La
publicación del Informe del Comité de Inteligencia del Senado de
Estados Unidos dado a conocer días pasados describe con minuciosidad las
diferentes “técnicas de interrogación” utilizadas por la CIA para
extraer información relevante en la lucha contra el terrorismo. Lo que
se hizo público es apenas un resumen, de unas 500 páginas, de un estudio
que contiene unas 6.700 y cuya primera y rápida lectura produce una
sensación de horror, indignación y repugnancia como pocas veces
experimentó quien escribe estas líneas.[1] Los
adjetivos para calificar ese lúgubre inventario de horrores y
atrocidades no alcanzan a transmitir la patológica inhumanidad de lo que
allí se cuenta, sólo comparables a las violaciones a los derechos
humanos perpetradas en la Argentina por la dictadura cívico-militar, o
las que en el marco del Plan Cóndor se consumaron en contra de miles de
latinoamericanos en los años de plomo.
El
Informe es susceptible de múltiples lecturas, que seguramente animarán
un significativo debate. Para comenzar digamos que su sola publicación
produce un daño irreparable a la pretensión estadounidense de erigirse
como campeón de los derechos humanos, siendo que una agencia del
gobierno, con línea directa a la Presidencia, perpetró estas atrocidades
a lo largo de varios años con el aval –caso de George W. Bush- o la
displicente indiferencia de su sucesor en la Casa Blanca.
Obviamente,
si ya antes Estados Unidos carecía de autoridad moral para juzgar a
terceros países por presuntas violaciones a los derechos humanos,
después de la publicación de este Informe lo que debería hacer Barack
Obama es pedir perdón a la comunidad internacional (cosa que desde luego
no hará, o no lo dejarán hacer, como lo demostró el escándalo de los
espionajes), interrumpir definitivamente la publicación de los informes
anuales sobre la situación de los derechos humanos y del combate al
terrorismo en donde se califica el comportamiento de todos los países
del mundo (excepto Estados Unidos, juez infalible que no puede ser
enjuiciado) y asegurarse que prácticas tipificadas como torturas por el
Informe senatorial no sólo no volverán a ser utilizadas por la CIA o las
fuerzas regulares del Pentágono sino tampoco por el número creciente de
mercenarios enrolados para defender los intereses del imperio, lo que
tampoco tiene demasiadas probabilidades de ocurrir.
Precisamente,
la idea de nutrir cada vez más a las fuerzas del Pentágono con
mercenarios reclutados por sus aliados en el Golfo Pérsico (Arabia
Saudita, Emiratos, Qatar, etcétera) o por compañías especializadas, como
Academi (la tenebrosa ex Blackwater) es liberar al gobierno de los
Estados Unidos de cualquier responsabilidad por violaciones a los
derechos humanos que pudieran cometer estos “contratistas”, como
eufemísticamente se los denomina. Al “tercerizar” de este modo sus
operaciones militares en el exterior la aplicación de torturas en contra
de presuntos, o verdaderos, terroristas se realiza al margen de las
estipulaciones de la Convención de Ginebra que establece que los
prisioneros de guerra deben tener garantías jurídicas de defensa y ser
tratados de modo humanitario. Los mercenarios o “contratistas”, por el
contrario, son bandas contratadas por Washington para operaciones
especiales, actuando al margen de toda ley. No tienen prisioneros sino
“detenidos”, a los cuales pueden mantener bajo su custodia todo el
tiempo que consideren necesario, negándoseles el derecho a la defensa y
quedando a merced de los maltratos o las torturas que sus captores
decidan aplicarles, gozando para ello de total impunidad.
En
segundo lugar, el Informe obvia considerar que la tortura fue
legalizada por el Presidente George W. Bush. Tal como lo hemos señalado
en un estudio publicado en 2009 la tortura como una práctica habitual
venía siendo utilizada desde mucho tiempo atrás por la CIA y otras
agencias del gobierno federal. En dicho texto decíamos que “a partir de
los atentados del 11 de Septiembre y la nueva doctrina estratégica
establecida por el presidente George W. Bush al año siguiente (“guerra
contra el terrorismo”, “guerra infinita”, etcétera) las torturas a
prisioneros, sean éstos supuestos combatientes enemigos o simple
sospechosos, se tornaron prácticas habituales en los interrogatorios,
así como también los tratos inhumanos o degradantes infligidos a las
personas bajo custodia de las tropas estadounidenses. A fin de evitar
las consecuencias legales que se desprenden de esta situación Washington
adoptó como una de sus políticas el traslado de sus prisioneros a
cárceles situadas en países donde la tortura es legal o en los cuales
las autoridades no tienen interés alguno en impedirla, sobre todo si se
trata de favorecer los planes estadounidenses; o enviarlos a Afganistán,
Irak o la propia base norteamericana de Guantánamo, donde se puede
interrogar brutalmente a cualquier prisionero sin ningún tipo de
monitoreo judicial y sin la presencia de molestos observadores como, por
ejemplo, la Cruz Roja Internacional.”[2]
Para
estupor de propios y ajenos, aún después de haberse dado a conocer el
Informe del Senado el vocero de la Casa Blanca apeló a ridículos
eufemismos cuando transmitió el repudio del presidente Obama por sus
revelaciones: condenó los “duros y atroces interrogatorios” practicados
por la CIA, obviando utilizar el término correcto para definir lo que
según la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes es simple y llanamente eso: tortura. En su
artículo primero la Convención establece que “Se entenderá por el
término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a
una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión; de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche
que ha cometido; o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o
por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando
dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público
u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación
suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán
torturas los dolores o sufrimiento que sean consecuencia únicamente de
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas.” [3]
De
acuerdo a esta definición es imposible sostener que prácticas tales
como la “rehidratación rectal”, la “hipotermia”, la “alimentación
rectal”, colgar a una víctima de una barra, amenazar con violar a su
esposa o hijas, la prohibición de dormir o el “submarino” (“waterboarding”,
como se la llama en inglés) aplicadas cruelmente por horas y días para
interrogar sospechosos de terrorismo no constituyen flagrantes casos de
tortura.[4]
No
obstante ello, en Marzo de 2008 el presidente Bush vetó una ley del
Congreso que prohibía la aplicación del “submarino” a presuntos
terroristas, dando cumplimiento a un anuncio previo en el cual advertía
que vetaría cualquier pieza legislativa que impusiera limitaciones al
uso de la tortura como método válido y legal de interrogación. En
respuesta a sus críticos la Casa Blanca dijo que sería absurdo obligar a
la CIA a respetar los preceptos establecidos por la legislación
internacional porque sus agentes no se enfrentaban a combatientes
legales, fuerzas regulares de un estado operando de conformidad con los
principios tradicionales sino a terroristas que actúan con total
desprecio por cualquier norma ética. De este modo Bush y su pandilla
intentaron justificar la violación permanente de los derechos humanos
bajo el pretexto del “combate al terrorismo”. No sólo eso: su Secretario
de Defensa, Donald Rumsfeld, autorizó explícitamente en Diciembre del
2002 la utilización de por lo menos nueve “técnicas de interrogación”
que sólo en virtud de un perverso eufemismo pueden dejar de ser
calificadas como torturas. Lo interesante del caso es que Estados
Unidos adhirió a la citada Convención (que cuenta con 145 estados
partes) en el año 1994 pero se cuidó muy bien de ratificar el Protocolo
que le otorga facultades de control al Comité de la Tortura de las
Naciones Unidas. En otras palabras, la simple adhesión a la Convención
fue una movida demagógica, carente de consecuencias prácticas en la
lucha contra la tortura.
El
horror que despierta el Informe no debería llevarnos a pensar que allí
se encuentra toda la verdad. Si bien destruye el argumento central de la
CIA en el sentido de que esas “duras tácticas de interrogación” eran
necesarias para prevenir nuevos ataques terroristas contra Estados
Unidos, lo cierto es que la estimación de los números de los detenidos y
torturados se ubica muy por debajo de lo que permiten inferir otras
fuentes documentales. En el Informe, por ejemplo, se dice que “la CIA
mantuvo detenidas a 119 personas, 26 de los cuales aprehendidas
ilegalmente”. Sin embargo, es sabido que para perpetrar estas
violaciones a los derechos humanos Estados Unidos habilitó numerosas
cárceles secretas en Polonia, Lituania, Rumania, Afganistán y Tailandia;
y contó con la colaboración de países como Egipto, Siria, Libia,
Paquistán, Jordania, Marruecos, Gambia, Somalía, Uzbekistán, Etiopía y
Djibouti para realizar sus interrogatorios, a la vez que algunas
ejemplares “democracias” europeas, como Austria, Alemania, Bélgica,
Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia,
Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y
Suecia, amén de otros países extraeuropeos, colaboraron en facilitar la
entrega y traslado de prisioneros a sabiendas de lo que les aguardaba a
esas personas.[5] El número de víctimas supera con creces las 119 del Informe. Téngase presente que según Human Rights First,
una organización no gubernamental estadounidense, el número total de
detenidos que pasaron por la cárcel de Guantánamo desde su inauguración
fue de 779 personas.[6] Por
otra parte, un informe especial de Naciones Unidas asegura que sólo en
Afganistán la CIA detuvo a 700 personas y a 18.000 en Irak, todos bajo
la acusación de “terroristas”.[7] Ni hablemos de lo ocurrido en el campo de detención de Abu Ghraib, tema que hemos examinado en detalle en nuestro libro.[8]
Para
finalizar, tres conclusiones. Primero, el Informe pone el acento en la
inefectividad de las torturas soslayando imprescindibles consideraciones
de carácter ético o político. De las veinte conclusiones que se
presentan en las primeras páginas del Informe sólo una, la vigésima,
expresa alguna preocupación marginal por el tema al lamentarse que las
torturas aplicadas por la CIA “dañaron la imagen de los Estados Unidos
en el mundo a la vez que ocasionaron significativos costos monetarios y
no- monetarios.” [9] No
existe ninguna reflexión sobre lo que significa para un país que
presume orgullosamente de ser una democracia -o la más importante
democracia del mundo, según algunos de sus más entusiastas publicistas-
además del “líder del mundo libre” incurrir en prácticas monstruosas que
sólo pueden calificarse como propias del terrorismo de estado al estilo
del que conociéramos en América Latina y el Caribe en el pasado. La
tortura no sólo degrada y destruye la humanidad de quien la
sufre; también degrada y destruye al régimen político que ordena
ejecutarla, la justifica o la consiente. Por eso es que este nuevo
episodio demuestra, por enésima vez, el carácter farsesco de la
“democracia norteamericana”. De ahí que la expresión que mejor conviene
para retratar su verdadera naturaleza es el de “régimen
plutocrático.” Régimen, porque quien manda es un poder de facto,
el complejo militar-financiero-industrial que nadie ha elegido y a
quien nadie rinde cuentas; y plutocrático, porque el contenido material
del régimen es la colusión de gigantescos intereses corporativos que
son, como lo anotara Jeffrey Sachs días atrás, quienes invierten
centenares de miles de millones de dólares para financiar las campañas y
las carreras de los políticos y los lobbies que cabildean en favor de
sus intereses y que luego obtienen como compensación a sus esfuerzos
beneficios económicos de todo tipo que se miden en billones de dólares.
Todo esto, además, justificado por una decisión de la Corte Suprema de
Estados Unidos que legalizó los donativos ilimitados que, en su enorme
mayoría, pueden beneficiarse del anonimato.[10]
Segundo,
el Informe se abstiene de recomendar la persecución legal de los
responsables de las monstruosidades perpetradas por la CIA. Ante una
descripción que parece inspirada en las más horribles escenas del
Infierno de Dante, los autores se abstienen de recomendar al Premio
Nobel de la Paz que la justicia tome cartas en el asunto. Pero el pacto
de impunidad está consagrado, y ante la inacción de la Casa Blanca los
torturadores y sus numerosos cómplices, dentro y fuera de la
Administración Bush, han salido a apoyar abiertamente las torturas y
acusar a los redactores del Informe de parcialidad ideológica, todo esto
en medio de una desaforada exaltación del chauvinismo estadounidense y
de una cuidadosa ocultación de las mentiras utilizadas por Bush y su
pandilla, desde las referidas a qué fue lo que realmente ocurrió el
11-S, en donde hay más incógnitas que certezas, hasta la acusación a
Irak de poseer armas de destrucción masiva. Dado que Obama ha dado a
entender que no enjuiciará a los responsables materiales e intelectuales
de estos crímenes la conclusión es que no sólo se legaliza la tortura
sino que también se la legitima, se la aprueba, tal vez como un “mal
necesario” pero se la justifica. Ante ello sería bueno que algún
tribunal del extranjero, actuando bajo el principio de la jurisdicción
universal en materia de delitos de lesa humanidad, trate de hacer
justicia allí donde el régimen norteamericano apaña la impunidad de los
criminales y consagra la perversión y la maldad como una virtud.
Tercero
y último: la deplorable complicidad de la prensa. Todos sabían que la
CIA y otras fuerzas especiales del Pentágono tienen incorporada la
tortura de prisioneros como un SOP (“standard operating procedures”,
un procedimiento estandardizado de operación en la jerga militar de los
servicios norteamericanos), como se ha dicho más arriba. Pero los
grandes medios -no tan sólo los pasquines rabiosamente derechistas de la
cadena de Rupert Murdoch y muchos otros de su tipo, dentro y fuera de
Estados Unidos- conspiraron voluntariamente o no, es irrelevante, para
no llamar a la cosa por su nombre y utilizar en cambio toda clase de
eufemismos que permitieran edulcorar la noticia y mantener engañada a la
población norteamericana. Para el Washington Post, el New York Times y
la Agencia Reuters eran métodos de interrogación “brutales”, “duros” o
“atroces”, pero no torturas; para la cadena televisiva CBS eran
“técnicas extremas de interrogación” y para Candy Crowley, la jefa de la
corresponsalía política de la CNN en Washington, eran “torturas, pero
según quien las describa”. Para el canal de noticias MSNBC (fusión
de Microsoft con la NBC) eran, según Mika Brzezinski, hija del
estratego imperial Zbigniew Brzezinski y, por lo visto, fiel discípula
de las enseñanzas de su padre, “tácticas de interrogación utilizadas por
la CIA”. Esta es la gente que luego es señalada por los políticos y los
intelectuales de la derecha para darnos lecciones de democracia y de
libertad de prensa en América Latina y el Caribe. Sería bueno tomar nota
de su complicidad con estos crímenes y de su absoluta carencia de
virtudes morales como para dar lecciones a nadie.
- Dr. Atilio Boron, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (PLED), Buenos Aires, Argentina. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013. www.atilioboron.com.ar Twitter: http://twitter.com/atilioboron Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=596730002
Notas
[1] El Informe puede consultarse en la siguiente dirección: https://es.scribd.com/doc/249652086/Senate-Torture-Report
[2] Cf. Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pp. 43-44.
[3] Ibid., p. 44.
[4] Sobre el tema de la tortura el libro de Roberto Montoya, La
impunidad imperial. Como Estados Unidos legalizó la tortura y “blindó”
ante la justicia a sus militares, agentes y mercenarios (Madrid:
La esfera de los libros, 2005) es una fuente absolutamente
imprescindible por la meticulosidad de su investigación y la sólida
fundamentación de los casos examinados. Particularmente instructivo es
su análisis de las 35 “técnicas de interrogación”, las cuales, como
dicen los miembros de una Comisión ad-hoc convocada por el
Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, podrían tener como resultado “que
personal estadounidense involucrado en el uso de esas técnicas pudieran
ser objeto de persecución por violación de los derechos humanos en
otros países o que pudiera ser entregado a foros internacionales, como
la Corte Penal Internacional. Esto tendría un impacto en futuras
operaciones o viajes al exterior de ese personal.” Cf. Montoya, op. cit,
pp. 130-134. Datos más específicos sobre las “técnicas de
interrogación” se encuentran en http://globalsecurity.org/intell/library/policy/army/fm/fm34-52
[5] “¿Qué
países colaboraron con el programa de torturas de la CIA”, informe
elaborado sobre la base de documentación aportada por la American Civil
Liberties Union y la Open Society Justice Initiative, y publicado por La Nación (Buenos Aires) el 10 de Diciembre del 2014. Ver http://www.lanacion.com.ar/1751052-que-paises-colaboraron-con-el-programa-de-torturas-de-la-cia
[7] Cf. “Preliminary Findings on Visit to United States by Special Rapporteur on Human Rights and Counter-terrorism”, May 29, 2007, en El Lado Oscuro, op. cit., pp. 55-56.
[8] El lado oscuro, op. cit., pp. 47-48
[9] Informe, op. cit., pg.16.
[10] “Understanding and overcoming America’s plutocracy”, Huffington Post, 6 Noviembre 2014. http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-sachs/understanding-and-overcom_b_6113618.html
http://alainet.org/active/79428
