De acuerdo con la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada”[2] , se entenderá por "desaparición forzada” “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por grupos de personas que actúan con la autorización o el apoyo del Estado”.
Los seres humanos no deben ser sujetos a la desaparición forzada bajo ninguna circunstancia y, en caso de producirse esta violación, los familiares tienen el derecho de saber la verdad acerca de las circunstancias que provocaron este acto inhumano y el Estado está obligado a proteger la vida de las personas y asegurar los resultados de la investigación.
De acuerdo con la Convención Internación para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, debemos estar conscientes de que las violaciones de “los valores más profundos de toda sociedad, de las libertades fundamentales, representa un crimen de ‘lesa humanidad’ que debe ser erradicado”.
Los Estados, de acuerdo con la comunidad internacional, deben indemnizar a los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada, esto es que, “Los familiares deberán obtener reparación y tendrán derecho a ser indemnizados de una manera adecuada y a disponer de los medios que les aseguren una readaptación tan completa como sea posible”.
Durante la época de los 70 se implantó en varios países de América Latina la doctrina de la Seguridad, mediante el terrorismo de Estado, a fin de imponer a la sociedad el miedo, especialmente a los sectores populares que rechazaban las injusticias y la violación de los derechos humanos y exigían justicia, igualdad y participación.
Los detenidos desaparecidos fueron apresados por quienes se creyeron dueños de sus vidas, quienes aplicaron la denominada “doctrina de la seguridad nacional” de los Estados Unidos de América, USA, mediante el más feroz terrorismo de Estado, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, caracterizados por la cruel desaparición forzada: la desaparición forzada fue una práctica de terror que implantaron los gobernantes reaccionarios, de inspiración pro norteamericana, para someter la voluntad de los ciudadanos que se rebelaron ante los atropellos cometidos por los aparatos del Estado y para reprimir el derecho de la libre emisión del pensamiento de todos los seres humanos. Mediante la práctica del terrorismo de Estado se eliminó físicamente, a las personas independientes que cometieron el delito imperdonable de pensar y de luchar por la defensa de sus derechos; los hombres y mujeres que han enarbolado las bandereas de la paz, la justicia y el derecho son ferozmente reprimidos por agentes de la muerte.
Los Estados de nuestros países son responsables de la impunidad -o de la falta de investigación- de los delitos que cometen los violadores de derechos Humanos y, en caso de que ocurran, tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de esas violaciones, a fin de desmontar todos los fundamentos de la impunidad.
Generalmente los desaparecidos han sido secuestrados de sus hogares o en las calles, en sus lugares de trabajo o estudio, sin que hubiera ninguna resistencia armada; estos delitos cometidos especialmente por agentes policiacos, probablemente sean los más graves que se hayan cometido en la historia; y las luchas para rescatarlos aún se mantienen permanentes.
Este Día se conmemora en América Latina desde hace 31 años, para recordar a mujeres y hombres a los que han sido víctimas de la “ideología de la doctrina de seguridad nacional”, creada y difundida por el Pentágono, es decir, por la sede del Ministerio de Defensa del gobierno de los Estados Unidos, es decir, por el centro del terror del mundo.
En nuestro país, Honduras, en 1982, “69 familias fueron víctima de la desaparición forzada y, a finales de ese año, el 30 de noviembre, 12 familias integraron el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH con el objetivo de recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado”.
El 30 de agosto de 2002 se estableció en Honduras como el Día Nacional del Detenido Desaparecido a través del Decreto Número 284-2002, a instancias de la valiente y digna hondureña BERTHA OLIVA, a quien rendimos un profundo homenaje como valiente defensora de los derechos humanos.
La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas [3] es un instrumento que representa una etapa nueva, para que nunca más volvamos a tener detenidos y desaparecidos en nuestra sociedad, para que el “nunca más” sea una realidad. ¡Luchemos para que así sea!
¡¡SIGAMOS LUCHANDO HASTA ENCONTRARLOS!!
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[1] Instituido por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM)
http://almanaquedelaprensa.cip.cu/efemerides/1131/
[2] Entró finalmente en vigor el 23 de diciembre de 2010. La convención se basa en gran medida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_para_la_protecci%C3%B3n_de_todas_las_Personas_contra_las_Desapariciones_Forzadas
[3] La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.47.133.Sp?OpenDocument
*Profesor de Educación Superior, Tegucigalpa, Honduras
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