La intervención criminal de Estados Unidos en Honduras, México y América Central

LLAMADO URGENTE DEL MOPASSOL

La reciente masacre de integrantes de la comunidad miskita en el Río Patuca, en Honduras, el pasado 11 de mayo cuando dos helicópteros de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA en sus siglas en ingles), dispararon sobre una canoa en la que viajaban los campesinos matando a dos mujeres embarazadas, dos hombres e hiriendo gravemente a otros cuatro, evidencia no sólo la continuidad del terrorismo de Estado impuesto por el golpe militar de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, sino también la trágica ocupación militar norteamericana en ese país.

Detrás de este ataque que “se investiga” en Washington -según se informa- no sólo se advierte la militarización estadounidense de Honduras, con cinco bases y centros de operaciones además de Palmerola (estratégica para la IV Flota) sino que se trata de un ataque directo contra los miskitos, para facilitar la ocupación de la zona y la imposición del corredor mesoamericano de agrocombustibles.

Los asesinatos cotidianos de campesinos, dirigentes sindicales y políticos, maestros, estudiantes y periodistas – en este caso suman  25 asesinados desde principios de 2010- permiten comprobar que el actual gobierno de Porfirio Lobo, surgido de elecciones convocadas y digitadas por los militares golpistas de  junio de 2009, es sólo una continuidad de esa dictadura.  Los asesinatos cometidos por la fuerzas de ocupación en este país son cotidianos y evidencian que ése es el proyecto-guión de Estados Unidos para América Latina, si los dejamos avanzar. La tasa de crímenes alcanza al 86,5 por ciento por cada cien mil habitantes. Se estiman alrededor de 700  homicidios mensuales y unas  20 víctimas diarias.  El 55 por ciento de los homicidios ocurrieron en la zona norte del país (Atlántida, Cortés y Francisco Morazán). El 84,6 por ciento con armas de fuego, Y en casi el 28 por ciento de los asesinatos participaron sicarios.

Se conoce que hay asesores israelíes, paramilitares y sicarios colombianos, después de un acuerdo de los golpistas con el ex presidente  de Colombia Alvaro Uribe, así como ex militares argentinos y de la Fundación Uno América, que participó activamente en el golpe. Centenares de personas han sido detenidas y torturadas. Pero al no poder doblegar la resistencia y al entender que  no tienen posibilidad de ganar en nuevas elecciones, la represión aumenta cada día. No podemos dejar solo al pueblo hondureño. Es nuestro deber pronunciarnos solidariamente ante las enérgicas denuncias que realizan las organizaciones populares de Honduras, denuncias que la gran prensa silencia de manera sistemática.

Lo más grave, en el caso de los miskitos fue el intento de justificación de esos asesinatos  por parte del  Director de la Policía Nacional,  Ricardo Ramírez Cid, quien dijo que ”hubo un intercambio de disparos en la escena”. Aún  cuando se observó que las víctimas estaban desarmadas y los sobrevivientes hospitalizados en La Ceiba relataron que les dispararon a mansalva  con ametralladoras y  granadas.  Lo mismo sucede con los crímenes y amenazas contra los campesinos del Aguán. El pueblo miskito es uno de los más golpeados por la tragedia de la ocupación de ese país centroamericano, así como por la corrupción policial y militar en el tema del narcotráfico, además del  feudalismo imperante en esa zona del país, sumida  en una enorme pobreza. Hay más de  1700 lisiados y decenas de muertos en la comunidad miskita.

El diario New York Times en su edición del pasado 5 de mayo encabeza un artículo señalando que la “Armada de los  Estados Unidos, usando lecciones del conflicto de la década pasada (Irak) en la guerra que está siendo peleada en la selva miskita, ha construido un  campamento (centro operativo) con poca notoriedad pública pero con apoyo del gobierno hondureño”. El citado artículo reconoce la instalación de tres “bases de operaciones de avanzada” ubicadas en Mocorón, Puerto Castilla y El Aguacate”.

El Comando Sur del Pentágono está auspiciando en toda Centroamérica lo que llaman “estados fallidos” para justificar las intervenciones en nombre de la seguridad nacional, el viejo esquema con que sembraron dictaduras en todo el continente en el siglo XX. En esa dirección apuntan los “acuerdos de seguridad” que Estados Unidos viene estableciendo con los países de la región.

A la situación de Honduras que se agrava cada día sumando ya miles de muertos, se suma la tragedia mexicana, sobre la que se extiende un silencio cómplice. Desde que México firmó con Estados Unidos el Plan Mérida en el año 2006 (una réplica del Plan Colombia) y Washington envió armas y asesores para una supuesta guerra contra el narcotráfico, más de 55 mil personas han sido secuestradas y asesinadas en forma atroz, sembrando el terror en el norte de ese país. Existen unos diez mil desaparecidos. Las Fuerzas Armadas intervienen directamente en el conflicto y nadie ignora a esta altura de los acontecimientos que  la mayoría de esos muertos nada tienen que ver con el narcotráfico y que Estados Unidos entregó armas a los grupos paramilitares como los Zetas, como se ha descubierto investigando la Operación Castaway (Operación Náufrago ) o Rápido y Furioso.

Supuestamente, se trataba de una operación encubierta de la DEA para entregar armas y “conocer” las vías del contrabando. Pero esas armas fueron a  parar a manos de los paramilitares mexicanos, que se entrenan en tortura con la población civil, y con inmigrantes que van hacia Estados Unidos y son asesinados y despedazados, como se ha visto en la aparición de cadáveres en distintos lugares.

México ha sido convertido en un estado fallido, y caótico que según políticos republicanos amenaza ahora “la seguridad de Estados Unidos”, y por lo tanto podría ser pasible de una intervención, especialmente si en las elecciones próximas no ganan sus “elegidos” como gobernantes. Las armas de EE.UU también fueron para las “maras” creadas en ese país y luego enviadas a sus países de origen, tanto El Salvador como Honduras y Guatemala, con la finalidad de mantener el crimen y el caos.

Honduras bajo  terrorismo de Estado encubierto y Guatemala, donde el feminicidio y la violencia del viejo militarismo y paramilitarismo contrainsurgente se potencia con la llegada a la presidencia de un oficial de los “Kaibiles” la fuerza especial más brutal de todos los tiempos,  preparada en Estados Unidos y autora de crímenes de lesa humanidad y  de desaparición de aldeas enteras, cuyos pobladores fueron eliminados.

Estos integran la cifra de más de 90 mil desaparecidos durante las dictaduras militares guatemaltecas, la más alta de América Latina considerando además la población de poco más de diez millones de habitantes.

Esta es parte de la realidad centroamericana, a lo que se añade el gobierno derechista de Panamá, que ya ha producido matanzas indígenas, persecución de trabajadores y firmado con Estados Unidos la instalación de doce bases militares y centros operativos rodeando todo el país, que había logrado liberarse del Comando Sur a fines de 1999.

La tragedia ilimitada en Centroamérica se continúa con la virtual ocupación de Colombia con por lo menos ocho bases militares  extranjeras y un terrorismo de Estado encubierto desde hace años y ahora  en una supuesta “Democracia de Seguridad”, donde continúan las matanzas militares y paramilitares día por día y se impide cualquier proceso de paz que signifique  producir un verdadero cambio en ese país. Colombia es el país de América Latina que junto con Guatemala, tiene la mayor cifra de muertos y desaparecidos del continente a lo largo del siglo XX y  lo que va del XXI.

Ante esta realidad, a lo que se unen los tratados de libre comercio firmados con varios gobiernos de la región, la invasión de las agencias de Estados Unidos en el continente y la militarización de la región en ascenso, con las consecuencias sociales y políticas que estamos viendo, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol), llama a organizaciones populares a extender su solidaridad y realizar actos y demandas para detener la masacre de pueblos hermanos y denunciar los graves  peligros de una profundización de la intervención extranjera, que inevitablemente se extendería hacia todo el continente.

Es hora de decir basta al crimen y detener la guerra de baja intensidad, la invasión silenciosa de las fundaciones del poder imperial y la militarización que intenta una recolonización regional en el siglo XXI.

Buenos Aires, Argentina, 23 de mayo de 2012

 Fuente MOPASSOL



Imagen agregada RCBáez
 

El sistema de justicia que condenó a los Cinco: Armas por drogas, drogas por armas (Décima parte)

Por Salvador Capote*

 

¿Qué sistema de justicia es ése que impuso condenas -increíbles por su exageración- a cinco cubanos sin antecedentes criminales, que no cometieron actos violentos, que no poseían armas, que no resistieron al arresto, que sólo estaban movidos por su inmenso patriotismo y que, además, son inocentes? -Es el mismo sistema impotente o cómplice  ante el crimen, la violencia y el caos que en la frontera sur provoca el tráfico ilegal de armas, drogas y seres humanos.

El contrabando de armas de Estados Unidos hacia México comenzó a tomar fuerza a partir de los años setenta. El Artículo 10 de la Constitución de ese país garantiza a los ciudadanos el derecho a poseer armas  para su propia protección o legítima defensa, excepto aquellas que estén expresamente prohibidas por la ley o que su uso esté reservado exclusivamente para los militares. Hasta 1968, era libre la venta de armas de fuego de pequeño calibre pero, a partir de las protestas estudiantiles antigubernamentales, sumadas al auge de movimientos de liberación nacionales, el gobierno clausuró las tiendas de ventas de armas e impuso el registro (ampliamente ignorado por la población) de todas las armas. Los estrictos controles establecidos por el gobierno mexicano fueron aprovechados por traficantes de ambos lados de la frontera para incrementar el volumen de sus negocios: armas de Estados Unidos hacia México, drogas de México hacia Estados Unidos.

En fecha tan temprana como 1977, el New York Times (1) denunciaba ya el contrabando de armas norteamericanas hacia el territorio mexicano. Tengamos en cuenta que el tráfico ilegal de armas está íntimamente ligado al de las drogas. Las armas cuestan caras y hay que pagarlas en dólares, pero los carteles de la droga las necesitan para imponer su dominio y el dinero no es un factor limitante. Por el contrario, no sólo alcanza para pagar el costo de las armas sino para sobornar a un ejército de colaboradores en todos los niveles de la administración en ambos lados de la frontera.

Cuando a un funcionario público le pagan la suma de lo que ganaría tal vez en diez años de trabajo, por sólo mirar hacia otro lado y cuando, por el contrario, si mira hacia donde debe de mirar, pone en grave peligro su vida y la de su familia, no es difícil entender lo que ha estado sucediendo en la zona fronteriza. El tráfico en ambas direcciones no sería posible sin la complicidad de empleados de aduanas, guardias fronterizos, agentes de narcóticos, funcionarios administrativos, periodistas, políticos, militares, jueces, fiscales y policías.

Cierto. Sin embargo, ésta era una explicación muy convincente hace 10 ó 20 años, pero el grado de violencia y caos en la zona fronteriza de México alcanza niveles tan altos que resulta difícil encontrar actualmente una explicación completamente satisfactoria a  no ser que valoremos la intervención de otros factores que se insertan en un panorama geopolítico más amplio. ¿A quiénes conviene que el crimen y el caos conduzcan a una situación de ingobernabilidad en la zona fronteriza de México? -Ciertamente no a los traficantes, porque no hay nada más perjudicial para sus negocios que los  estados de emergencia.  Pero sí para la ultraderecha estadounidense que desea  la militarización y el cierre de la frontera y la expulsión de todos los inmigrantes indocumentados; y también para la ultraderecha mexicana que ve en el establecimiento de un régimen autoritario, policíaco-militar, la única posible barrera al acceso al poder de un movimiento popular similar a los ya triunfantes en otros países latinoamericanos.

Es por este camino, me parece, por donde la investigación periodística ha sido muy pobre. Lisa Guáqueta (2), del “Institute for Policy Studies” de Wahington D.C., considera que un área importante de investigación es la fabricación de armas. “¿La gran industria de armas de Estados Unidos -se pregunta- traslada parte de su producción a México? ¿Están fabricándolas localmente en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez?…”.

Garrett M. Graff, profesor de la Universidad de Georgetown y editor principal de la revista “The Washingtonian”, en su libro “The Threat Matrix” (3), recién publicado, revela que en el periodo posterior al 9/11, justo cuando se recrudecía la guerra de los carteles de la droga, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sacó de la frontera sur alrededor de 2,000 agentes ocupados en perseguir a los narcotraficantes y trasladó sus responsabilidades a la “Drug Enforcement Agency” (DEA). Se considera que los mejor entrenados para perseguir tanto a narcotraficantes como a contrabandistas de armas u otros criminales, son precisamente los agentes del FBI.

¿Por qué abandonó el FBI la frontera sur? -Graff explica que se debe a una reestructuración y reasignación de tareas. Actualmente, en el Buró existen tres Divisiones de seguridad nacional: Contraterrorismo, Contrainteligencia y Delitos Cibernéticos. En la esfera criminal, el FBI ya sólo se ocupa de los casos de mayor envergadura. La División de Delitos Cibernéticos es enteramente nueva y refleja el interés del gobierno en las comunicaciones por Internet (tomen nota los blogueros). Graff observa una correlación casi directa entre el auge de la violencia en la frontera y la salida del área de los oficiales del Buró. Me pregunto si es posible conciliar la decisión de sustraer 2,000 agentes,  con la priorización que supuestamente se asigna a la estabilidad en esta área tan sensible. El hecho parece reforzar la tesis de un caos programado.

En abril de 2009, el presidente Barack Obama, citando datos del ATF (4), afirmó que el 90 % de las armas que se confiscan en México proceden de Estados Unidos. En un informe del mismo año, la GAO (5) señala que las armas objeto del tráfico ilegal son cada vez más poderosas y letales. La G.A.O. destaca que tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México “no ven por qué razón los carteles de la droga habrían de pasar por la dificultad de adquirir armas en otras partes del mundo y transportarlas a México cuando es tan fácil para ellos adquirirlas en Estados Unidos.”

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos es prácticamente impotente ante los poderosos “lobbies” congresionales de la “National Rifle Association” (NRA), brazo de relaciones públicas de la industria de las armas, y de otras organizaciones, que disponen de grandes recursos para la propaganda y los litigios judiciales. La administración Obama anunció a finales de julio de 2011,  una medida federal que obliga a las tiendas de armas a reportar las compras de dos o más fusiles semiautomáticos, de calibre mayor al .22, dentro de los cinco días siguientes a la compra. La medida afecta a 8,500 tiendas de venta de armas en los cuatro estados fronterizos: Texas, New Mexico, Arizona y California (6). De inmediato, la NRA y otras instituciones a favor de la venta libre de armas, presentaron demandas contra el gobierno federal. Cada medida que el gobierno pretenda implantar con el fin de establecer algún control, aunque sea mínimo, sobre la venta de armas, tendrá que pasar primero por una larga y costosa batalla judicial.

La situación de la administración Obama a este respecto es ahora particularmente débil a causa del completo fracaso de ATF en la operación llamada “Fast and Furious”. La operación, comenzada en noviembre de 2009, consistía en dejar pasar las armas al interior de México y monitorearlas todo el tiempo hasta su destino final, lo que supuestamente serviría para ubicar y destruir los centros operativos de los cárteles de la droga. En parte por negligencia y en parte por escasez de recursos, la operación fue un desastre. Las armas, 2,200 fusiles de asalto, se perdieron de vista y están siendo utilizadas por los cárteles  en asesinatos, secuestros y derribo de helicópteros (7). El asunto puede ser aún más complicado para el gobierno si hemos de creer el informe publicado el sábado por William Lajeunesse, de Fox News, según el cual agentes federales  norteamericanos  pactaron con el cártel de Sinaloa permitir la entrada en Estados Unidos de toneladas de narcóticos a cambio de información acerca de los cárteles rivales (Fox News, Aug. 6, 2011).

Según Steven Dudley (8), co-director de “InSight”, un grupo  que se enfoca en el crimen organizado, “…Estados Unidos tiene que detener el flujo ilícito de armas hacia las pandillas criminales. Sin embargo, la administración Obama no ha proporcionado los medios imprescindibles a las agencias que tienen la responsabilidad de hacerlo, y carece de la voluntad política para realizar los cambios necesarios en las leyes”. Dudley señaló además que ATF “tiene el mismo número de agentes que tenía en 1970, esto es, unos 700 inspectores, con la función de controlar a 120,000 vendedores de armas de fuego”.`

Pero los fabricantes de armas disfrutan de muchas maneras de impedir las acciones legales. Por ejemplo, “Intratec Inc.” (“Navegar”) con sede en Miami, Florida, comenzó a fabricar en los años ochenta la “pistola de asalto” TEC-9, basada en las subametralladoras ilegales KG-9 y KG-99, producidas previamente por la firma. El arma recibe cargadores de hasta 32 balas, acepta silenciador, no recoge huellas dactilares (según el fabricante) y es fácilmente convertible a fuego en ráfaga. Ha sido la más utilizada en acciones criminales en todo el país, entre ellas la masacre de “101 California Street” en San Francisco, en julio de 1993, y la tragedia de “Columbine High” en abril de 1999. El cubano-americano Carlos García, dueño de la empresa admitió: “Yo sé que parte de las armas que fabrico terminarán asesinando personas, pero no soy responsable por eso” (9). En 1989, el estado de California, y en 1991 el Distrito de Columbia, prohibieron la TEC-9. En respuesta, Intratec Inc cambió el nombre de la pistola por TEC-DC-9 para evadir la ley (10). Cuando en 1994 el gobierno de Estados Unidos puso en vigor la “Assault  Weapons Ban” (prohibición de armas de asalto), TEC-DC-9, a su vez, se convirtió en TEC-AB-10 (11) con ligeras modificaciones.

La TEC-9 fue usada primeramente por la mafia cubana de la droga en los años ochenta. La podemos ver en acción en la serie televisiva “Miami Vice”. Dennis Henigan, director del “Brady Center to Prevent Handgun Violence” afirmó que la TEC-9 “es un arma literalmente diseñada no para otra cosa que para el asesinato masivo” (12). TEC-9, o sus variantes, fueron utilizadas por la contra nicaragüense, paramilitares y escuadrones de la muerte en Centroamérica y en acciones terroristas de infiltración contra Cuba.

John Miller, periodista de ABC News, que cubrió la masacre de Columbine High, afirmó que “desde entonces [desde que ATF prohibió la TEC-9] la compañía Navegar [Intratec] de Carlos García, en Miami, ha continuado modificando el arma, a menudo cambiándole simplemente de nombre y eludiendo de este modo la ley”. (13)

Sin embargo, ATF permitió la venta en 1989 de los modelos calibre .22 de las armas de asalto prohibidas, basándose en que las armas de ese calibre se consideran de uso deportivo. “Este romántico criterio de balas buenas contra malas -explica Sugarmann (14)- ignora las realidades del mercado de armas de asalto.” Una de las más populares es la TEC-22 “Scorpion”. Aunque menos letal por tiro que una 9 mm, el efecto total de una ráfaga de 30 balazos .22 no es muy deportivo que digamos.

Según Bárbara Vobejda, periodista del Washington Post (15), basándose en declaraciones del director de ventas y comercialización de Intratec, las letras DC en TEC-DC-9 significan “Distrito de Columbia”. Intratec añadió estas dos letras a TEC-9 en 1992 después que el Distrito adoptó una ley, que nombraba específicamente a la TEC-9, haciendo responsables a los fabricantes de armas por las muertes que éstas produzcan. La inclusión de DC en el cambio cosmético de TEC-9 a TEC-DC-9 fue pues, añadir sarcasmo a la burla arrogante de la ley. De igual modo, las letras AB en TEC-AB-10, que significan “After Ban” (después de la prohibición), constituyen una nueva burla a las prohibiciones de Washington de 1994.

Según el propio García, el año de la prohibición su empresa tuvo ingresos por $1.7 millones. Poco tiempo después adquirió una residencia junto al mar, en Coral Gables, por valor de $2.9 millones. García, que emigró de Cuba en 1962,  se dedicó al negocio de la venta de armas de fuego en una tienda en la Pequeña Habana llamada “Garcia’s National Guns”. Carecía de experiencia en su fabricación pero se asoció con George Kellgren, un sueco especializado en diseño de armas militares y formaron “Interdynamics Inc.” a comienzos de la década de 1980, fabricando la KG-9 (K por Kellgren, G por García) pero el arma fue declarada ilegal por ATF. Fabricaron entonces la KG-99 que también fue prohibida. En 1984 Kellgren abandonó el negocio, García cambió el nombre de la empresa por “Intratec”, transformó la ilegal KG-99 en TEC-9 y cuatro años más tarde creó “Navegar” para promocionar la venta (16). En 2001 cesó la fabricación de estas armas asesinas,  pero decenas, tal vez cientos de miles de ellas circulan entre la población y están a la venta en Estados Unidos y otros países, cobrando cada día las vidas de muchos seres inocentes.

Estados Unidos es la sociedad más violenta del mundo, sus gastos militares sobrepasan 1/3 del gasto militar mundial y es responsable de la muerte de millones de seres humanos en todos los continentes. Las personas que mueren al año en Estados Unidos por disparos de armas de fuego, sobrepasan la cifra de 34,000 (17), es decir, más de 650 por semana, unas 90 cada día, mientras que otras decenas de miles sufren heridas sin consecuencias fatales. Por disparos de armas de fuego mueren cada año  en Estados Unidos más de 3,000 niños y adolescentes, uno cada tres horas;  diez veces más que la suma de los que mueren por este motivo en Japón, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Canadá. Todas estas cifras permitirían considerar que existe una especie de guerra interna contra sus propios ciudadanos, con más bajas que en cualquiera de las libradas en otras latitudes.

Las armas en este país son mucho más que simples instrumentos de muerte, son como iconos sagrados y forman parte de una cultura de “cow-boy” que se refleja en el estilo agresivo de su política exterior.

La industria de las armas, a través de la NRA, ha fundamentado históricamente el supuesto derecho a la venta libre de armas, en la Segunda Enmienda de la Constitución, que reza: “Siendo necesaria una bien regulada milicia para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no debe ser violado”.

Los defensores de la libre posesión y venta de armas utilizan generalmente en su propaganda sólo la segunda parte del enunciado y omiten que esta  segunda  estaba condicionada a la primera, o sea, a “una bien regulada milicia”. De todos modos, es una discusión bizantina tratar de descifrar la intención de los padres fundadores en el momento en que escribieron la frase, pero estoy seguro de que James Madison no estaba pensando en una “no regulada” industria de las armas y ni siquiera imaginó el poder que ésta tendría. No pudo imaginar tampoco que armas norteamericanas compradas con dinero del narcotráfico llevarían la destrucción y el caos a la frontera sur. El mundo actual es totalmente diferente al de 1791 y no se puede justificar una situación que origina miles de muertes con una frase muy respetable pero que es fruto de antiguas realidades y de la ideología política y social dominante en otra época.

(1)    “Smuggled Guns from U.S. are Common in Mexico”, New York Times, Jan. 23, 1977.
(2)    Lisa Guáqueta: “Arms Trafficking at the U.S.-Mexico Border”, Washington, D.C., Foreign Policy Focus, March 26, 2010.
(3)    Garrett M. Graff: “The Threat Matrix”, Little, Brown and Company, Hachette Book Group, 2011, pp. 520-521.
(4)    “Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives”.
(5)    “Government Accountability Office”
(6)    Michel Marizco: “Gun Rights Groups Sue Feds Over Rifle Rule Aimed at Cartels”, News for Austin, Aug. 4, 2011.
(7)    La Operación “Gunrunner”, durante el gobierno de George W. Bush, terminó igualmente en fracaso.
(8)    Citado por Robert Beckhusen en “New player in Mexico’s drug war: the NRA”, Wired.co.UK, Aug. 5, 2011.
(9)    “I know some of the guns going out of here are going to end up killing people. But I’m not responsible for that.” Citado por Peter H. Brown y Daniel G. Abel: “Outgunned”, The Free Press, 2003, p. 273.
(10)    Brown y Abel: Idem, p. 273
(11)    AB significa “After Ban” (después de la prohibición).
(12)    Brown y Abel: Idem, p. 89.
(13)    Idem.
(14)    Josh Sugarmann: “NRA, money, firepower, fear”, National Press Books, Washington, DC, 1992, pp. 208-209.
(15)    Bárbara Vobedja: “The Colorado Pistol With ‘DC’ in Its Name”, Washington Post, May 1, 1999.
(16)    David Olinger: “Following the guns”, Colorado News, Aug. 1999.
(17)    Lilian B. Rubin: “A Lack of Gun Control Leads to Gun Crime”. In: “Guns and Crime”, 2008, p. 54.

*Bioquímico cubano, actualmente reside en Miami. Trasmite con cierta regularidad por Radio Miami el Programa “La Opinión del Día”, que aparece poco después en laradiomiami.com. Es colaborador de Areítodigital.net; participa, con la Alianza Martiana, en la lucha contra el Bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.

Imagen agregada RCBáez, caricatura de Jayme Sifuentes

Avanza la resistencia democrática y la descolonización de América Latina: Evo Morales

EU gasta más de 100 mil mdd para mantener bases militares, critica en entrevista con Stella Calloni*
Comprobamos que sin la DEA se da mejor la lucha contra el narcotráfico, afirma

Buenos Aires, 2 de julio. El presidente de Bolivia, Evo Morales, analizó el momento de "resistencia democrática" y descolonización que vive América Latina, la importancia de la integración regional en esta "hora de los pueblos" y anunció que visitará a su colega Hugo Chávez Frías en Cuba, donde el mandatario venezolano recibe tratamiento contra el cáncer.

En entrevista con La Jornada, Morales destacó "la valentía y la fuerza" con que su colega comunicó a su pueblo y al mundo sobre su situación y recuperación. "Nos alienta a todos", señaló, y condenó acciones de medios de comunicación como CNN que "escandalizan, dramatizan" y especulan con enfermedades.

"¿Acaso porque somos presidentes no tenemos derecho a enfermarnos? Incluso estamos más expuestos, por todas las exigencias que tenemos. Nos preguntamos de qué dignidad hablan cuando un presidente antimperialista o independiente se enferma y festejan y muestran satisfacción, sabiendo que eso es un dolor para los pueblos que los eligieron. ¿Qué clase de seres humanos son los que festejan tragedias, los que amenazan de muerte a presidentes y políticos que no pueden controlar?", cuestionó.

Habló de la urgente necesidad de encontrar una salida negociada a lo que sucede en Libia y terminar con la intervención extranjera y los bombardeos de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) contra ese país.

"Debiera aceptarse ya una salida como las que han propuesto países de África. Condenamos esa situación y todo tipo de intervención. Además no se puede entender que se ordene la captura de un presidente (Muammar Kadafi) que está bajo el bombardeo constante de fuerzas extranjeras. Algunos presidentes europeos están totalmente equivocados, y en lugar de ser juzgados quienes bombardean, quieren juzgar a los que enfrentan una intervención militar. Apoyamos toda iniciativa de paz que respete la autodeterminación del pueblo y la soberanía de Libia".

El mandatario boliviano estuvo dos días en Argentina para firmar acuerdos con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien –por teleconferencia– inauguró el gasoducto Juana Azurduy, en Yacuiba, zona fronteriza. Puso como ejemplo para el mundo esos pactos, que consideró "un símbolo de integración energética respetuosa".

Agradeció a la mandataria su fuerza y voluntad para continuar la política de integración y hermandad latinoamericana, y afirmó que dieron un ejemplo "a un mundo con tantas crisis mostrando un acuerdo que surge de un trabajo conjunto de compartir y no de competir. Es un ejemplo de complementariedad, de acuerdo energético que beneficia a los dos países. Demostramos como presidentes de Sudamérica la capacidad de complementarnos cuando se nos presentan algunos problemas en lo económico, en lo comercial, pero también en lo político. Nos hemos ayudado con desinterés y en favor de nuestros pueblos".

En cuanto al momento político que vive América Latina, destacó una serie de avances en el camino de una integración que tiende a profundizarse y de esta manera "estar más fuertes para enfrentar las amenazas de cada momento. Hemos dado pasos en el Consejo de Defensa Suramericano a favor de la defensa de nuestros recursos naturales, del territorio, de nuestros derechos, de la soberanía de nuestros pueblos, de la descolonización y en ningún caso orientados a atacar a otros países de la región ni del mundo".

Morales consideró que "los pueblos de Sudamérica y Latinoamérica estamos ganando frente al imperio tres a uno, porque hubo cuatro intentos de golpes de Estado: Venezuela, en 2002; en Bolivia (en 2008), en contra de este presidente; luego en Ecuador en 2010, todos rechazados por los pueblos. Ganamos tres a uno, como nunca había sucedido, y lamentablemente pudieron hacerlo en Honduras".

Destacó la presencia popular contra ese golpe y una posición muy fuerte en contra del golpismo en países de nuestra región y del mundo hizo que desde el propio actual gobierno de Honduras se buscaran negociaciones para salir del aislamiento, y aunque el "golpe no se puede cambiar", tuvieron que aceptar el regreso de Manuel Zelaya, "un mandatario elegido por el pueblo al que secuestraron de su casa, llevaron fuera del país y desterraron. Su regreso debe ser visto como un triunfo político y también como un triunfo para el pueblo de Honduras, que nunca dejó de resistir y ahora se organiza abiertamente. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir observando lo que pasa allí y de seguir garantizando las revoluciones democráticas, de voto por voto, una experiencia de estas nuevas décadas donde se avanza con muchas dificultades, pero con grandes logros".

Advirtió que las políticas de golpe de Estado fracasarán porque hay un sentimiento de los pueblos de liberación, y con el triunfo de Ollanta Humala en Perú se ve decisión. Cada triunfo ha enfrentado una guerra sucia y de medios, pero los pueblos eligen. América Latina está llevando adelante una resistencia democrática voto a voto.

Se consultó a Morales sobre nuevos datos que muestran que su país ha dado fuertes golpes al narcotráfico. Destacó que “nosotros hemos comenzado a organizar nuestra propia lucha. Yo estaba convencido de que la DEA (cuya salida de Bolivia dispuso el mandatario en 2009) no lucha contra el narcotráfico, sino que lo controla con fines políticos. Así lo comprobamos nosotros. Con fines políticos hacían operativos para implicar a dirigentes sindicales o dirigentes políticos o gobiernos antimperialistas, independientes. Sin la DEA comprobamos que se da mejor la lucha contra el narcotráfico, a pesar del permanente sabotaje de Estados Unidos. Queremos recordar que dentro de las políticas de lucha contra el narcotráfico a nivel mundial hay responsabilidades compartidas de las que Estados Unidos se desliga. No invierte en las verdaderas políticas antinarcotráfico, sabiendo que el origen de éste es el mercado ilegal. Y la responsabilidad que existe en el consumo masivo”.

Además Morales relata que se ha incorporado un nuevo apoyo, que son las comunidades campesinas que colaboran para detener ese flagelo. Dice que han logrado detener a "traficantes y paramilitares colombianos con la colaboración de las comunidades campesinas y eso es parte del esfuerzo, pero nosotros no permitiremos más muertos como fue la experiencia del pasado".

Ante la crisis en el mundo y especialmente en Europa señala que "la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) es una esperanza y ejemplo no sólo para la región, sino para el mundo".

Piensa que los países de UNASUR "que tenemos recursos naturales: gas, petróleo, litio, minerales, alimentos, de todo, debemos aliarnos como estados para darle valor agregado a estos recursos. Tal vez tengamos algunos problemas con tecnologías, conocimientos científicos, pero podemos lograrlo. Nosotros estamos construyendo, y no destruyendo".

Destacó lo logrado por la Alianza Boliviariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), organismo que consideró una integración para la liberación económica y política, así como para la solidaridad.

Finalmente destacó que "UNASUR es una unión de estados plurinacionales con presidentes que dan confianza. Somos pueblos de paz, queremos doctrinas de defensa nuestras, una Sudamérica sin bases militares, un mundo sin bases militares. Estados Unidos gasta más de cien mil millones de dólares sólo para mantener esas bases, muchas de las cuales están en Europa. Pensemos en lo que podríamos hacer por nuestros pueblos con sólo una parte de esos fondos. Por eso nosotros buscamos otro mundo con justicia, igualdad, soberanía, respeto, y sabemos que es posible. También soñamos con los derechos de la madre tierra, salvar el planeta de la destrucción y liberar a los pueblos del mundo construyendo. Con todo lo que nos falta, somos el ejemplo, sin duda alguna".

FOTO El presidente boliviano, Evo Morales, con el jefe de gabinete de Argentina, Aníbal Fernández, el viernes pasado. AP

*Corresponsal, Periódico La Jornada

Domingo 3 de julio de 2011, p. 25