La Generalitat valenciana autorizó créditos al 0% al Consejo de la CAM

Se la dedico al activísimo compañero Rafael del Barco, de La Gran Corrupción:
Lucio

La búsqueda acelerada de culpables de la crisis financiera empieza a poner nerviosos a los políticos. En Washington, en Londres y en Madrid y Valencia. La Caja Mediterráneo (CAM), que llegó a ser la cuarta de España, ha quebrado y amenaza con hacer perder miles de millones al Estado, por lo que la tensión política ha subido. Y a medida que se vayan conociendo los detalles internos de su administración, subirá más. El PP, que controlaba la entidad, dispara para otro lado: todo fue culpa del Gobierno y del Banco de España.

Los malos resultados de la CAM no impidieron a sus consejeros autoconcederse 161 millones en créditos, entre 2004 y 2010. Mientras tanto, sus clientes sufren ahora para que les concedan los préstamos o los reciben a precios elevados. La generosidad de la CAM con sus consejeros llegó incluso a permitir algunas líneas de descuento y préstamos a cinco y seis años al 0% de tipo de interés. Esto sucedió sobre todo en 2008, y los agraciados fueron Modesto Crespo, que luego ocupó la presidencia, Manuel Navarro, Gregorio Fernández y Juan Ramón Avilés, según los datos del informe de Gobierno Corporativo de la entidad. En total dispusieron de hasta 4,6 millones sin intereses. En 2008 los tipos de interés oficiales estaban en torno al 4%.

En otros ejercicios también se concedieron créditos ventajosos, aunque sin llegar a precios tan atractivos. En 2004 fueron habituales los préstamos al Euríbor más 0,75 puntos o al 3% directamente. Lo mismo ocurrió en años posteriores, aunque los importes fueron subiendo de forma exponencial. Aniceto Benito, expresidente honorario del PP de Alicante y del Hércules, destaca por haber recibido alrededor de 50 millones en cinco ejercicios. Antonio Magraner, Juan Ramón Avilés y Ginés Pérez Ripoll, también destacan por las fuertes cantidades que obtuvieron como créditos o descuentos comerciales.

Esta práctica no era un secreto. Crespo y María Dolores Amorós, directora general, tenían la facultad de conceder créditos solo con el acuerdo de ambos en casos de urgencia. No obstante, todos los miembros del consejo eran informados de las operaciones. Pero eso no quedaba dentro de la propia entidad. La Generalitat valenciana también conocía lo que estaba ocurriendo. El Gobierno valenciano autorizó cada uno de estos préstamos, como establece la Ley de Cajas de la Comunidad Valencia, que data de 1997.

Según esta norma, con carácter general, "los vocales de los consejos de administración, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades en que dichas personas participen mayoritariamente en el capital", "no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la caja de ahorros respectiva o enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos por tales entidades, sin que exista acuerdo del Consejo de la caja y autorización del Instituto Valenciano de Finanzas". Ese Instituto fue creado en 1990 como una Entidad de Derecho Público sujeta a la Generalitat y adscrita a la Conselleria de Economía. Fuentes de la Generalitat comentaron ayer que la autorización "es un mero trámite administrativo. El Instituto recibe los informes del consejo, con su catalogación del riesgo, y se autoriza. No se evalúan los riesgos porque el Instituto no es competente para ello. Es la misma forma de trabajar que el resto de la Administración del Estado", aclaran.

Según la memoria de 2010, la CAM mantiene créditos vivos con los consejeros por valor de 114,13 millones del total de 161 millones en créditos, descuentos y avales que se concedieron desde 2004. Otras cajas de ahorros también tienen créditos a sus consejeros, aunque entre la docena de entidades consultadas ayer -incluidas Cajasur y Caja Castilla-La Mancha- ninguna a precios tan bajos.

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http://www.elpais.com/articulo/economia/Generalitat/valenciana/autorizo/creditos/Consejo/CAM/elpepieco/20110727elpepieco_1/Tes



KPMG no detectó ninguna irregularidad en las cuentas de la CAM en los últimos 20 años

La situación de insolvencia de la CAM que forzó su intervención por el Banco de España el viernes pasado no fue detectada por el auditor de la caja, KPMG, que firmó sus cuentas sin salvedades, al igual que ha hecho siempre desde 1991. Esta firma cobró 1,34 millones de euros de la entidad alicantina, según su informe de gobierno corporativo de 2010.

La actuación de KPMG contrasta con la de los auditores de CCM y CajaSur, que tuvieron un papel relevante en las intervenciones de ambas entidades. Así, a principios de 2009, Ernst & Young se negó a firmar las cuentas de la entidad que presidía Juan Pedro Hernández Moltó correspondientes a 2008, a pesar de sufrir enormes presiones para que lo hiciera. Esta negativa fue el detonante de la primera intervención de una entidad en la crisis actual.

En el caso de CajaSur, Deloitte introdujo una salvedad sobre las cuentas de 2009 en la que consideraba necesarias "medidas estructurales" y "de búsqueda y captación de instrumentos que garanticen la liquidez y la solvencia, entre otros aspectos". Bien es verdad que no añadió ese párrafo hasta el último minuto, a raíz de que Fitch rebajara el rating de la entidad cordobesa a niveles de bono basura.

Sin embargo, KPMG firmó sin ninguna salvedad las cuentas individuales de CAM en el ejercicio 2010, que tuvo que reformular tras la ruptura del Banco Base. Únicamente incluyó lo que se conoce como párrafo de énfasis, en el que señalaba que las cifras del balance no eran comparables con las de 2009 por la nueva valoración de los activos y pasivos realizada con vistas a la fusión.

Las provisiones parecían suficientes

Un portavoz de KPMG declaró a El Confidencial que "la actividad de nuestra firma está basada en el estricto cumplimiento de la legislación vigente, así como de las normas y estándares profesionales que son aún más exigentes en materia de objetividad, independencia y confidencialidad. Por ese motivo, no podemos realizar comentario alguno de los trabajos realizados para nuestros clientes”. Y añadió que "KPMG se reafirma en el trabajo de auditoría realizado y expresa su convencimiento de que una revisión objetiva de los hechos y circunstancias confirmará nuestra posición".

Fuentes cercanas a la entidad aseguran que las circunstancias han cambiado a peor desde la auditoría, con la ruptura del SIP, el Real Decreto y los test de estrés. Y explican que las fuertes provisiones realizadas contra recursos propios justificaban esta auditoría limpia, ya que se consideraban suficientes para garantizar la viabilidad de la caja. Sin embargo, la ruptura de Banco Base en marzo porque Cajastur consideraba que la situación de CAM era mucho peor de la declarada ya encendió las alarmas, que se acrecentaron con la negativa de todas las entidades interesadas a comprarla sin garantías contra pérdidas.

La intervención del viernes certifica lo erróneo del diagnóstico, aunque el Banco de España ya era consciente de la situación desde diciembre, cuando inspeccionó la caja.

Veinte años auditando a la CAM

Esta firma lleva auditando las cuentas de CAM veinte años, algo que es habitual en muchas cajas, que son cotos cerrados de sus respectivas auditoras. Y también es muy frecuente que la caja le encargue trabajos de consultoría a dicha auditora, a pesar del evidente conflicto de interés.

En el caso de la entidad alicantina, KPMG facturó 507.000 euros por trabajos distintos de la auditoría, según el informe de gobierno corporativo de 2010. Esta cifra supone el 37,8% del total pagado por CAM a esta firma el año pasado, lo que eleva el total a 1,34 millones de euros.

http://www.elconfidencial.com/en-exclusiva/2011/kpmg-cam-irregularidad-cuentas-20110727-81946.html