Por Salvador E. Morales Pérez*

En
estos días de fricciones diplomáticas, en donde descuella la amenaza
británica de allanar la sede diplomática de la República de Ecuador en
Londres para atrapar a Julián Assange, han sido evocadas situaciones
anteriores donde el derecho de asilo y los allanamientos de sedes
diplomáticas se pusieron en discusión. Yo me pregunto si estaremos ante
un caso semejante al que redujo el asilo diplomático del político
peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, a la friolera de un lustro como
huésped forzoso de la embajada de Colombia en Lima, asunto que sigue
dando lugar a debates jurídicos y políticos interesantes.
O si
estaremos en la antesala de una acción violenta y abominable de
violación de la Convención de Viena, independientemente de la regla
unilateral y arbitraria enarbolada por el gobierno británico actual. Ya
las fuerzas especiales inglesas marcaron un precedente con la Operación
Nimrod ejecutada el 5 de mayo de 1980. Ocasión en la cual, con el
consentimiento del gobierno iraní ocuparon en son de guerra la embajada
de Irán en Londres, ocupada por seis opositores que habían tomado 26
rehenes a cambio de sus demandas.
Últimamente se han mencionado
en los medios varias irrupciones brutales en sedes diplomáticas: la de
la escalofriante y flamígera masacre perpetrada por los uniformados del
gobierno guatemalteco del general Romeo Lucas García contra la embajada
española en ciudad Guatemala el 31 de enero de 1980, con saldo rojo de
38 muertos; la acción ejecutada en Afganistán, el 26 de septiembre de
1996, ya en poder de los talibanes contra el ex mandatario Najibullah y
su hermano alojado en la embajada de la Organización de la Naciones
Unidas de Kabul; o la del comando que envió el dictador peruano Alberto
Fujimori, el 22 de abril de 1997 a tomar la embajada nipona en Lima que
se hallaba en poder del MRTA para denunciar la situación de las
cárceles peruanas y demandar la libertad de algunos compañeros. El saldo
rojo fue de 14 guerrilleros acribillados y un civil. Son los
antecedentes más sonados. Hay otros antecedentes, como el asalto a la
embajada trujillista en Caracas en 1945 por opositores dominicanos allí
exiliados o el secuestro de la embajada estadounidense en Irán en
noviembre de 1979 para presionar la extradición del Sha. No dudamos que
haya otros ejemplos de variados signos políticos, algunos con
consecuencias fuertes en el ámbito diplomático, otros solucionados con
notable sensatez entre las partes y algunos de acallada repercusión
como el que deseo destacar aquí:
Existe un antecedente remoto -y
también muy sangriento- ocurrido durante la dictadura de Batista. A
fines de octubre de 1956, un fuerte destacamento policial encabezado por
el jefe de esos cuerpos represivos, el brigadier Rafael Salas
Cañizares, uno de los principales cómplices de Fulgencio Batista en el
golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 que quebró el orden
constitucional del país, asaltó la sede de la embajada haitiana, ubicada
en Avenida 7a y calle 20, en la barriada de Miramar.
A plena luz
del mediodía, el 29 de octubre de 1956, Salas Cañizares, acompañado por
otros notorios asesinos, el coronel Conrado Carratalá, el Jefe del
Buró de Investigaciones coronel Orlando Piedra Nogueruela y el capitán
Esteban Ventura Novo, (quienes a la caída del dictador en enero de 1959,
encontraron tranquilo y acogedor refugio en Estados Unidos) penetraron
en el recinto diplomático de Haití a tiro limpio -el escaso personal
diplomático se hallaba ausente de la residencia- procedieron a
aniquilar a todos los asilados allí refugiados. Incluyendo a quienes ya
la cancillería había concedido salvoconductos y esperaban por las visas
que le permitieran viajar al país que se las concediera. En el
intercambio de disparos que tuvo lugar, el obeso y bravucón brigadier
batistiano cayó mortalmente herido.
Se cuenta al respecto, que
quien lo hirió fue Secundino Martínez, apodado el “El Guajiro”, el
único de los asilados que estaba armado, quien se asomó al oír el
estrépito formado por la llegada de los carros policiales. Al verlo
Salas Cañizares disparó su ametralladora sobre el joven hiriéndolo
gravemente. Sin embargo, este, desde el suelo, pudo sacar su arma y
disparar. Un balazo le perforó el vientre al brutal jefe de la policía
nacional. Se dio la orden de masacrar a todos.
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En la foto aparecen Leonel Guerra, Carlos
Casanova, Eladio Cid, Félix Hernández y Orlando
Fernández Ferray |
En
el interior se encontraban dos grupos de asilados de diferente
procedencia política. Por un lado estaban entre los allí muertos un
grupo de la Organización Auténtica, OA, alentada por el ex presidente
Carlos Prío Socarrás, a quienes se les acusaba de haber participado en
el frustrado asalto al Cuartel Goicuría, ubicado en la Ciudad de
Matanzas, acción encabezada por Reynold García, en abril del mismo año.
Se nombraban: Carlos Casanova, Eladio Cid, Orlando Fernández Ferray,
Leonel Guerra, Félix Hernández Concepción y Salvador Ibáñez.
El
otro grupo estaba conformado por cuatro jóvenes recién llegados y que
alojaron provisionalmente en el garaje. Estaba compuesto por Secundino
Martínez, alias El Guajiro, Gregorio García, Alfredo Massip e Israel
Escalona. A quienes las autoridades de la dictadura señalaban como
involucrados en el fallido atentado contra el senador Rolando Masferrer,
el gestor de un cuerpo paramilitar adicto al gobierno de facto, de
fúnebre recordación: Los tigres de Masferrer.
Los cuerpos
represivos de la tiranía estaban ansiosos de sangres. El motivo que los
impulsaba fue que el día antes, 28 de octubre de 1956, un comando del
Directorio Revolucionario había matado al coronel Antonio Blanco Rico,
jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), quien estaba acompañado
en el cabaret Montmartre, por el teniente coronel Marcelo Tabernilla
hijo del jefe del Ejército quien resultó herido en la acción así como la
esposa del capitán José Rodríguez Sampedro, también presente en el
cabaret. Sospechaban que algunos de los ejecutores de Blanco Rico podían
estar en la embajada haitiana.
Para justificar la violación
pusieron de pretexto a posteriori -lo cual se demostró luego como
totalmente falso- que habían recibido una llamada de los diplomáticos
solicitando protección puesto que unos jóvenes estaban forzando su
entrada en la sede diplomática. Contaban con la aprobación del mismo
Batista, como declararon inicialmente voceros del régimen.
El 31
de octubre de 1956 la Embajada de Haití convocó a una conferencia de
prensa y entregó una nota oficial en la que se decía: “La Embajada de
Haití protesta contra las alegaciones publicadas en la prensa según las
cuales la Policía intervino por una llamada de nuestra Embajada”.
Un colega periodista, Pedro Antonio García, quien ha explorado el hecho con especial acuciosidad ha comentado incisivamente:
“Los
sucesos del 29 de octubre de 1956 fueron silenciados por la prensa
internacional. Las relaciones con Haití fueron tensas solo hasta
diciembre, porque con el nuevo Gobierno en Port au Prince volvieron a
normalizarse. Nadie llevó este caso al seno de la Organización de
Estados Americanos (OEA), ninguna voz se alzó en el Congreso
estadounidense ni en las Naciones Unidas”.
Desde
luego, acciones de tan estúpida y brutal naturaleza han sido propias de
regímenes autoritarios, de dictaduras arrasadoras, que hacen el trabajo
sucio y las tareas que les permiten la sobrevivencia. Dictaduras, que
con un poco más que se escarbe, gozan de sibilinos o abiertos
padrinazgos de potencias que se dan golpes de pecho de civilizadas y
democráticas. La historia contemporánea está cundida de ejemplos de
estos dobles discursos. No es de extrañar que hechos tan condenables
como el ocurrido en La Habana el 29 de octubre de 1956 se repitan,
aunque siempre abrigamos la esperanza de que esto no ocurra de nuevo y
que no se cierre el camino a la salida diplomática de sólidas e
invulnerables garantías.
*Doctor en Historia, miembro del
Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Enviado por su autor