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Colombia Empalada: Feminicidio y terror de Estado

martes, 12 de junio de 2012
Por José Antonio Gutiérrez D.



El brutal asesinato, tortura y violación de Rosa Elvira Cely, en pleno Parque Nacional de Bogotá, ha causado una justa ola de indignación en todo el país. Al grito de “¡Ni una Rosa más!” miles de bogotanos se reunieron el 3 de Junio en el lugar del macabro crimen a rendir sentido tributo a esta víctima y a protestar vehemente contra la violencia contra la mujer.

En este espacio no quiero extenderme demasiado sobre este crimen en particular, que lamentablemente, es uno más entre miles de abusos y feminicidios que ocurren cotidianamente en Colombia. Ni quiero tampoco referirme a las múltiples negligencias que contribuyeron, en algún grado, al desenlace fatal de esta historia (una respuesta inadecuada de la policía a los llamados de auxilio, negligencia en su atención médica, que no se atendieran sus heridas de puñal que fueron las que finalmente le ocasionaron la muerte, etc.). Sobre lo que quiero llamar la atención es sobre la hipocresía de los medios y las élites colombianas que hoy se horrorizan ante el cadáver de Rosa Elvira Cely, pero que sistemáticamente han hecho la vista gorda ante los crímenes del paramilitarismo, que son calco y copia del empalamiento de Rosa Elvira Cely.

La práctica del empalamiento, es decir, la penetración forzosa por el ano o la vagina de la víctima con un palo que le perfora los órganos internos, a veces saliendo por la boca, no es un acto sádico novedoso. Es una práctica que, de hecho, se ha aplicado en Colombia desde los inicios de la violencia conservadora a mediados de los ‘40, en innumerables veredas y zonas rurales, donde las cuadrillas de chulavitas, pájaros o paramilitares (como se les ha llamado en diferentes épocas y regiones a los ejércitos privados al servicio de terratenientes y caciques políticos del establecimiento) se han desplazado aterrorizando a la población, utilizando a la violencia sexual como una forma de amedrentamiento y control. El empalamiento, así como otras formas de agresión sádica hacia la mujer (cercenar los senos, extraer el feto del vientre de las embarazadas, por ejemplo), demuestran la notable continuidad entre la violencia “chulavita” de los ‘40 y la violencia “paraca” de los ‘90 hasta ahora. La agresión hacia la mujer, y hacia las niñas, es vista en la lógica paramilitar como una manera de humillar y proyectar el control total, patriarcal-machista-violento, sobre comunidades que consideran hostiles a su proyecto de “Estado comunitario” o aliadas de la “subversión”. En palabras de la investigadora Donny Meertens, la violencia sexual “no es tolerada como un acto de perversión individual, sino que ha sido permitida como una práctica sistemática de guerra, aplicable solamente a comunidades específicas”  [1].

Volviendo al empalamiento, abundan los casos de mujeres que, por haber sido señaladas de ser amantes de un guerrillero, se les violó, asesinó y, en muchos casos, empaló. El empalamiento, por citar un ejemplo, fue utilizado en la masacre del Salado, en los Montes de María, en el 2000: al menos una víctima, Neivis Arrieta, de 18 años, fue empalada al ser acusada de amante de un guerrillero de las FARC-EP  [2]. Según Olga Amparo Sánchez, de la Casa de la Mujer, en Tumaco hoy en día se está utilizando el empalamiento como una práctica sistemática por parte de paramilitares y lo mismo ocurre en muchas otras regiones del país  [3]. También los paramilitares han torturado con el empalamiento a homosexuales en sus áreas de control y en sus campañas de “limpieza social”  [4].

Los medios colombianos, que hoy se rasgan los vestidos con el horror del empalamiento de Cely, jamás se escandalizaron demasiado cuando estas prácticas eran llevadas a efecto por los paramilitares en “zonas rojas”, frecuentemente de la mano de la fuerza pública. Los medios, que estaban al tanto de todo cuanto ha ocurrido en las zonas rurales de Colombia desde los inicios de la ofensiva paramilitar de los ‘80, jamás informaron con lujo de detalle, como sí hicieron con el caso de Cely, de las atrocidades cometidas por el binomio paramilitarismo-ejército [5]. Curiosamente, nos hemos tenido que enterar del real calibre de esta barbarie a través de los informes de organizaciones de Derechos Humanos o mediante páginas especializadas en el conflicto, como Verdad Abierta, o a través del trabajo de periodistas extranjeros, como el ahora célebre Roméo Langlois. Los periodistas colombianos, salvo muy honrosas excepciones -Hollman Morris a la cabeza de ellos-, han optado por no investigar sobre estos temas, sea por mediocridad, pereza, por miedo, autocensura, lambonería o complicidad.

Y digo complicidad, porque los grupos económicos que manejan los medios en Colombia tienen plena identidad de intereses con los sectores económicos colombianos que han financiado, armado y estimulado al paramilitarismo (extractivos, mafiosos, ganaderos, terratenientes, multinacionales, etc.). Todos al final son la misma rosca. Los medios masivos colombianos, a lo más, lamentaron los “excesos” del paramilitarismo, siempre excusándolo al decir que era una respuesta “exagerada” a la “amenaza guerrillera” –poniendo, de esta manera, la historia colombiana de cabeza y distorsionando los eventos [6]. En casos de excepcional honestidad, hasta han llegado a aplaudir abiertamente al paramilitarismo [7]. Los crímenes paramilitares han sido silenciados, trivializados, mistificados, ocultados, ignorados, excusados, cuando no aplaudidos, en los medios, los que han ayudado, de esta manera, a hacer más espesa la “noche y la niebla” al amparo de la cual actúa el paramilitarismo [8].

De Javier Velasco, el único detenido hasta el momento en relación al asesinato, se ha dicho apenas que era un “delincuente común” [9]. Pero la práctica del empalamiento no es una forma cualquiera de sadismo, sino que está estrictamente asociada a la figura del paramilitarismo en Colombia. Es una tortura normada, pautada, ritualizada y aprendida. No me cabe ninguna duda que el asesino de Rosa Elvira Cely alguna relación ha tenido con el paramilitarismo y con las bandas de “limpieza social”, los ejércitos privados que la derecha tiene a su disposición para destruir tejido social, imponer su control absoluto, imponer su visión retrógrada y conservadora del mundo [10] y para hacer el trabajo sucio que no siempre puede hacer el ejército abiertamente. Y no me cabe ninguna duda que este muy posible vínculo no será investigado, ni estudiado, porque jamás los medios colombianos ni los grupos de interés detrás de ellos, les ha interesado generar verdadero rechazo al paramilitarismo en la opinión pública [11]. Les basta con tomar un tibio distanciamiento público, condenar sus “excesos”, la muerte de “inocentes” (daños colaterales), mientras reproducen el discurso del “mal necesario”.

La bestialidad de este crimen merece la justa indignación de toda persona que tenga un poco de corazón: Todos somos Rosa Elvira Cely, todos debemos repudiar enérgicamente este crimen. Pero los medios -y las élites que los controlan- ponen el grito en el cielo no ante el crimen en sí, sino ante el hecho de que el empalamiento se da por fuera del espacio en el cual es “natural” que se diera: el marco del conflicto armado. Ponen el grito de espanto porque la víctima no era ni un “marica” víctima de la limpieza social, ni una “zorra malparida” que se acostaba con un guerrillero. Porque el empalamiento ocurrió en el Parque Nacional y no en una “zona roja”, en un municipio apartado en medio de la nada o en un barrio paupérrimo. Porque esta bestialidad se realizó, en palabras de Meertens, fuera de la “comunidad específica” a la que normalmente se victimiza de esta manera ante el silencio cómplice de los medios y la mirada indiferente o de aprobación incluso, de las élites que se siguen enriqueciendo con la guerra y su lógica de apropiación de riquezas mediante el despojo violento, el control de comunidades y territorios. Por eso se horrorizaron tanto, pero esas mismas élites son las que siguen creando los “Javier Velascos” que empalan, violan, descuartizan, las que siguen apoyando y formando sus ejércitos mercenarios, las que siguen haciendo de la muerte una de las industrias más prósperas en la lacerada tierra colombiana. Esto no lo olvidemos ni por un minuto.


7 de Junio, 2012

NOTAS:

[1] “Victims and Survivors of War in Colombia –Three Views of Gender Relations” en “Violence in Colombia 1990-2000”, Ed. Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda, Gonzalo Sánchez, SR Books, 2001, p.154. La autora se refiere al contexto de la “Violencia” de las décadas de 1940-1950, pero consideramos que esta conclusión es igualmente válida para la campaña paramilitar de la década de los ’80 hasta el presente.

[2] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6083807

[3] http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/06/120603_colombia_violacion_rosa_cely_violencia_mujer_protesta_aw.shtml

[4] http://www.semana.com/especiales/oficio-matar/108229-3.aspx

[5] El binomio paramilitarismo-ejército es, según informes de Medicina Legal, responsable del 78% de los crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado –de los cuales, el 63% sería responsabilidad directa del ejército. Este elevado número nos habla de una práctica sistemática y recurrente. Ver las memorias del foro “¿Para qué una política criminal sobre violencia sexual en Colombia?” (Noviembre 2011), p.6 http://www.sismamujer.org/sites/default/files/publicaciones/Memorias%20en%20pdf%20del%20foro%20%C2%BFpara%20qu%C3%A9%20una%20pol%C3%ADtica%20criminal%20sobre%20violencia%20sexual%20en%20Colombia.pdf

Aún así, es importante tener en cuenta que estas cifras oficiales son, con toda certeza, una subvaloración de la estadística real, sea por la tendencia a disminuir los abusos de la fuerza pública y exagerar los de la insurgencia (algo común en la mayoría de las estadísticas oficiales), sea por el bajo nivel de la denuncia: según un informe de la Defensoría del Pueblo del 2008, el 81,7% de las personas desplazadas que sufrieron abuso sexual no presentaron ninguna denuncia. Estas cifras son consistentes con un estudio independiente, realizado el 2012 por Oxfam y la Casa de la Mujer en una muestra representativa de mujeres, en la cual el 82% de las que reconoció haber sido víctima de violencia sexual no presentó ninguna forma de denuncia (Ibid). Según otro informe, sobre la violencia sexual en el departamento del Magdalena y en los Montes de María, se llega a la conclusión que “Los militares son de lejos los principales responsables de ese delito, que cometían "en contextos estratégicos" de su conquista territorial y también de manera "oportunista" para conseguir "satisfacción sexual", pues el "desprecio hacia las mujeres" inculcado en sus filas (…) marcó esa conducta.” http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-311782-paramilitares-usaron-violencia-sexual-arma-de-conquista-colombia

[6] En realidad, las guerrillas se forman hacia fines de los ‘40 como respuesta (como grupos de autodefensa) por los desmanes y atropellos de las escuadras conservadoras (antecesores de los modernos paramilitares) en el campo colombiano.

[7] Ver la editorial de El Tiempo del 30 de Julio de 1987.

[8] Como prueba de ello, esta semana hubo una masacre paramilitar de 5 personas en el municipio de Remedios (Antioquia), la cual apenas fue “cubierta” con una escuálida nota de 120 míseras palabras (3 de Junio). Esto no fue una masacre, sino que un “ataque”, perpetrado no por “terroristas” sino que por “desconocidos”. El medio informa de que en la zona operan paramilitares y guerrilleros, dejando un manto de duda sobre la autoría de la masacre, aún cuando todo el mundo sabe que fue un ataque de los paramilitares: la masacre, de hecho, se realizó en un local comunitario, centros sociales que frecuentemente son blancos de la actividad paramilitar que se especializa en atacar toda forma de organización popular. El Espectador no se atreve a denunciar al paramilitarismo, sino que las aciones paramilitares siempre son perpetradas por “desconocidos” –esto no es sino una manera de tejer el manto de “noche y niebla” con la que operan estos ejércitos mercenarios de la derecha política. Contrasta esta nota marcadamente con la cobertura que reciben las acciones insurgentes en este mismo medio.

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-350657-cinco-muertos-y-tres-heridos-ataque-remedios-antioquia

[9] http://www.semana.com/nacion/muerte-rosa-elvira-cely-crimen-abominable/178184-3.aspx

[10] Sicarios y descuartizadores suelen cargar rosarios y llevar siempre una oración a flor de labios

[11] Prueba de ello es la distancia y ambigüedad con la que han asumido los llamados a jornadas nacionales de protesta contra el paramilitarismo (como la del 6 de Marzo del 2008), que contrasta con el entusiasmo que demuestran cada vez que hay algún pronunciamiento contra la insurgencia.


Recibido por correo electrónico

Le recomendamos además:

Colombia: feminicidio invisible / Noemí García Cabezas
http://aliciaguevaraenelmundo.blogspot.com/2012/06/colombia-feminicidio-invisible.html

Carta Mundial de repudio por el brutal asesinato de Rosa Elvira Cely y miles de mujeres más en nuestra América Latina
http://antropologiadegenero.com/?p=4422

Feminicidio y elecciones 2012

viernes, 20 de abril de 2012



¿Quién gane las elecciones pondrá fin al feminicidio de Ciudad Juárez y México?

La ciudad que inspira el término universal al asesinato de mujeres, Juárez, sigue siendo un lugar peligroso para la mujer. Casi veinte años de denuncia, cuatro presidentes de la república, cuatro gobernadores del estado y ocho presidentes municipales no han podido (o querido) resolver el problema. En 48 horas (miércoles 18  y jueves 19 de abril) se han asesinado a 8 mujeres.

Es una pena, una verdadera lástima que estos lamentables sucesos vengan a empañar las campañas electorales y la buena imagen del país y la ciudad. La “democracia” no necesita de malas noticias. La vida sigue. La incompetencia de las campañas electorales con la realidad social es evidente: hay una desconexión entre este tipo de situaciones y la mercadotecnia política. Ni siquiera la “guerra sucia” electoral alcanza a visualizar la dimensión catastrófica de la depredación humana en México, donde el asesinato de mujeres sigue siendo un tema aberrante, vergonzoso, pero fuera de la agenda y el discurso electoral, no se diga el gubernamental.

El feminicidio en Ciudad Juárez. De acuerdo a un seguimiento hemerográfico, de 1993 al 2007, hubo 427 víctimas; del 2008 al 2011, 655 víctimas, para un total de 1082 mujeres, siendo el 2010 el máximo histórico con 272 feminicidios. En tan sólo cuatro años se supera el acumulado de quince años de femincidios, aumentando este crimen en un 150% y sin contar el total de mujeres desaparecidas, cuyo número sigue aumentando. La situación es alarmante, pero no lo suficiente para quienes creen en las elecciones. No hay interés ni deseos políticos de solucionar esta situación que, como el abstencionismo, son fenómenos que se ignoran o con los cuales se lucra, pero no se resuelven.

El hostigamiento del gobierno del estado de Chihuahua, con la complacencia del gobierno federal, presiona o ignora por igual a las organizaciones defensoras de las mujeres que a las madres y padres de mujeres desaparecidas en busca de justicia. El asesinato de Marisela Escobedo en diciembre del 2010 frente a palacio de gobierno, destapa el carácter autoritario de la actual administración, incapaz de brindar justicia y seguridad a sus mujeres y más preocupada por la imagen del estado en el extranjero, que por satisfacer las demandas legítimas de justicia de este grupo vulnerado. Los gobiernos priistas de Chihuahua han sido tanto o más reaccionarios que los gobiernos conservadores del PAN; en casi veinte años de feminicidio, estos asesinatos han ocurrido completamente bajo gobiernos de derecha, pro empresariales y neoliberales.

¿Qué se puede esperar de los actuales contendientes a la presidencia de la república? El señor Peña Nieto (PRI) trae arrastrando el primer lugar en feminicidios del país en su estado, representa a un partido que sigue siendo sinónimo de autoritarismo y tiene muy claro que él “no es la señora de la casa”. De la contendiente del PAN, Josefina Vázquez Mota, su calidad de mujer no garantiza equidad de género, representa a los sectores más conservadores y retrógradas de la sociedad mexicana y además manifiestamente se ha declarado a favor de continuar con la militarización, al igual que Peña Nieto y el candidato de Alianza Cívica, Gabriel Quadri. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición de partidos de izquierda, no ha hecho un compromiso explícito de solucionar el fenómeno.    

En el caso de las candidaturas a diputaciones y senadurías, que podrían ser una opción para destacar estas situaciones específicas en las tareas de la nación, simplemente prosiguen un script, una guía predeterminada de campaña tradicional y sin mucha imaginación. Por lo menos en el Distrito Dos, con sede en Ciudad Juárez, un sector mayormente pobre y marginado de donde son y siguen siendo muchas de las desaparecidas y asesinadas de esta ciudad, la candidata de la izquierda, Leticia Ruiz, se ha pronunciado en contra de la militarización y el feminicidio, pero es la única en medio de un mar de candidaturas con otros intereses.

El Senado por lo menos, ya aprobó sancionar hasta con 60 años de cárcel a feminicidas. El problema está en que el Estado mexicano es incapaz de hacer justicia y atrapar feminicidas: no investiga. El otro gran reto es cambiar la mentalidad machista y misógina de la población. La cultura y sociedad mexicana necesitan repolitizarse y resocializarse; reinventarse.   

La sensatez en las elecciones no existe. Muchas cosas suceden mientras se trata de convencer al votante de que le va a ir mejor si vota por mengano o sutano. El feminicidio es una mancha imborrable para todos y todas aquellos políticos que han ganado un puesto de elección popular y no han hecho nada.





Comunicado urgente sobre desaparición de mujeres y feminicidio en Ciudad Juárez

viernes, 24 de febrero de 2012


EXIGIMOS JUSTICIA
BASTA DE VIOLENCIA FEMINICIDA Y DESAPARICIONES DE MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ

El 23 de febrero de 2012, a las 8:00 p.m., la Sra. María García fue notificada por personal de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua que se había identificado a su hija Jessica Leticia Peña García, quien desapareció el 29 de mayo de 2010 en el Centro de Ciudad Juárez.
Jessica Leticia Peña García se localizó junto con Andrea Guerrero Venzor, desaparecida el 19 de agosto de 2010 y Lizbeth Avilés García, desaparecida el 22 de abril de 2009, sus restos óseos fueron localizadas en el poblado de San Agustín, del municipio de Praxedis G. Guerrero, a inicios del mes de febrero, según datos de la fiscalía en Comunicado de Prensa.
Desde 1993 hasta la fecha, permanecen vigentes 116 casos de mujeres desaparecidas, según datos de la fiscalía, pero por el proceso de registro y documentación de las desapariciones de mujeres en esta frontera, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas plantea que hay alrededor de 200 casos vigentes de mujeres que continúan desaparecidas, donde la mayoría se han desaparecido en el Centro de la Ciudad.
El 17 de febrero de 2012, la Unidad de Personas Ausentes y Extraviadas de la Zona Norte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, informo a integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, a integrantes de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y a personal de la oficina en Cd. Juárez de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que en el mes de diciembre de 2011 y de enero de 2012 se habían realizado rastreos en la zona del Valle de Cd. Juárez, donde fueron localizados varios restos óseos que se encontraban en un procedimiento de identificación en el Servicio Médico Forense adscrito a la Fiscalía, y que hasta la fecha del informe no se tenía identificación que hiciera referencia a los casos de las mujeres reportadas como desaparecidas.
Asimismo, lo anterior lo reafirmo el Fiscal de la Zona Norte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua en la reunión sostenida el 21 de febrero de 2012, con integrantes de las dos organizaciones y la institución gubernamental mencionadas en el rubro anterior.
En la coadyuvancia de los casos de las familias de mujeres desaparecidas, por parte de la Lic. Francisca Galván Segura, integrante del Grupo Impulsor del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y de C. Cecilia Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Cd. Juárez A. C., se detectan hechos de omisión y negligencia que lleven a la rápida localización de las jóvenes que han desaparecido, sobre todo, los casos de desaparición del Centro de la Ciudad.
 Algunas de estas omisiones son: 1) el reporte fue recibido de 24 hasta 72 horas después del hecho de la desaparición, 2) no implementar el protocolo de búsqueda inmediata denominado Protocolo Alba por considerar que la joven no cubría un perfil de alto riesgo y 3)la falta de coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales en las acciones de búsqueda.
Ante el contexto de prevalecer la violencia feminicida en nuestra ciudad y en el marco de la sentencia emitida por la Corte Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A. C. mantendremos un plantón permanente hasta que den respuesta eficaz de las siguientes demandas:
·      Exigimos al Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. Cesar Duarte Jaquez se presente con la Sra. María García y dar el pésame ante el asesinato de su hija reconociendo las deficiencias en la investigación del caso de la desaparición de Jessica Leticia Peña García.
·      Demandamos la presencia de la Lic. Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la República y del Fiscal General de Justicia del Estado de Chihuahua, el Lic. Carlos Manuel Salas,  para generar acciones de coordinación entre el estado y la federación en la investigación de los casos de los asesinatos de las mujeres que se vincula a delitos de delincuencia organizada.
·      Exigimos al Fiscal General de Justicia del Estado de Chihuahua, el Lic. Carlos Manuel Salas y al Gobernador del Estado de Chihuahua, Lic. Cesar Duarte Jaquez den instrucciones para realizar una auditoría al SEMEFO de Cd. Juárez y nos informen sobre el número de cuerpos y osamentas de mujeres no identificadas que se localizan en el mismo, y se genere un proceso inmediato de su identificación en un periodo prudente.
·      Exigimos que se les muestren evidencias y prendas localizadas en los rastreos que se han realizado para que las Madres y Familiares con Hijas Desparecidas la identifique y que esto pueda llevar a acelerar el proceso de identificación, así como instalar el Programa de Identificación Humana que conlleve un protocolo de una cadena de custodia.

¡Alto al feminicidio, Ni una más, No más mujeres desaparecidas!
Ciudad Juárez, Chihuahua 24 de Febrero del 2012
Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas:
1. Sra. Olga Esparza y Sr. Ricardo Alanis, madre y padre de Mónica Janeth Alanis Esparza, desaparecida el 26 de marzo de 2009.
2. Sra. Norma Laguna, madre de Idalí Juache Laguna, desaparecida el 23 de febrero de 2010.
3.   Sra. Luz Elena Muñoz, madre de Nancy Ivette Navarro Muñoz, desaparecida el 13 de julio de 2011.
4. Sra. Ana Cuellar, madre de Jessica Ivonne Padilla Cuellar, desaparecida el 07 de julio de 2011.
5. Sr. José Luís Castillo y Sra. Martha Rincón, padre y madre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo de 2009.
6. Sra. Juana Ibarra, madre de Griselda Espinoza Ibarra, desaparecida el 08 de marzo de 2011.
7. Sra. Silvia Rosas, madre de Grisel Paola Ventura Rosas, desaparecida el 22 de junio de 2011.
8. Sra. Bertha Castillo, madre de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida el 06 de enero de 2009.
9. Sra. Consuelo López, madre de Griselda Morua López, desaparecida el 13 de abril de 2009.
10.  Sra. Elvira González, madre de Perla Ivonne Aguirre González, desaparecida el 21 de julio de 2009.
11.  Sra. María García, madre de Jessica Leticia Peña García, desaparecida el 29 de mayo de 2010 y entregada asesinada el 24 de febrero de 2012.
12.  Sra. Inocenta Ceballos, madre de Vianca Olegaria Loera Cevallos, desaparecida el 13 de febrero de 2009.
13.  Sra. Karla Castañeda, madre de Cinthia Jocabeth Castañeda Alvarado, desaparecida el 24 de octubre de 2008.
14.  Sra. Evangelina Arce, madre de Silvia Arce, desaparecida el 08 de marzo de 1998.
15.  Sra. Irma Vargas, madre de Marisela González Vargas, desaparecida el 26 de mayo de 2011.
16.  Sra. Susana Montes, madre de María Guadalupe Pérez Montes, desaparecida el 31 de enero de 2009.
17.  Sra. Yolanda Sáenz, madre de Brenda Ivonne Ponce Suárez, desaparecida el 22 de julio de 2008.
18.  Sra. Rosa Ramírez, madre de Diana Rocío Ramírez Hernández, desaparecida el 04 de abril de 2011.
19.  Sra. Norma Ibarra, madre de Fabiola Alejandra Ibarra Chavarría, desaparecida el 02 de junio de 2011.
20.  Sra. Leticia Leal, madre de Leticia García Leal, desaparecida el 17 de noviembre de 2011.
21.  Sra. Carmen Cardona, María de la Luz Hernández Cardona, desaparecida el 26 de septiembre de 2011.
22.  Sr. Juan Manuel Martínez, padre de Brianda Cecilia Martínez Gutiérrez, desaparecida el 15 de junio de 2011.
23.  Sr. Gaspar, padre de Bertha Alicia Vidal Varela, desaparecida el 19 de mayo de 2009.
24.  Sra. Dora María Venzor, madre de Andrea Guerrero Venzor, desaparecida el 19 de agosto de 2010 y entregada asesinada el 24 de febrero de 2012.
25.  Sra. Antonia Martínez, madre de María Guadalupe Alcocer Martínez, desaparecida el 03 de enero de 2012.
26.  Srita. Alejandra Díaz, hija de María Bertha Vázquez.
27.  Sra. María Modesta Gómez, madre de Claudia Antonia Núñez Gómez.
28.  Caso de desaparición de Isela Lara.
29.  Sra. Carmen Castillo, madre de Mónica Liliana Delgado Castillo, entregada asesinada el 27 de septiembre de 2011.
30.  Sra. Ernestina Enríquez, madre de Adriana Sarmiento Enríquez, entregada asesinada el 27 de noviembre de 2011.
31.  Sr. Luís Alberto Maciel, esposo de Brenda Alicia Agüero Rojas, desaparecida el 11 de enero de 2012, localizada el 13 de enero de 2012 y fallece el 18 de enero de 2012.
32.  Abogada Francisca Galván Segura, Asesora Jurídica.

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.
Salud y Bienestar Comunitario, A.C.
Casa Amiga, Esther Chávez Cano, A.C.
Programa Compañeros, A.C.
Centro de Estudio y Taller Laboral, A.C.
Sin Violencia, A.C.
Mujer de Pacto
Centro Mujeres Tonantzin A. C.
Centro de Crecimiento Cusmaniano
Grupo El Camino
Centro de Estudios de las Mujeres “Itziar Lozano”
Movimiento Pacto por la Cultura, A.C.
Colectiva Arte, Comunidad y Equidad, A.C.



Red Mesa de Mujeres, A.C.
Tel. (52) 656- 325-0727 Cel. (52) 656 360 53 22
Personas de contacto: Cecilia Espinoza, Itzel González, Ileana Espinoza
Con la tecnología de Blogger.
 

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