Guatemala,
17 ago (PL) La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) demandó
juicio y castigo para los responsables de las ejecuciones
extrajudiciales de tres campesinos guatemaltecos y la violación de los
derechos humanos de pobladores de comunidades del norteño departamento
de Alta Verapaz.
"Instamos
a la sociedad a condenar los hechos (ocurridos en las localidades de
Semococh, Monte Olivo y 9 de febrero) y a exigir que la seguridad
-pagada con nuestros impuestos- esté dedicada a proteger a la población
civil y no a las industrias y capitales nacionales y transnacionales",
manifestó la Congcoop en un comunicado.
El 14 y 15 de agosto pasados, recordó la coordinación, la Seguridad del
Estado, a cargo de militares retirados, destacó alrededor de mil
agentes de la policía, además de civiles parapoliciales, para desalojar
de sus tierras a los habitantes de la comunidad 9 de febrero en Cobán,
Alta Verapaz.
Los manifestantes indicaron que esa comunidad habita allí desde hace 50
años y que el Estado nunca legalizó las tierras a su favor, pese a la
cantidad de solicitudes al respecto.
Sin embargo, denunciaron que posteriormente han aparecido los
"propietarios" de la tierra, entre ellos una empresa de recursos
hídricos (Hidro Santa Rita), que pretende usufructuar las aguas del Río
Dolores, propiedad de la sociedad guatemalteca y de los q´eqchíes de las comunidades 9 de febrero y Monte Olivo en particular.
Durante la agresión referida, la Guardia Armada del Estado, capturó a
cuatro mujeres, de y un menor de edad de Monte Olivo, mientras que en la
aldea de Semocohoc agredieron con armas de fuego a indígenas q´eqchíes
desarmados con saldo de tres muertos y 22 detenidos.
"Nuestros impuestos son utilizados para dar seguridad a los capitales
de inversión, mientras la sociedad permanece a merced de la
delincuencia", manifestaron los miembros de la Congcoop.
La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Flavia Pansieri, manifestó preocupación respecto al asesinato
de 18 defensores humanitarios durante 2013 en Guatemala.
En conferencia de prensa anterior dijo que durante su visita al país
recibió información sobre casos de amenazas, ataques y campañas de
desprestigio contra los defensores de los derechos humanos.
Un día después de las declaraciones de Pansieri, más de 300 policías
lanzaron gases lacrimógenos y golpearon a pobladores de La Puya,
localidad ubicada a 10 kilómetros al noroeste de esta capital, que se
opone a un proyecto de extracción minera.
Fuente Prensa Latina
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