridad personal.
Los periodistas antioqueños protestaron usando tapabocas a las afueras de la Unidad Nacional de Protección. / Luis Benavides
Su caso fue documentado en múltiples ocasiones. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) tiene el registro de cinco denuncias instauradas por Cervantes ante la Fiscalía. La última fue el pasado 24 de julio en Medellín. Según consignó en su relato, un hombre que se identificó como ‘El Paisano' lo visitó en su domicilio en Tarazá y le pidió información. Él se negó a entregársela y le llegaron mensajes de texto dándole dos horas para abandonar el municipio".
Las amenazas se concretaron este 12 de agosto a las dos de la tarde. Ni sus súplicas ni las de las asociaciones de periodistas que lo respaldaron fueron escuchadas. Ayer la gobernación de Antioquia ofreció $20 millones de recompensa a quien de información para dar con los responsables del crimen. El interrogante de los periodistas que se dieron cita para protestar por lo sucedido fue directa: ¿Y por qué no los ofrecieron para evitar su muerte?
José Guarnizo, presidente de la Asociación de Periodistas de Antioquia (APA), responsabilizó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por lo ocurrido. “Él denuncia ante la Fiscalía que ha recibido amenazas y al día siguiente le retiran el esquema sin notificación del por qué. La UNP dice que su riesgo era ordinario porque no hay hecho causal entre su labor de periodista y las amenazas, pero existían más de 23 amenazas por su labor informativa, todas documentadas”.
Según la asociación, más de 30 periodistas de Antioquia están amenazados. Sólo en el Bajo Cauca se registran ocho casos. Ayer, entre el grupo de comunicadores que protestaron, cinco tenían esquema de seguridad. “Yo hablé con Luis Carlos el lunes. Le dije que confiaba en que le restablecieran el esquema de seguridad. Cuando uno denuncia hechos de corrupción queda con el problema. Yo lo hice contra un exalcalde que está en la cárcel y no puedo entrar a Briceño”, recalcó Edilberto Agudelo, director de la emisora de ese municipio.
Fausto Ríos, periodista amenazado que trabaja en el Oriente antioqueño, con voz entrecortada comentó: “Él me llamó llorando cuando le levantaron el esquema de protección y me pidió que si lo recibía en el Oriente. No volvimos a hablar. Es muy doloroso lo que sucedió y nos pone a pensar que el próximo puede ser uno”. Juan Guillermo Cano, director de Asoredes y miembro del Comité Nacional de Impulso a la Reparación Colectiva a Periodistas Víctimas, agregó que hoy a nadie parece importarle la situación que afrontan los comunicadores.
Nos “invisibilizan y desconocen”, expresó Cano, quien lamentó que hasta el momento, a pesar de que el Comité lleva dos años de trabajo, no fue tenido en cuenta para los foros de víctimas ni tampoco han sido invitados a La Habana en el grupo que asistirá a los diálogos de paz. “Llamamos la atención del Gobierno Nacional y de las Farc para que nos abran espacio. El daño causado al periodismo en estos 50 años de conflicto es muy grave, sino, miren lo que acaba de ocurrir. Nuestras voces tienen que ser escuchadas en La Habana”.
Por espacio de una hora, con tapabocas, ayer los periodistas antioqueños permanecieron a las afueras de la Unidad Nacional de Protección en señal de rechazo a lo acontecido con Carlos Cervantes en el municipio de Tarazá y para llamar la atención nacional sobre la difícil situación que en general enfrenta hoy la libertad de prensa en el país.
Tomado de El Espectador
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