Síntesis propuestas sociedad civil sobre primer punto de la
agenda: Política de desarrollo agrario integral (enfoque territorial).
Las
FARC-EP, en el periodo de receso de los diálogos, han aprovechado el
tiempo para leer, discutir, analizar y resumir las diferentes propuestas
de la sociedad civil que nos han llegado a través de las mesas
regionales y también a través de la página web www.mesadeconversaciones.com.co. Quisiéramos exponer aquí una síntesis de ellas, teniendo en cuenta:
Que
para la Delegación de Paz de las FARC-EP, como lo ha reiterado ya
multitud de veces en la mesa y también por fuera de ella, es fundamental
escuchar la voz del pueblo. Para nosotros, el pueblo es el
constituyente primario, es decir, si se quiere realmente construir una
sociedad nueva donde haya participación política, económica y social de
todos los sectores del país, es absolutamente lógico e indispensable que
todos participen. Pensamos que para implementar las propuestas de la
población no se puede condicionar algo que es un deber del Estado a que
se produzca la dejación de armas por parte de la insurgencia. Ni muchos
menos se pueden hacer pender amenazas sobre le movimiento sociales o
personas que aspiran o efectivamente están aportando sus ideas al
desarrollo del proceso.
Que hay una realidad de
miseria y pobreza generalizada en el campo colombiano. Son muchas las
expresiones concretas de esa miseria, mencionadas en la gran mayoría de
propuestas hechas por organizaciones campesinas y populares de la
nación: falta de vías terciarias, falta de mercado para los productos,
deficiencias en el sistema de créditos, en salud, educación, vivienda.
En muchas áreas no hay ni siquiera agua potable, bueno, todos
coincidimos en que hay que buscar formas de contrarrestar esta
situación. Pero la Delegación de Paz de las FARC-EP cree que no se
puede curar un cáncer con paños de agua tibia, no. Cuando alguien está
enfermo, se le hace primero un diagnóstico y se buscan las causas que
han producido la enfermedad. El campo colombiano también está gravemente
enfermo, los síntomas ya los nombramos y los conocemos, pero tenemos
que buscar las causas de la enfermedad.
Que la
Delegación de Paz de las FARC-EP considera que un estado existe en
primer lugar para garantizar la vida y los derechos de sus ciudadanos.
El Estado colombiano reclama y dice ser un representante
democráticamente elegido por sus ciudadanos. Como tal, pensamos que está
en la obligación de no solo escuchar, sino también implementar las
propuestas que ellos hagan. Semejante magnitud de propuestas hechas por
la ciudadanía de un país es una señal de que esa ciudadanía está
pidiendo participar en la construcción del país, y lo pide a gritos.
Además, el conjunto de las propuestas es de tal tamaño, que se podría
considerar una convocatoria multitudinaria a hacer un referéndum por la
paz, es decir, ahí está reflejado la voluntad de la gran mayoría de
colombianos y como tal tiene que ser tomada en cuenta
Tratamos
de hacer una síntesis, o más bien encontrar un hilo común, en las
propuestas transmitidas por los miles de ciudadanos. Es un primer
intento, y todas las opiniones, inquietudes o sugerencias son más que
bienvenidas. El debate debe desatarse, y a través de él debemos llegar a
conclusiones de consenso que nos permitan construir entre todos la
Nueva Colombia.
Muchas organizaciones proponen una reforma agraria integral, democrática e incluyente. Nos escribe el compañero Luis Javier Franco Agudelo, de Barbosa, Antioquia: 1.
Que el derecho a la tierra se eleve a rango constitucional y cada
familia colombiana tenga derecho a un mínimo vital de tierra de una UAF.
2. Que ningún colombiano pueda poseer más de 100 hectáreas de Tierra.
3. Que cada empresa no pueda poseer más del 10 por ciento de la tierra
por Municipio colombiano. 4. Que la guerrilla, los paramilitares, los
empresarios, la clase política sea controlada para que su acceso a la
tierra no sea especulativa y no sobrepase los límites anteriores. 5.
Para cumplir el propósito de que la tierra sea para todos los
colombianos, y que cada familia pueda poseer una UAF y se haga el
control del techo máximo, se haga un censo catastral nacional. En general, se quiere una democratización de la tenencia de la tierra y los suelos de vocación agropecuaria. La Organización de Víctimas de Nuevo Horizonte, las Palomas, hacia el Cambio Rural propone:
La legalización del predio donde vivimos y adjudicación de parcelas a
unos desplazados que conviven con nosotros en el mismo predio. LaEmpresa Comunitaria de Reforma Agraria El Tambor de Malambo, Atlántico, proponeentregarle
tierra a los campesinos y acompañados con proyectos productivos que
verdaderamente mejoren la calidad de vida de los campesinos. LaAsociación de Víctimas del conflicto armado del Sur de Bolívar, ASVICSUR, propone que
se realice mediante ley un límite a la propiedad de la tierra rural que
no exceda las 300 hectáreas, que exista titulación de predios en todo
el país y que se realice una gran reforma agraria. Se quiere
eliminar la acumulación improductiva e ilícita de las tierras mediante
la aplicación eficaz de la extinción de dominio, la expropiación por vía
administrativa y la aplicación de fuertes gravámenes para las tierras
inadecuadamente explotados en términos de producción, generación de
empleo y sostenibilidad ambiental.
El desplazamiento de gran parte de la población rural también es objeto de reflexión y propuestas. Al respecto dice José Buenaventura Parada Moreno: Reincorporar
a los campesinos desplazados, que fueron llevados a las periferias de
miseria de las grandes e intermedias ciudades, reubicándolos en
viviendas en concentración subsidiadas, a muy bajo valor y cuotas de
amortización mínimas; que sean dignas del ser humano y cuenten con
servicios de salud, educación básica primaria, secundaria técnica
superior, recreación y cultura; beneficio del que también podrán hacer
uso las personas que aún se encuentren en sus humildes y aisladas
moradas. ElMovice, del Meta, propone: El retorno de
desplazados y otros al campo con garantías de permanencia y rodeados de
condiciones políticas, económicas y culturales para que siembren
alimentos y garanticen la seguridad alimentaria a sus familias
comunidades y al país.
Hay una representación
muy significativa por parte de organizaciones femeninas que están
reclamando sus derechos y su participación en todos los ámbitos de la
vida nacional: desde participación política como tener acceso a la
tierra. La Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, de Carmen del Bolívar y San Onofre, quiere:
Dar cumplimiento a los acuerdos nacionales e internacionales en materia
de igualdad de género. Fomentar oportunidades a las mujeres para la
tenencia de tierra en calidad de propietarias. En Colombia, la mujer
y muy especialmente la mujer campesina ha sido discriminada
históricamente; muchas organizaciones piden que también a ellas se les
puedan otorgar títulos de tierras, ya que muchas mujeres son cabezas de
hogar y son discriminadas a la hora de adquirir tierra para trabaja. La
mujer campesina muchas veces, aparte de atender su hogar y criar sus
hijos, trabaja en el campo y son trabajos no remunerados. Así que ellas
piden decididamente que se les respete sus derechos y que se haga
énfasis especial en el problema de género cuando se habla del problema
agrario.
Fortalecimiento y ampliación de Zonas de Reserva Campesina. En este sentido, Germán Gaona Amado, de Vistahermosa, Meta, propone: Que
la reserva natural del parque de La Macarena se convierta en una zona
de reserva campesina que le dé garantías, derechos y deberes al
campesino que lleva más de 50 años de asentamiento en este lugar y que a
esta fecha ni siquiera puede utilizar su posesión como garantía para
apalancarse de un crédito. Un compatriota anónimo, de Aguas de Dios, Cundinamarca, dice: Las zonas de reserva campesina y agrícola bien delimitadas y priorizadas son la garantía de viabilidad futura como país.
Las zonas de reserva campesina hay que estimularlos como zonas
esenciales para el desarrollo agropecuario ecológicamente y humanamente
sostenible, y hay que crear muchas ZRC más.
Dinamizar proceso de titulación de las tierras indígenas comunales y territorios colectivos para afros. El compatriota de Aguas de Dios, de Cundinamarca, dice: Que las
tierras y fincas arrebatadas a los campesinos - indígenas y negros por
los generadores de violencia (guerrilla - paramilitares -
narcotraficantes - parapolíticos - bacrím - corruptos y otros) les sea
devuelta sin ninguna clase de restricciones ni mucho menos aduciendo
tenencia de buena fe. Redistribución de las tierras improductivas. Una propuesta anónima, desde Bogotá: Expropiar
tierras que no produzcan que estén en manos de terratenientes y
entregarlas a los campesinos subsidiarlos y apoyar la agricultura en
esas tierras, nacionalizar infraestructura minera, petrolera (…).
Además,
la mayoría coincide en que hay que complementar la titulación de
tierras con programas de capacitación y asistencia técnica para la
producción, administración, el mercadeo y créditos subsidiados. Respecto
a los créditos nos escribeJorge Vargas Vargas, desde Firavitoba, Boyacá, que se debe crear una política real de crédito planificado y blando para los agricultores. El Comité por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba, de Montería, Córdoba, dice: Que
se rediseñe la política agraria vigente y se enmarque en unos espacios
más incluyentes, donde la acción del Estado llegue hasta el mediano y
pequeño productor del campo, con líneas de créditos de bajos intereses y
fácil acceso, y políticas claras y programas que faciliten la
realización de proyectos productivos sostenibles en el tiempo.
Se
quiere que los programas de desarrollo sean previamente discutidos y
concertados con las comunidades indígenas, campesinas y
afro-descendientes y contemplen en su concepción, el enfoque de género y
la diversidad ecológica, regional y cultural. Ian Acuña hace una propuesta sobre cómo respetar esa diversidad: El estado
debe auto escriturarse inmediatamente todo el territorio nacional
"baldío" para que nadie pueda llegar a apropiarse por vías de hecho
ningún territorio. Mediante una figura general (o varias) estos
territorios "baldíos" o improductivos deben cambiarse a una
clasificación por nivel de conservación (definido por su ecosistema
original: sabanas en las sabanas, selvas en las selvas, paramo en el
páramo, perdonando la obviedad) y aquellos con cierto nivel de
conservación DECLARARLOS BIEN PUBLICO INALIENABLE, PROPIEDAD DE TODOS Y
NO NEGOCIABLE. Sobre la concertación con las comunidades dice Arturo González Patrón, promotor del movimiento político Cartagena Raizal y Progresista: En
este sentido, nuestra propuesta concreta es que se ejerza un fuerte
intervencionismo de Estado para poner coto al festival de licencias que
otorgan oficinas de control urbano o curadurías urbanas e incluso
concesiones inconsultas de uso de playas, sin antes socializar
suficientemente dichos proyectos con las comunidades. Los indígenas Waunana –Nonam, del Bajo Calima, municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, proponen: Que
se incluya como política de desarrollo integral, nuestra propuesta de
Resguardo Biodiverso construida a partir de un plan de ordenamiento
territorial en total identidad con nuestras prácticas milenarias de
vida, de respecto con la Pacha mama y de solidaridad con la humanidad.
Impulso
de política de recomposición de la economía campesina que fortalezca la
soberanía y seguridad alimentaria en Colombia. La organización EVOCULTURAL propone un huerto escolar comunitario: Que
estudiantes, madres, padres y maestros, quienes necesitan alimento y
carecen de tierra, sembrando juntos, en tierra adjudicadas a las
escuelas, por el Estado, aprendan a sembrar y alcancen la
autosuficiencia de alimentos orgánicos, para compartir no para vender y
recuperen el uso de la tierra en comunidad, aportando así a la solución
de la crisis ambiental, económica y social.
Que
el campesinado sea reconocido en el marco normativo y constitucional
como sujeto de especial atención y grupo social diferenciado con voz y
voto para su inclusión política. Dice María Margarita Obdul, de Bogotá: Mi
propuesta es otorgarle a los campesinos la oportunidad real de
desarrollar sus proyectos productivos, proponiéndolos desde un consejo
de comunidad para ser avalados por el estado y no que el estado sea
quienes lo propongan y ellos acepten. Tiene más sentido hacerlo de esa
manera pues son ellos quienes conocen sus necesidades y de acuerdo a lo
que saben y piensan de su comunidad propondrán buscando los mejores
beneficios de su comunidad.
Diseñar un nuevo
Código Minero que responda a las necesidades del territorio, que sea
debidamente concertado con las comunidades y que respete el trabajo de
la mediana minería y de mineros artesanales. (Derogar Resolución 0045 de
2012, revisar, discutir y concertar con las comunidades la actual
política minero-energética. Así pide elConsejo Comunitario de la Comunidad Negra del Río Naya, Buenaventura: Garantizar
la protección de nuestra identidad cultural y del territorio biodiverso
como garantía de vida para la humanidad, prohibiendo toda concesión que
multinacionales y empresarios soliciten para la extracción o
privatización de nuestros recursos. Esta comunidad de
afro-descendientes es una comunidad que practica la agricultura,
minería, pesca, cacería, artesanía en uno de los territorios más
biodiversos del pacífico. La comunidad de El Crucero KM 9, cuenca del Bajo Calima,
fue víctima durante 40 años de la multinacional papelera SMURFIT KAPPA
CARTON DE COLOMBIA, quienes con el consentimiento del gobierno nacional
arrasaron todo el bosque primario, causando daños ambientales y sociales
que están en la total impunidad. Proponen que el Estado y la fuerza
pública les garanticen el deber constitucional de proteger vida, honra y
bienes de la comunidad, reparando sus actuaciones en las que protegen
intereses empresariales.
Implementar programas
de desarrollo infraestructurales (carreteras, agua y electricidad,
transporte) que respondan a una política de autoabastecimiento
alimentario para Colombia. Que esos programas tenga veeduría ciudadana y
que sean administrados por entes territoriales (para eso, capacitar
pequeños y medianos productores). Un compatriota de Bucaramanga, Santander:Sugiero
una acción sobre las vías terciarias de las tierras improductivas, para
garantizar al campesino seguridad, estabilidad, y productividad de la
tierra. Marcela Daniels afirma: El desarrollo de la
infraestructura vial de Colombia debe considerar la necesidad de
conectar los centros de producción con los principales centros de
consumo. Es necesario que los productos de los campesinos de Nariño,
Cauca, Huila y la Orinoquía puedan llegar a las grandes ciudades para
hacer frente a la creciente importación de alimentos.
En
materia de salud, se proponen iguales oportunidades para todos los
colombianos para acceder a un sistema público de alta calidad. La salud
es un derecho, y debe ser de calidad y tener accesibilidad. La mayoría
de las propuestas son claras y concretas: Hay que hacerle una reforma a
la ley 100. El sector salud debe cubrir el 100% de la población colombiana, propone un compañero deBogotá. La Mesa Regional campesina de Montes de María propone: Construcción
de puestos de salud rurales – bien dotados- con visitas periódicas de
los médicos y enfermeras. Crear una norma que otorgue la salud
subsidiada al 100% del campesino de estratos 1, 2 y 3, prestar atención
de medicina especializada en los municipios.
Respecto
a la educación: que el Estado garantice una educación pertinente,
acorde con los usos y costumbres de las comunidades y grupos étnicos,
dando cumplimiento al Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 del 1991. Debe
ser gratuita y de calidad, debe haber formación técnica, se debe
promover la investigación. Un compañero de Bucaramanga, Santander, se pregunta: ¿Que
hacemos sin educación rural? ¿Los entes territoriales cómo apoyan al
campesino si no se generan fuentes de trabajo? ¿Qué sentido tiene llevar
un concierto de jazz a Mompos, cuando la zona de la depresión momposina
se hunde en la pobreza absoluta, donde no pueden obtener su mínimo
vital? Sin salud, sin vías, sin educación, sin trabajo…Le agrega José Fernando Salcedo, del municipio de Sogamoso, Boyacá: Pensar
en un buen sistema educativo y de salud pilares de la sociedad rescatar
verdaderamente el campo llegar a miles de veredas abandonadas por el
estado brindarles los beneficios que por derecho tienen, fortalecer la
educación en las ciudades y municipios dar más apoyo al sena creando el
sena rural para que muchos de los hijos campesinos puedan acceder a este
beneficio. Un compañero de Jamundí, Valle del Cauca: Es
importante también que esta calidad de educación llegue a las zonas
rurales. Se debe generar una educación de calidad publica, tanto
profesional como técnica, se debe proporcionar mecanismos de
financiación de fácil acceso a extractos bajos (BECAS), se debe
fortalecer el deporte y el desarrollo artístico desde la infancia y
generar la logística necesaria para lograrlo. Una compañera de Bogotá propone: Inversión
integrada, exponencial y progresiva en Educación y Salud a través del
establecimiento del monopolio Estatal de esos servicios, y la creación
del tribunal nacional independiente de salud y educación. Se trata de
establecer por medio de ley la obligación del Estado de realizar una
inversión anual para educación y salud públicas, siempre por encima del
presupuesto de defensa e infraestructura, creciendo un 10% cada año
fiscal. Es decir, el presupuesto de salud y educación debe ser más
grande siempre que la sumatoria de los presupuestos de defensa e
infraestructura. Un compatriota de El Copey, del departamento del Cesar, propone: Determinar, definir y montar un programa que dé solución al problema de analfabetismo en el campesinado colombiano.
En
cuanto al problema de vivienda en el país, se dice que hay que
garantizar el derecho a una vivienda adecuada, con servicios de
electricidad y agua, con diseños que sean armónicos con el territorio,
que tenga en cuenta las tradiciones de los pueblos. DiceJosé Buenaventura Parada Moreno: Viviendas
que pudieran ser alimentadas con biogás, producto del procesamiento de
los desechos vegetales en biodigestores explotados y administrados por
la misma comunidad. Jorge Orozco Suarezpropone: un
programa para Resarcir a los que somos "damnificados" por el funesto
sistema UPAC (política económica impuesta por el estado en el gobierno
de Misael Pastrana Borrero) al tener que dar endación de pago a la
Corporación Colmena un apartamento ante la imposibilidad de cumplir las
voraces cuotas (tengo el acta o carta de entrega, del bien que nunca
pudimos recuperar) Hoy 11-12-2012 con 60 años y medio, desempleado sin
esperanza de recuperar vivienda pues es un tema olvidado por todos los
gobiernos, salvo que los "defensores" del pueblo, sugieran en la mesa de
negociación que nos incluya en el programa de 100.000 viviendas gratis
pues en cierta manera somos "desplazados" de un techo, sin que a las
lumbreras "asesores" de políticas sociales del gobierno se les ocurra
mencionar. Para que comprueben que hace 10 años no tengo trabajo estable
y 11 años sin techo. ¿Qué calidad de vida es esta, para la tercera
edad?
Fortalecer la organización campesina en
cooperativas y asociaciones para la producción, transformación y
comercialización de los productos agropecuarios, aprovechando el TLC,
pero al mismo tiempo revisión de ese TLC: generar mecanismos de
protección a la producción local. La Asociación de usuarios campesinos de Salamina, Caldas, escribe al respecto: -Se
debe garantizar el mercadeo de los campesinos a través de sus propias
organizaciones sociales, tales como cooperativas o sección de mercadeo
de cada organización.
Programas de asistencia técnica rural. EscribeOtoniel Díaz Otero, del municipio de Zapatoca, Santander, que: Desarrollar
un permanente proceso de capacitación y asistencia técnica en aspectos
organizativos, productivos y de comercialización y mercadeo y de
intercambio de experiencias, de manera que haya un constante interés y
verdadero estímulo del productor agropecuario en participar en el
proceso de transformación del sector. La Plataforma Municipal de Organizaciones Sociales de Carmen de Bolívar:
Fomentar y promover procesos ampliados de tecnología, tierras con
calidad, infraestructuras, créditos, distritos de riegos, investigación
científica agropecuaria, subsidios, oportunidades de comercialización
con garantías para todos y todas.
Proteger la
producción nacional de alimentos y consagrar el derecho a la soberanía
alimentaria como deber del Estado. Propone un compatriota deChaparral, Tolima: (…)
implementar proyectos de investigación, tecnologías de última
generación y sobre todo por la defensa de la soberanía y seguridad
alimentaria, como los bancos de semillas nativas. Hay una gran
cantidad de propuestas que nos hablan de la seguridad y la soberanía
alimentaria, por ejemplo esta propuesta que viene del Atlántico: Frenar
la compra de tierras por extranjeros, quienes buscan comprar gran
cantidad de tierras para producir alimentos lo que genera un problema de
soberanía. Que el gobierno subsidie la producción de alimentos. Si no
hay comida hay rabia, y si hay rabia hay violencia. Por ahí empieza la
paz. La Mesa Regional campesina de Montes de María, de Sincelejo, Sucre, quiere crear
mediante alianzas interinstitucionales bancos de semillas especialmente
nativas, para la preservación de la seguridad y soberanía alimentaria.
Que
las comunidades mantengan control local de sus territorios, de sus
semillas y de sus medios productivos, para que puedan producir de manera
autónoma y soberana sin depender de empresas nacionales y
transnacionales de alimentos. La producción ancestral con
saberes y semillas de los campesinos tendrá prioridad en el consumo
interno del estado y gozará del subsidio y blindaje contra cualquier
manipulación extraña, escribe laAsociación de usuarios campesinos de Salamina, Caldas. Un autor anónimo, deBarranquilla, Atlántico, nos dice: La
idea fundamental es que se crearan unas condiciones que les obligara a
estas compañías cumplir labores sociales notorias, que si quieren
explotar nuestras riquezas, nuestros recursos, nuestro subsuelo, no solo
ganen ellas y para sí, absurdas cantidades de dinero sino que también
estas ganancias se reflejen en las poblaciones aledañas. La Junta de Acción Comunal de Cañaverales afirma: Rechazamos
rotundamente la presencia de los megaproyectos en nuestros territorios y
presencia ministerial haciendo las consultas previas, ya que con la
llegada de los megaproyectos, acabarán con la agricultura, manantiales y
afectarán el medio ambiente. La Red de Mujeres Comunitarias de Maicao, Guajira, propone una
producción agroecológica libre de semillas transgénicas, basada en la
recuperación, manejo e intercambio de la biodiversidad, semillas nativas
y la soberanía alimentaria. ¡¡No a los alimentos transgénicos!! En
cuanto las semillas, se ha propuesto derogar el artículo 4 del Código
penal (ley 1032/06), la Resolución del IA 970/10, la Ley 1518/12, el
Convenio Internacional UPOV 91, Decreto 4525/05. Hay que proteger las
semillas nativas y realizar campañas sobre los efectos nocivos de las
semillas transgénicas.
Hay varias propuestas que
son Proyectos de Ley, demasiado extensas para exhibir en este espacio,
por ejemplo el Proyecto de Ley de Franco Romo Lucero de la Federación de juntas de Acción Comunal de Nariño, llamado "SOBERANÍA ALIMENTARIA, MINERÍA ARTESANAL, CONSERVACIÓN DE CUENCAS Y BIODIVERSIDAD".
Como
ya dijimos, ésta es solo una pequeña muestra de las miles de
propuestas, pero es una muestra particular de unas ideas reflejadas en
casi la totalidad de las organizaciones campesinas, indígenas,
afrocolombianas, de mujeres, desplazados, etc.
Los integrantes de la Delegación de Paz creemos que la mayoría de las
propuestas implican una mirada integral al problema de la ruralidad en
Colombia, entendiendo que el asunto no se refiere en exclusivo a los
graves problemas de nuestro campesinado sino que se trata de problemas
que afectan al país en su conjunto. No está por demás decir que no se
puede considerar una repartición equitativa de la tierra sin analizar el
problema del latifundio; no se puede siquiera pensar en seguridad y
soberanía alimentaria si no se analiza la explotación de nuestros
recursos por parte de empresas multinacionales extranjeras y nacionales;
no se puede hablar de políticas frente a los productos y semillas
transgénicos si no se consideran las políticas económicas del Estado
colombiano. En conclusión: se piensa que hay que tratar el problema del
desarrollo agrario desde una perspectiva panorámica, y eso también se
ve reflejado en las propuestas, ya que muchas organizaciones proponen
una reforma profunda de las políticas económicas y sociales del momento.
El gobierno no puede ni debe obstinadamente cerrarse a esas
posibilidades, ya que son propuestas y pedidos de muchísimos ciudadanos
que están viviendo dentro del territorio que ellos gobiernan. En otras
palabras: hay una Presión –con letra mayúscula- de la ciudadanía
colombiana y si el gobierno no se la va a tener en cuenta seguirán
existiendo los problemas sociales, la desigualdad, la injusta
distribución de la tierra, la falta de oportunidades para el campesinado
y por lo tanto los conflictos, haya o no haya desarme de las
guerrillas.
De todas formas, el pueblo colombiano
puede estar seguro que sus propuestas y aportes al proceso de paz sean
objeto de estudio y análisis por parte de las FARC-EP y serán llevados a
la Mesa de Conversaciones. Es legítimo y justo pedir participación
directa en la mesa, como lo han hecho varias organizaciones y
comunidades, y las FARC-EP hemos pugnado por ese espacio que nos fue
entregado a cuentagotas. Pareciera que para el Estado colombiano hay que
levantarse primero en armas para ser escuchado.
Fuentes:
Mesas de Trabajo Regional para contribuir al fin del conflicto: Propuestas de la sociedad civil. Comisiones de Paz del Senado y de la Cámara de Representantes, con el apoyo logístico, técnico y metodológico de Naciones Unidas. Tomos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Delegación de paz de las FARC-EP
