La Habana, República de Cuba.
Enero 22 de 2013.
Sede de los diálogos por la paz con justicia social para Colombia
COMUNICADO
Las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en
ejercicio de su soberanía política y en desarrollo de su interlocución
permanente con el constituyente primario que es el pueblo, ponen en
conocimiento los puntos cuatro y cinco de la iniciativa de DESARROLLO
RURAL PARA LA PAZ DE COLOMBIA, la cual se compone de Diez propuestas
para una política de desarrollo rural y agrario integral:
CUARTA PROPUESTA: Ordenamiento
social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del
derecho al agua y de los usos de la tierra, que propicie
relacionamientos sostenibles con la naturaleza y equitativos con la
ciudad, priorizando la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y
disfrute estratégico del agua por parte de la población; reconozca y
respete las diversas trayectorias étnicas y culturales de vida y de
organización del territorio; estimule usos agrícolas de la tierra que
“desganadericen” las economías rurales y privilegien la producción de
alimentos y la soberanía alimentaria; contemple una organización de la
producción de bienes agrícolas básicos en espacios aledaños a los
centros de consumo, propiciando y afianzando el asentamiento y
estabilización de pequeños y medianos productores en esos espacios;
establezca límites y estrictas regulaciones socioambientales, o
prohibiciones, según el caso, a las economías de extracción de gran
minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de generación de energía
hídrica y de producción de agrocombustibles; establezca regulaciones
específicas de acompañamiento a la pequeña y mediana minería y a la
minería artesanal para contribuir a su sostenibilidad socioambiental o a
su reconversión; y contemple acciones frente a los cultivos de uso
ilícito para transitar hacia producciones alternativas o de sustitución,
o para su legalización atendiendo fines medicinales y terapéuticos o
razones culturales.
QUINTA PROPUESTA: Garantía
de acceso real y efectivo y disfrute del derecho a los bienes comunes
de la tierra y el territorio, considerando de manera especial el derecho
de las mujeres, y una perspectiva pluriétnica y multicultural. Se
propone la creación de un Fondo de Tierras, conformado por tierras
provenientes de latifundios improductivos, ociosos o inadecuamente
explotados, tierras baldías, tierras apropiadas mediante el uso de la
violencia y el despojo, y tierras incautadas al narcotráfico. Con base
en la definición de las condiciones agroecológicas, de fertilidad y
productividad de las tierras que conforman el Fondo, se procederá a su
distribución a través de la dotación de tierra a campesinos sin tierra y
a mujeres, de manera prioritaria; se mejorarán las condiciones de
propiedad y de producción de los pequeños y medianos propietarios,
incluida la superación del microfundio. Las unidades de propiedad,
medidas en Unidades Agrícolas Campesinas, deberán garantizar condiciones
de vida y de trabajo digno a los campesinos y campesinas y evitar la
concentración de la propiedad sobre la tierra. Economías campesinas
asociativas y de cooperación serán estimuladas. Los flujos poblacionales
y reasentamientos provocados por la redistribución democrática y
participativa de la tierra serán concertados con los campesinos. El
acceso a la tierra comprende el reconocimiento y definición de
territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales,
palenqueros e interétnicos. En el caso de la población desplazada y de
las víctimas del despojo, la restitución de tierras debe ser superada
por la reparación integral basada en el catastro alternativo. El acceso a
la tierra no implica la mera formalización jurídica de la propiedad, es
decir, la titulación, también exige la provisión de condiciones
generales para su usufructo, la protección frente a la especulación
financiera, la prohibición o regulación estricta, según el caso, del
derecho de superficie. La política tributaria debe erigirse en un
instrumento de la política de desconcentración de la propiedad; debe ser
directa y progresiva y prever mayores castigos tributarios para tierras
ociosas, improductivas o inadecuadamente explotadas; supone una
actualización inmediata de los avalúos catastrales, atendiendo
parámetros técnicos.
Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo
Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo
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