30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido

Por Pablo Portillo de Jesús*

 

El 30 de agosto ha sido reconocido como Día Internacional del Detenido Desaparecido [1]. Este día tiene como objetivo recordar a hombres y mujeres cuyas vidas fueron  arrancadas de sus hogares por manos criminales, y recordar a los seres que han luchado  por  la paz, la democracia y la justicia social.

De acuerdo con la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada”[2] ,  se entenderá  por "desaparición forzada”  “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por grupos de personas que actúan con la autorización o el apoyo  del Estado”.

Los seres  humanos no deben ser sujetos a la desaparición forzada  bajo ninguna circunstancia y, en caso de producirse esta violación, los familiares tienen el derecho de saber la verdad  acerca de las circunstancias que provocaron este acto inhumano y el Estado está obligado a proteger la vida de las personas y  asegurar los resultados de la investigación.

De acuerdo con la Convención Internación para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, debemos estar conscientes de que las violaciones de “los valores más profundos de toda sociedad, de las libertades fundamentales, representa un crimen de ‘lesa humanidad’ que debe ser erradicado”.

Los Estados, de acuerdo con la comunidad internacional, deben indemnizar a los familiares de las personas víctimas de desaparición forzada, esto es que, “Los  familiares  deberán obtener reparación y tendrán derecho a ser indemnizados de una manera adecuada y a disponer de los medios que les aseguren una readaptación tan completa como sea posible”.

Durante la época de los 70 se implantó en varios países de América Latina la doctrina de la  Seguridad, mediante el terrorismo de Estado, a fin de imponer a la sociedad el miedo, especialmente a los sectores populares que rechazaban las injusticias y la violación de los derechos humanos y exigían justicia, igualdad y participación.

Los detenidos desaparecidos fueron apresados por quienes se creyeron dueños de sus vidas, quienes aplicaron la denominada “doctrina de la seguridad nacional” de los Estados Unidos de América, USA, mediante el más feroz terrorismo de Estado, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, caracterizados  por la cruel desaparición forzada: la desaparición forzada fue una práctica de terror que implantaron los gobernantes reaccionarios, de inspiración pro norteamericana, para someter la voluntad de los ciudadanos que se rebelaron ante los atropellos cometidos por los aparatos del Estado y para reprimir el derecho de la libre emisión del pensamiento de todos los seres humanos. Mediante la práctica del terrorismo de Estado se eliminó físicamente, a las personas independientes que cometieron el delito imperdonable de pensar y de luchar por la defensa de sus derechos;  los hombres y mujeres que han enarbolado las bandereas de la paz, la justicia y el derecho  son ferozmente reprimidos por agentes de la muerte.

Los Estados de nuestros países son responsables de la impunidad -o de la falta de investigación- de los delitos que cometen los violadores de derechos Humanos y,  en caso de que ocurran, tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables  de esas violaciones, a fin de desmontar todos los fundamentos de la impunidad.

Generalmente los desaparecidos han sido secuestrados de sus hogares o en las calles, en sus lugares de trabajo o estudio, sin que  hubiera ninguna resistencia armada; estos delitos cometidos  especialmente por agentes policiacos, probablemente sean los más graves que se hayan cometido en la historia; y las luchas para rescatarlos aún se  mantienen permanentes.
Este Día se conmemora en América Latina desde hace 31 años, para recordar a mujeres y hombres a los que han sido víctimas de la “ideología de la doctrina de seguridad nacional”, creada y difundida por el Pentágono, es decir, por la sede del Ministerio de Defensa del gobierno de los Estados Unidos, es decir, por el centro del terror del mundo.

En nuestro país, Honduras, en 1982, “69 familias fueron víctima de la desaparición forzada y, a finales de ese año, el 30 de noviembre, 12 familias integraron el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH con el objetivo de recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado”.

El 30  de agosto de 2002 se estableció en Honduras como el Día Nacional del Detenido Desaparecido  a través del Decreto Número 284-2002, a instancias de la valiente y digna hondureña BERTHA OLIVA, a quien rendimos un profundo homenaje como valiente defensora de los derechos humanos.

La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas [3] es un instrumento que representa  una etapa nueva, para que nunca más volvamos a tener detenidos y desaparecidos en nuestra sociedad, para que el “nunca más” sea una realidad. ¡Luchemos para que así sea!

¡¡SIGAMOS LUCHANDO HASTA ENCONTRARLOS!!

**
[1] Instituido por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM)
http://almanaquedelaprensa.cip.cu/efemerides/1131/

[2] Entró finalmente en vigor el 23 de diciembre de 2010. La convención se basa en gran medida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_para_la_protecci%C3%B3n_de_todas_las_Personas_contra_las_Desapariciones_Forzadas

[3] La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.47.133.Sp?OpenDocument

*Profesor de Educación Superior, Tegucigalpa, Honduras

Carta del Secretariado de las FARC-EP a las mediadoras internacionales

Domingo, 04 de Diciembre de 2011 21:36

 Carta a las mediadoras internacionales sobre la muerte de los cuatro retenidos
COMUNICADO

Montañas de Colombia, Diciembre 1 de 2011

Distinguidas ciudadanas

Piedad Córdoba, Lucía Topolanski, Jody Williams, Elena Poniatowska Amor, Alice Williams, Mirta Baravalle, Isabel Allende, Rigoberta Menchú, Socorro Gómez, Hermana Elsie Mongue, Ángela Jeira

Cordial saludo.

Deploramos profundamente que cuatro de los seis prisioneros de guerra que íbamos a liberar unilateralmente en respuesta a su petición de agosto, hayan muerto en un irracional intento de rescate militar del ejército colombiano, cuando marchaban hacia el lugar donde proyectábamos entregarlos a ustedes. Sorprende la actitud del gobierno colombiano que, no dudamos, estaba enterado de nuestra determinación. Las FARC querían liberarlos vivos, pero el gobierno de Juan Manuel Santos prefirió devolverlos muertos a sus seres queridos.

Indigna la manipulación mediática del infausto suceso por parte del gobierno colombiano. La enrevesada explicación del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, de que no se trató de un operativo de rescate, sino de búsqueda, no es más que un precario eufemismo que no alcanza a tapar la perfidia de un gobierno ni su desprecio a normas esenciales del Derecho Internacional Humanitario. Si universalmente es aceptado que el rescate militar entraña un riesgo, la responsabilidad del éxito o fracaso, siempre es imputable a quien lo asume.

Durante más de una década los prisioneros que perecieron en la fracasada operación militar en las selvas del Caquetá, fueron mantenidos con vida por los guerrilleros de las FARC. Los queríamos vivos, porque buscamos el canje de prisioneros de guerra que desbroce el camino hacia la paz. Nunca los quisimos muertos. Los mató un gobierno indolente que no entiende de humanidad y no valora la vida de sus soldados. El canje reciente de más de 1.000 prisioneros palestinos por un soldado israelí, laceraba la mezquina conciencia de Juan Manuel Santos. No quería mirarse en ese espejo.

Acostumbrados a imponer una guerra sin reglas, a la degradación que encarnan los “falsos positivos”, a la eliminación física del pensamiento revolucionario, a la criminalización de la opinión y la protesta, a las masacres, a las fosas comunes y al desplazamiento forzoso de la población, pretenden ahora que se les consagre el derecho perpetuo a la impunidad. Quien debe ser conducido a los tribunales, es el otrora ministro de los “falsos positivos” que hoy ostenta la banda presidencial.

Colombia entera anhela salir de la larga noche de la violación de los derechos humanos desde el poder. Las denominadas “locomotoras del desarrollo” de Santos recorren el país enloquecidas generando muerte, pobreza y destrucción del medio ambiente. El 70% de la población colombiana vive en la pobreza, miles mueren en las puertas de los hospitales porque no hay derecho a la salud pública, no hay gobierno que atienda a los millones de damnificados por el invierno, la privatización avanza implacable en todos los sectores, la actividad secular de los mineros artesanales es criminalizada para dejar en manos del capital internacional la extracción de recursos. Blindadas por la política de la seguridad inversionista, alentadas por una legislación laboral que lesiona los intereses de los trabajadores, las locomotoras de las transnacionales, siguen su avance destrozando la soberanía y el derecho a la vida digna.

En el trasfondo de la campaña mediática manipuladora en torno a la muerte lamentable de unos prisioneros de guerra, distinguidas señoras, está el afán del gobierno de distraer la atención de un país que ha empezado a protestar contra los desafueros del poder y a movilizarse por sus derechos. Con su doble moral el presidente Santos alienta marchas para azuzar la guerra, cuando Colombia lo que necesita es la gran marcha del pueblo por la paz y la soberanía.

A pesar de los hechos, la lucha por el canje de prisioneros y por la paz de Colombia, no se detiene. Redoblaremos esfuerzos en ese sentido porque es el anhelo de las inmensas mayorías y porque queremos rendir tributo a un hombre alzado en armas, llamado Alfonso Cano, que siempre se jugó la vida, consecuentemente, por la solución política del conflicto, el canje de prisioneros, la paz con justicia social, la soberanía y la dignidad de los colombianos.

Seguiremos explorando con ustedes todas las vías que nos puedan conducir a este noble propósito y a concretar, en el marco de la nueva situación generada, y en cumplimiento de la voluntad del inmolado comandante Alfonso Cano, la liberación unilateral de los prisioneros de guerra que en misiva anterior les anunciamos, a pesar de que algunos de ellos cayeron en el insensato intento de rescate militar.

Finalmente, permítannos transmitirles nuestro pesar por la desaparición física de Danielle Miterrand, destacada líder mundial de causas humanitarias y vocera de las mujeres del mundo, que al lado de ustedes, luchaba denodadamente por la solución política del conflicto social y armado que desangra a Colombia.

Compatriotas,

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Colombia: ¿Palabra de Dios?

Pero ¡ojo! no dejemos de saber que también Monsalve expresó sobre las FARC: "olvidando que su naturaleza criminal, su terquedad ideológica y su situación de acorralamiento los hace incapaces de respondernos como esperamos". El subrayado es de El Espectador...

Palabra de Dios
Por Ramiro Bejarano Guzmán

Se necesita mucho carácter para atreverse a decir que a Alfonso Cano no le respetaron la vida y que lo ajusticiaron, y además sostener que la salida militar al conflicto armado es inútil mientras no haya una solución social.

La frase no es de Piedad Córdoba, tampoco de un militante de la izquierda, menos de uno de los jefes liberales, quienes por estos días andan entregados a la orgía de una constituyente del partido a la que no han sido invitados los copartidarios de a pie, sino preferencialmente congresistas, diputados, concejales, manzanillos y lagartos.

El responsable de este desafío público fue un vocero de la Iglesia católica, el nuevo arzobispo de Cali, Darío Monsalve, quien por fortuna llegó a suceder a monseñor Sarasty, cuya gestión fue desastrosa.

Se necesita mucha convicción para salir a pregonar que el Estado le aplicó la pena de muerte al jefe de las Farc, cuando en este país hay quienes son capaces de expresar su complacencia con la tesis de la eventual ejecución de Cano, como ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, cuando otro sacerdote, el padre Llanos, se fue de bruces aplaudiendo la muerte de Raúl Reyes, en vez de rezar un réquiem por su extraviada vida.

Resulta inevitable no inquietarse ante esta hipótesis estremecedora de Monsalve: “¿Por qué no trajeron vivo, por ejemplo, a Alfonso Cano, cuando se dieron todas las condiciones de desproporción absoluta y de sometimiento y reducción a cero de un hombre de más de sesenta años, herido, ciego y solo?, y, ¿por qué encapsular la lucha antiguerrillera en ese marco de traer muertos a los cabecillas, sin agotar el marco ético de la no pena de muerte, de la captura como objetivo legal?”.

Que el Gobierno haya guardado silencio ante tan duras declaraciones, que ponen en tela de juicio la transparencia del operativo donde dieron de baja a Cano, es preocupante. Y lo es más si se tiene en cuenta que hace apenas unas horas el propio presidente Santos le respondió con “furia” a Piedad Córdoba, por dudar que las Farc sean las asesinas de los cuatro uniformados secuestrados. No hay coherencia que en un caso el Gobierno reaccione con “coraje” y en el otro guarde prudente silencio.

El arzobispo no invocó planteamientos propios de su credo católico, como el de que el único que dispone de la vida ajena es Dios. El sustento de su preocupación fue estrictamente constitucional, al recordar que la Carta Política prohíbe la pena de muerte y eso exige un pronunciamiento.

El Gobierno, que acaba de obtener en el Congreso el botín que aprobó la peligrosa y odiosa presunción constitucional para el fuero militar, haría bien en dar respuestas convincentes a las juiciosas reflexiones de monseñor Monsalve. Esta vez nadie podrá decir que quien habló es un auxiliador de los rebeldes ni tampoco podrán acallarlo con una muenda mediática. Ese silencio oficial no le hace bien al Gobierno, pero sobre todo a la historia que está empezando a escribirse.

El llamado de Monsalve tiene además importancia porque no se detuvo solamente en sus dudas sobre el operativo militar, sino que se adentró, con diplomacia, en retomar la estrategia del Acuerdo Humanitario como única salida capaz de ponerle fin a ese drama de los secuestrados que están pudriéndose en la selva. El tremendo interrogante del arzobispo, acerca de lo que estaría pasando con los secuestrados, si Cano en vez de muerto estuviere preso, no es asunto de poca monta.

Y es también muy diciente que ninguno de los jerarcas de la Iglesia católica haya desautorizado a Monsalve. Por primera vez en mucho tiempo vemos un encumbrado pastor utilizando un lenguaje moderado y no guerrerista, y eso es bueno, porque lo único que no nos puede ocurrir, es que esa Iglesia, antes poderosa e influyente, pierda poder de interlocución con los actores del conflicto.

Tomado de Notas de Buhardilla El Espectador


Imagen agregada, de Archivo