Lejos
de haber logrado su objetivo, las iniciativas de EEUU para el cambio de
régimen en Cuba han resultado bastante contraproducentes, asegura The New York Times en un quinto editorial en menos de 30 días sobre las relaciones bilaterales entre ambos países.Publicado en la edición digital este domingo -en la impresa el lunes-, el Comité Editorial del diario titula su nueva entrega “En Cuba, desventuras al intentar derrocar un régimen”, en la que asegura que los llamados fondos para la democracia cubana “han sido un imán para charlatanes y ladrones”, y concluye que ”es más productivo lograr un acercamiento diplomático, que insistir en métodos artificiosos”.
El Times confirma las denuncias que ha hecho la Isla durante años acerca de la venalidad de los fondos estadounidenses para la subversión y el estrepitoso fracaso de la política de cambio de régimen. Reitera la necesidad de un acercamiento diplomático entre ambos países, pero de la mano una manzana envenenada: el llamado Carril II.
A continuación, el texto íntegro:
En
1996, motivados por un apetito de venganza, legisladores
estadounidenses aprobaron un proyecto de ley promulgando una estrategia
para derrocar el Gobierno de La Habana y “asistir al pueblo cubano a
recobrar su libertad”. La Ley Helms-Burton,
aprobada por el Presidente Clinton, semanas después de que Cuba derribó
dos avionetas civiles estadounidenses, ha servido como fundamento para
que el Gobierno norteamericano gastara $264 millones de dólares, durante los últimos 18 años, en un intento por instigar reformas democráticas en la isla.
Lejos de haber logrado su objetivo, las iniciativas han resultado bastante contraproducentes. Los fondos han sido un imán para charlatanes, ladrones y buenas pero infructuosas intenciones. Los
sigilosos programas han agravado la hostilidad entre las dos naciones,
le han dado a Cuba una bonanza propagandística y han bloqueado
oportunidades de cooperar en áreas de interés mutuo.
Estados
Unidos debe hacer un esfuerzo por promover mayores libertades
personales en la isla poblada por 11 millones de habitantes y
flexibilizar la rigidez de uno de los gobiernos más opresivos del mundo.
Pero tiene que hacerlo mediante una estrategia nueva, producto de la
lección de dos décadas de esfuerzos fallidos por desestabilizar el
régimen de los Castro.
Durante
los últimos años de la administración Clinton, Estados Unidos gastó
relativamente poco en programas para promover reformas democráticas en
Cuba bajo Helms Burton. Eso cambió cuando George W. Bush llegó al poder
en 2001, con el ambicioso objetivo de liberar pueblos reprimidos en todo
el mundo. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID,
por su sigla en inglés, mejor conocida por su labor humanitaria que por
misiones furtivas, se convirtió en el principal vehículo para
implementar proyectos de reforma democrática en Cuba, donde es ilegal.
La
inversión en iniciativas para derribar el gobierno aumentó de unos
cuantos millones anualmente, a más de $20 millones de dólares en 2004
durante los primeros años de la administración Bush. La mayoría de contratos se otorgaron sin mayores controles a grupos de cubanoamericanos.
Uno invirtió el dinero en una estrategia de lobby internacional, de
cuestionable legalidad, para persuadir a gobiernos extranjeros a que
apoyaran el impopular embargo que Estados Unidos impone sobre la isla.
Otro envió montones de revistas de historietas cómicas a la misión
diplomática estadounidense en Cuba, desconcertando a sus funcionarios.
El dinero también se utilizó para comprar ropa y comida, pero nunca fue
posible verificar cuánto llegó a manos de los familiares de presos
políticos, como se tenía previsto.
Según un informe publicado en noviembre de 2006 por la Oficina de Rendición de Cuentas, GAO,
por su sigla en inglés, un contratista usó los fondos de programas pro
democracia para comprar una motosierra de gas, equipos electrónicos,
entre ellos Nintendo Game Boys y Sony Play Stations, una bicicleta
montañera, abrigos de cuero, carne de cangrejo, y chocolates Godiva. Al
momento de hacer una auditoría, los gastos no fueron justificados.
Adolfo
A. Franco, el entonces director de la oficina de América Latina de la
agencia de ayuda internacional, defendió los programas durante un
discurso en la Universidad de Miami, en abril de 2007, afirmando que
estaban contribuyendo al gradual fortalecimiento de la oposición
política en Cuba. Argumentó que la agencia debía seguir asumiendo
“riesgos calculados”, aunque en el Congreso, varios legisladores dudaban
de que los esfuerzos estuvieran dando fruto. “Terminar este régimen es
una obligación solemne”, declaró Franco, quien es de origen
cubanoamericano.
La
investigación de la GAO llevó a que la agencia otorgara un mayor
porcentaje de los fondos a organizaciones de desarrollo establecidas,
incluidas algunas que propusieron iniciativas ambiciosas. En 2008, el Congreso autorizó $45 millones de dólares para los proyectos, una cifra récord.
Un
gran proyecto que comenzó durante la administración Bush para expandir
el acceso a Internet en Cuba tuvo repercusiones nefastas para el
Gobierno de Obama. Una funcionaria de relativo alto rango del
Departamento de Estado visitó La Habana en septiembre de 2009,
procurando restablecer el servicio postal y cooperar en asuntos
migratorios. La visita representó el contacto a más alto nivel con el
Gobierno cubano en varios años.
En diciembre, las
autoridades en Cuba detuvieron a un subcontratista estadounidense que
viajó a la isla cinco veces como parte de una iniciativa de USAID,
fingiendo ser turista, para contrabandear equipo de comunicación que no
es permitido en la isla.
En
ese entonces, varios funcionarios de USAID y el Departamento de Estado
no estaban al tanto de la envergadura y naturaleza de algunos de los
proyectos encubiertos. Sin embargo, los cubanos, furiosos tras percibir
que Washington tenía una política engañosa de dos fases, asumieron una
posición rígida frente al prisionero estadounidense, Alan Gross, quien ha sido condenado a 15 años de prisión.
Funcionarios
de USAID y el Departamento de Estado quedaron asombrados al caer en
cuenta del tipo de riesgos que se estaban tomando, y algunos
argumentaron que era hora de suspender los programas encubiertos,
llamándolos contraproducentes. Sin embargo, legisladores
cubanoamericanos se resistieron enérgicamente para asegurarse de que
siguieran en marcha.
Después
del arresto de Gross, la agencia de asistencia no volvió a enviar
contratistas estadounidenses a Cuba, pero permitió que las misiones las
desempeñaran latinoamericanos, que algunas veces fueron detectados por
el servicio de inteligencia cubano.
Una investigación de Associated Press
reveló un controvertido programa que se llevó a cabo durante el mandato
de Obama. De 2009 a 2012, Creative Associates International, una firma
con sede en Washington, desarrolló un sistema de mensajes de texto
rudimentario, similar a Twitter, conocido como ZunZuneo.
El objetivo del proyecto era proveer una plataforma para que los
cubanos pudieran difundir mensajes a una audiencia masiva, un mecanismo
que finalmente pudiera haber sido usado para organizar multitudes.
El
programa fue abolido en 2012. El contratista estaba pagando miles de
dólares a la empresa estatal de telecomunicación, y no hubo manera de
convertirlo en un proyecto autosuficiente. AP reveló en agosto que USAID
estaba enviando a jóvenes latinoamericanos a identificar personas que
pudieran ser “agentes de cambio social”, bajo el pretexto de organizar
eventos, entre ellos un seminario sobre el virus VIH. Los contratistas,
bajo el mando de Creative Associates International, recibieron un poco
de entrenamiento para evadir a agentes de inteligencia, y recibieron
$5.41 dólares por hora, por una labor que, fácilmente, hubiera podido
llevar a que terminaran en la cárcel.
El
dinero estadounidense ha proveído comida y alivio a familiares de
presos políticos, y ha generado una red limitada de Internet satelital.
Pero ha estigmatizado, más que fortalecido, a la comunidad de
disidentes.
En
lugar de proyectos encubiertos para derrocar el gobierno, los líderes
estadounidenses deben encontrar mecanismos para empoderar al cubano
común y corriente, expandiendo oportunidades de estudios en el exterior,
organizando más enlaces profesionales, e invirtiendo en las nuevas
microempresas en la isla. Es positivo que sigan promoviendo mayor
conectividad a Internet, pero deben entender que lograr ese objetivo de
manera sustancial exige coordinación con el Gobierno cubano. Más
importante aún, Washington tiene que reconocer que a lo único que puede
aspirar, es a influir de manera positiva en la evolución de Cuba hacia
una sociedad más abierta. Para eso, es más productivo lograr un acercamiento diplomático, que insistir en métodos artificiosos.
