Ley Nacional de Seguridad = Fascismo

Haber, no nos confundamos ni le demos vuelta al asunto; es claro (una vez mas), que lo que busca esta llamada Ley Nacional de Seguridad, no es otra cosa que una ley para ser aún mas descarada e impune la represión, el abuso y el control del Estado Mexicano y por ende de los E.U. en contra de la población de México.

Basta tan solo con pensar y analizar un poco la minuta , para ver todo el jugo y provecho (vaya, el FESTÍN) que se darán la policía y el ejercito (y por ende los poderosos), con el permiso por ley, de jodernos, catearnos, intimidarnos, reprimirnos, encarcelarnos, golpearnos, secuestrarnos y hasta matarnos. Ok, ok, esto ya lo hace el Estado mexicano (y cualquier Estado en el mundo de ser necesario) desde siempre, pero debemos de saber que hoy como nunca, es necesario que el poder nos controle de manera mas ferrea porque los tiempos que se avecinan, tiempos de injusticias, abusos, reformas, recortes y reacomodos (si, también hechos por años), no nos van a gustar, como a muchos no les han gustado. Se trata simplemente de una pieza mas en el engranaje de la represión y control sistemático que requieren estos nuevos tiempos, y para que este control sea fructifero a la oligarquía nacional y transnacional, es necesario que nos tengan bien amedrentados y checaditos, no vaya a ser que se nos ocurra contestar y arruinarles la fiesta.

Todo ha sido bien planeado, empezando desde la cuestión del narcotráfico, de la alta inseguridad nacional (que es real, pero el principal promotor de esta es el Estado y las condiciones de pobreza extrema imperantes) y de la crisis,  hasta del apoyo y propaganda mediatica para crear un ambiente de miedo que de bienvenida a este régimen represivo que cada día mas claro, cínico y patente, vivimos.

Vaya, que si nos dejamos, nos van a joder aún mas...total, ¿qué tanto es tantito?

Koan

Los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM), que integran la Comisión de Gobernación, aprobaron en lo general la controvertida minuta de Ley de Seguridad Nacional –enviada por el Senado de la República- como documento base para elaborar un dictamen que sea presentado al pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones.

El Partido del Trabajo, representado por Enrique Ibarra, quien es el único integrante de la comisión, y sus compañeros Porfiro Muñoz Ledo y Teresa Guadalupe Reyes, rechazaron en sus términos el documento al considerarlo violatorio de los derechos y garantías individuales, de la libertad de tránsito y un riesgo inminente a la movilización social.

A lo largo de una sesión de casi cuatro horas, el PRI, su aliado el Verde, junto al PAN y al PRD anunciaron que votarían a favor la minuta que fue objeto de severas críticas desde distintas voces de la sociedad civil, y para darle validez a su trabajo ante la opinión pública, manifestaron que se reservarían en su totalidad artículo por artículo de la minuta, con objeto de ser reformados.

La crítica provino de Porfirio Muñoz Ledo, quien advirtió que la aprobación de la minuta representa un peligro para el proceso legislativo, porque en primer lugar deberían debatirse y modificarse artículo por artículo en lo particular y después convocarse a la votación en lo general.

A pesar de ello, la aplanadora de los cuatro partidos que aprobaron el documento se impuso y se determinó que se trabajará con la Comisión de Gobernación del Senado de la República, incorporándose en su caso las observaciones del gobierno federal y de la sociedad civil, especialmente del Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia.

Tal hecho fue calificado por el PT como una simulación y un atraco constitucional por parte de los promotores del documento, de tal forma, Javier Corral, como presidente del órgano cameral, solicitó a los grupos parlamentarios el envío de las reservas a los artículos de la minuta y convocó para la semana próxima al pleno para iniciar el debate de cada uno de los artículos. Además, se informó que el plazo para dictaminar el documento se ampliará para después del 12 de agosto, fecha que estaba contemplada para concluir el trámite.

Fuente:Poca madre news

Una nueva burla de la in-Justicia hondureña

Justo un año después de los aberrantes hechos cometidos contra Edwin, quien además perdiera a su novia victima de las gaseadas de la policía, la “justicia” hondureña desoye sus peticiones y deja impune el crimen y a los opresores

En peligro la ciudadanía hondureña: Jueza sobresee juicio contra policías torturadores

La jueza Marta Marlene Murillo Castro, sobreseyó un juicio por Torturas y Detención Ilegal contra Edwin Robelo Espinal, del FNRP

La justicia quedó burlada este martes 28 de junio cuando la jueza Marta Marlene Murillo Castro, sobreseyó un juicio por Torturas y Detención Ilegal contra Edwin Robelo Espinal, del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, a quien cinco policías preventivos  le lanzaron gas pimiento a sus ojos, le dieron choques eléctricos y lo llevaron detenido, el 30 de junio de 2010.

Los hechos que están quedado impunes

El 30 de junio a eso de las 11 de la noche  Robelo Espinal estaba frente a la casa de un amigo en su auto, en la colonia Flor del Campo, tenía unos 15 minutos de estar allí cuando llegaron los policías que se conducían en la patrulla DCMS-010, de inmediato lo bajaron para que les mostrara la licencia de conducir, lo detuvieron, le dieron empujones y patadas.

Un oficial de nombre  Walter Isaías Burgos Vargas sacó un spray y se lo roció en la cara y todo el cuerpo, los demás policías de nombres, José Luís Alemán Pérez, Daniel Roberto Rodríguez, Kelvin Robledo Calero y Alfredo Bermúdez Rodríguez, quienes  lo agarraron y lo lanzaron a la paila de la patrulla.

Después lo anduvieron “paseando” por varios sitios aproximadamente por unos 40 minutos, golpeándolo en la cabeza y a la vez lo insultaban diciéndole “maricón, hijo de p…, vas a ver quién manda en este barrio, comunista zelayista y por qué está en esa m... del Frente Nacional de Resistencia”.

Según relató el afectado ante el COFADEH, lo llevaron a un lugar el cual no pudo identificar por los efectos del gas pimienta , allí l le tomaron fotografías, le quemaron y le picaban los ojos, los policías se comunicaban por teléfono  con alguien, uno de ellos se le acercó y le dijo que si quería sentir el flujo de la electricidad y le preguntaba por qué era de la resistencia, comunista y zelayista, dándole toques eléctricos en el abdomen y una oreja, lo que le hizo  perder el conocimiento parcialmente.

Luego lo llevaron a la Cuarta Estación Policial en el barrio Belén, lo empujaron cuando se iba a bajar de la paila, él se cayó y nuevamente le dieron toques eléctricos en uno de sus costados y en las orejas y lo obligaron a permanecer por dos horas en el patio de esa posta policial para después llevarlo a una celda, donde no le permitieron un médico, a pesar que lo solicitó a gritos.

El joven quedó en liberad por las gestiones del COFADEH que llegó a la posta de policía para exigir su libertad porque hubo una detención ilegal y torturas en contra de él.

Las abogadas del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, Kenia Oliva y Karol Cárdenas, se hicieron presentes a la Audiencia Inicial donde Edwin declaró como víctima.

Aún con la presentación de evidencia, no fue prueba suficiente  según la jueza La jueza Murillo Castro, quien en su resolución señaló que “los encausados actuaron de acuerdo al Artículo 5 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional  y el artículo 31 de la misma Ley, ya que establece que solamente se considera legítimo el uso de la fuerza cuando se emplee una medida estrictamente necesaria para el eficaz desempeño de sus funciones…”.

Aunque el propio oficial Burgos Vargas admitió haber utilizado el gas pimienta contra el afectado y existió contradicciones con otro de los agentes que dijo que fue un accidente el lanzamiento del gas, la togada echó al piso la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la cual Honduras es suscriptor.

Dicha Convención establece que “No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”.

Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura.

Para la Jueza no tuvo ningún efecto la declaración de la víctima quien incluso le relató que días después los mismos policías continuaron intimidándolo, dándole seguimiento hasta su casa. En una de esas ocasiones al bajar de su vehículo el policía Vargas Burgos le dijo que cómo se sentían los gases pimienta y cargó el fusil que portaba.

Otro de los hostigamientos fue estacionar las patrullas obstaculizando el movimiento del carro de Robelo Espinal, con la misma patrulla en que lo detuvieron.

COFADEH apelará esta aberrante decisión

Según la abogada Karol Cárdenas, del Área a la Justicia del COFADEH, la jueza ha dado una resolución parcializada, alejada del marco legal, más enmarcada a una visión de defensa y no de una jueza porque ya el Código Penal establece que los jueces tienen que utilizar la sana crítica y no lo hizo.

“Esta resolución nos tiene sumamente preocupadas como defensoras de derechos humanos porque le está dando pie para que los policías reaccionen de esta manera contra la ciudadanía”, sentenció.

La Juez no quiso valorar el fondo del examen forense donde lo que se pretendía acreditar la forma en la que el joven fue sujeto y el uso excesivo de la fuerza, pero ella se amparó en un manual de la policía, denunció la profesional del derecho.

La titular del Juzgado Murillo Castro, decretó sobreseimiento definitivo a pesar que el Código Penal ya establece que en la Audiencia Inicial solamente se puede acreditar un mínimo  indicio racional, con esto,  ya no se daría el juicio oral y público, pero vamos a apelar la decisión porque promueve la impunidad y la repetición de estas graves prácticas”, destacó.

“Imagínese estos policías están libres, está en riesgo la vida de Edwin, porque todos los policías en toda la audiencia tuvieron una actitud prepotente y ellos no solo actuarán contra Edwin sino contra otras personas”, advirtió.

Organizaciones internacionales han pedido protección para Edwin Robelo Espinal

Entre ellas la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) que a través de su Secretario General, de Ginebra Suiza, solicitó al Estado hondureño “las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica del Sr. Edwin Róbelo Espinal, de todos los miembros de su familia así como de sus personas allegadas”.

Por su parte la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, debido a la gravedad del caso decretó medidas cautelares a favor del afectado y  solicitó al Estado de Honduras que:

1.-Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de Edwin Robelo Espinal.
2.-Concerte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes;
3.-Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares.

La CIDH también solicitó al Estado hondureño la presentación de información sobre el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas, dentro del plazo de 15 días y actualizar dicha información en forma periódica.

Enviado por Ida Garberi