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En Colombia condenan enérgicamente el arresto de la defensora de los DD.HH. Liliany Obando

jueves, 7 de agosto de 2014
Red-Internacional de Solidaridad con las Prisioneras y Prisioneros Políticos Colombianos - INSPP

Defensora de los derechos humanos Liliany Obando.
Defensora de los derechos humanos Liliany Obando
La Red Internacional de Solidaridad con las y los Prisioneros Políticos Colombianos (INSPP) condena en los términos más enérgicos el arresto de la reconocida defensora de los derechos humanos Liliany Obando.

El caso de Liliany Obando y la de varios críticos de alto perfil de la gestión de los derechos humanos por parte del Gobierno colombiano se hizo notorio en todo el mundo cuando se demostró que las acusaciones contra varios de estos respetados activistas fueron montajes judiciales y motivados políticamente.

Liliany sirvió casi cuatro años en la prisión de mujeres El Buen Pastor en Bogotá del 8 de agosto del 2008, y puesta bajo libertad provisional el 1 de marzo de 2012. Luego fue puesta bajo arresto domiciliario. Su trayectoria profesional y la capacidad para mantener a su familia ha sido totalmente interrumpida.

Liliany fue condenada por “rebelión” a cinco años y ocho meses de prisión y se le impuso una multa colosal de alrededor de US$400.000. Todo parece indicar que el período inmensamente estresante para Liliany y su familia durante meses de detención, libertad provisional y arresto domiciliario no serán contados como tiempo cumplido de la sentencia.

La Fiscalía emitió una orden de captura en contra de Liliany Obando el 28 de julio y fue practicada el 5 de agosto. La captura se llevo a cabo al mismo tiempo que sus abogados presentaran una solicitud de libertad condicional. Todo indica que se está llevando a cabo una vendeta contra Liliany por parte del gobierno del Presidente Santos.

La Red-INSPP pide al gobierno del Presidente Santos liberar a Liliany Obando inmediatamente y garantizar su seguridad física y mental, mientras se encuentre a manos de las autoridades.

Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, parlamentarios y todas las personas de buena voluntad para apoyar la demanda por la liberación de Liliany para que pueda regresar a su casa y así poder cuidar a su familia.

En solidaridad,

RED-INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLÍTICOS COLOMBIANOS – INSPP
7 de agosto de 2014

ONU exige a Colombia el desmantelamiento de grupos paramilitares

jueves, 22 de marzo de 2012
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, exhortó este miércoles al Gobierno de Colombia para que reconozca la existencia y desmantele a los grupos paramilitares que aun operan en ese país suramericano.

En la presentación de su informe ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Pillay denunció que aunque el Gobierno de Colombia se empeña en negar la presencia de los paramilitares, es obvio que esos grupos “continúan en expansión”, cometiendo delitos de extorsión y secuestro de civiles.

“Aumentan el número de masacres y de víctimas que se les atribuyen, ejercen control territorial, restringen la libertad de movimiento de la población imponiendo sus normas de comportamiento y sanciones públicas y resolviendo conflictos sociales, en muchas ocasiones de manera brutal”, insistió la vocera.

Pillay enfatizó que lo preocupante es que también se observa una “complicidad de algunas autoridades locales y miembros de la fuerza pública con esos grupos (…) causada por corrupción, intimidación y amenazas”, por lo que insistió en que esas bandas “no han sido efectivamente desmanteladas”.

“La mayoría de los casos de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos permanecen en la impunidad”, pero el Gobierno debe trabajar en contra de esto, reiteró Pillay.

Falsos positivos

Además de los paramilitares, la Alta Comisionada de la ONU también denunció que las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” no se han erradicado totalmente en Colombia.

“La práctica de las ejecuciones extrajudiciales no se ha erradicado totalmente. La oficina en Colombia observó casos con características de esta grave violación en Arauca, Bogotá, Cauca y Cesar”, reza el informe sobre el país suramericano preparado por Pillay y que este jueves será considerado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“En varios casos se observaron inconsistencias sobre lo ocurrido en las versiones de las autoridades militares, así como una tendencia por parte de algunos funcionarios a desprestigiar y estigmatizar a las víctimas y a entorpecer la justicia”, prosigue el informe, que detalla ejemplos concretos.

El Alta Comisionada considera que el Gobierno debería investigar estas denuncias e implementar debidamente la normativa que impide y previene dicha práctica, en aras a que este tipo de ejecuciones no vuelvan a ocurrir.

Organizaciones no gubernamentales revelaron recientemente que en 2011 hubo 49 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, una de las cifras más altas de los últimos años.

Ante estas afirmaciones de la ONU, la delegación de Colombia en ese organismo replicó que el Estado “tiene una política institucional de tolerancia cero frente a las violaciones de los derechos humanos” y que “la lucha contra la impunidad continúa siendo una prioridad del Gobierno Nacional”.

La delegación también dijo que “el respeto y garantía de los derechos de los defensores de derechos humanos en el país ha sido un compromiso permanente del presidente Juan Manuel Santos“, recalcando que esto se ha “demostrado” con la manifestación de pronunciamientos formales y públicos de reconocimiento de su labor.

Recibido por correo electrónico

Colombia: Prisioneros políticos continúan en Jornada Nacional de huelga de hambre: Comunicado Público No. 5

La Fundación Lazos de Dignidad (FLD) comunica a la Comunidad Nacional e Internacional que 417 Prisioneras y Prisioneros Políticos en Colombia CONTINÚAN EN JORNADA NACIONAL DE HUELGA DE HAMBRE en exigencia de la autorización de ingreso de la Comisión Internacional de Observación de la Situación de Derechos Humanos y de las y los Prisioneros Políticos a las prisiones Colombianas.


HECHOS

1.    Desde el 20 de marzo de 2012, 554 Prisioneros Políticos iniciaron la JORNADA NACIONAL DE HUELGA DE HAMBRE en las reclusiones de Combita, Barne, Picota, Palmira, Girón, La Dorada, Apartadó y Quibdó.

2.    El 21 de marzo, 68 prisioneros políticos en el ERON Picota y el prisionero político LEONARDO CHAUX HERNANDEZ, recluido en el patio 1 de la Penitenciaría de Alta Seguridad de la Dorada (Caldas) se sumaron a la jornada nacional de huelga de hambre.

3.    Hoy 22 de marzo, tres (3) Prisioneras Políticas en la Reclusión de Mujeres El Pedregal de Medellín se sumaron a la jornada nacional de huelga de hambre, hasta tanto el gobierno nacional autorice la visita de la comisión internacional de observación.

4.    En horas de la mañana, el Colectivo de Prisioneros Políticos en la Penitenciaría de Combita informó a la FLD que los 196 huelguistas habían levantado la huelga de hambre luego de haber cumplido 36 horas sin ingerir alimentos, pero que continúan sumados a la jornada de exigencia de la comisión internacional de observación.

5.    A las 10:20 am, la FLD tiene el siguiente reporte:

No.    RECLUSIONES    HUELGUISTAS
1    Penitenciaria de Mediana Seguridad El Barne.    60
2    Penitenciaria La Picota de Bogotá    15
3    ERON Picota    68
4    Penitenciaria de Palmira    64
5    Penitenciaria de Alta Seguridad de La Dorada    21
6    Cárcel de Quibdó    16
7    Penitenciaria de Alta Seguridad de Girón    170
8    Reclusión de Mujeres El Pedregal de Medellín    3
    TOTAL    417

CONTEXTO

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó en su 99o período de sesiones en Ginebra que observaba con preocupación la alta incidencia de hacinamiento, y las quejas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes dentro de los centros penitenciarios y en lugares de detención temporal en Colombia. Según las últimas cifras de población carcelaria, en 2011 ingresaron a los penales del país 55.112 reclusos, lo que indica un aumentó del 40% en la población carcelaria, que –según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)-  obedece a que fue mayor el número de ingresos al número de salidas (ingresaron 55.112 reclusos, mientras que 19.231 personas recuperaron su libertad),  lo que genera un preocupante hacinamiento en las cárceles colombianas, que para este año se sitúa en 30,5%  (1).

Los sitios de reclusión en Colombia están inmersos en una situación de graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, calificado desde el año 1998 por la Corte Constitucional como un “estado de cosas inconstitucionales” (Sentencia T-153/98), el cual a pesar de haber transcurrido mas de 13 años se mantiene vigente, sin que se asuman planes o políticas publicas que profundicen el análisis de cada una de las situaciones violatorias evidenciadas y solucionen de manera efectiva dicha crisis.

En este contexto se presenta la situación de existencia y discriminación de las y los prisioneros políticos, denunciada desde los años 60, tiempos en que intelectuales y personalidades como Enrique Santos Calderón, hermano del actual presidente de Colombia, crearon organizaciones y espacios de acompañamiento jurídico y solidaridad con las personas encarceladas por causas políticas, que en la actualidad se estima ascienden la cifra de 9.500.

Desde el año pasado, las Mujeres Gestoras del Mundo por la Paz, iniciaron un intercambio epistolar con las FARC EP, que arrojó como fruto que la organización subversiva anunciara la liberación militares que permanecen retenidos en su poder, solicitando la creación de una comisión internacional de verificación de la situación de todos los prisioneros políticos.

Desde diciembre de 2011, las Mujeres Gestoras del Mundo por la Paz anunciaron la conformación de un mecanismo verificador de la situación de las y los Prisioneros Políticos, y el 26 de febrero de 2012, en el marco del foro “Colombia entre Rejas: En Búsqueda de Caminos para la Libertad y la Paz”, instalaron la Comisión Internacional de Observación de la Situación de Derechos Humanos en las Reclusiones Colombianas y de las y los Prisioneros Políticos, conformada por parlamentarios, juristas, defensores de derechos humanos y personalidades democráticas del mundo, que el 28 de febrero se reunió formalmente con el Ministro de Justicia Juan Carlos Sguerra, quien autorizó las visitas humanitarias a las reclusiones colombianas solicitadas por la comisión, autorización que fue revertida sin justa causa posteriormente.

Recientemente las FARC EP anunció la liberación de 10 militares colombianos en su poder, condicionada a la realización de la visita humanitaria anunciada por Mujeres Gestoras del Mundo por la Paz, pero el gobierno nacional ha rechazado dicha condición.

Ante la incertidumbre y la necesidad de que organismos internacionales observen la realidad de las reclusiones y de la situación de las y los prisioneros políticos, estos han decidido declarase en JORNADA NACIONAL DE HUELGA DE HAMBRE con carácter indefinido, hasta tanto el gobierno nacional resuelva su petición.


RESPALDAMOS LA PETICIÓN Y SOLICITAMOS GARANTÍAS
 
Respaldamos la justa petición de los Colectivos de Prisioneras y Prisioneros Políticos y solicitamos a las autoridades penitenciarias ofrecer las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica de las y los prisioneros, en cumplimiento al artículo 37º de la Constitución Política de Colombia y de la Sentencia T-571 de 2008 de la Corte Constitucional Colombiana.
 
Solicitamos al gobierno nacional resolver favorablemente la petición permitiendo la acción humanitaria de verificación de la situación de derechos humanos y de las y los prisioneros políticos en las cárceles colombianas.
 
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD
 
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional y organizaciones solidarias para que ejerzan observación al desarrollo de la JORNADA NACIONAL DE HUELGA DE HAMBRE, a fin de prevenir vulneraciones a los derechos fundamentales de los huelguistas.
 
Solicitamos apoyar la petición de las y los prisioneros y emitir sus pronunciamientos públicos de respaldo y dirigidos a las siguientes autoridades colombianas:
 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Teléfonos (57 1) 444 2120 - 444 2122
Fax: (57 1) 596 0651
E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co
Twitter: @angelino_garzon

JUAN CARLOS ESGUERRA
Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
e-mail: ministro@minjusticia.gov.co, reclamos@mij.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

GUSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA
Director Nacional del INPEC
PBX (57) 2347474 / 2347262/3382316
Calle 26 No. 27-48 - Bogotá, D.C., Colombia
E- mail: direccion@inpec.gov.co, reclamos@inpec.gov.co

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Fax: (+571) 3429723 - 2847949 Fax: (+571) 3429723
Carrera 5 #. 15-80 - Bogotá, D.C., Colombia
E-mail: cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co

WOLMAR ANTONIO PÉREZ ORTIZ
Defensor Nacional del Pueblo
Fax: (+571) 640.04.91
Calle 55 # 10-32, Bogotá.
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co

Colombia, Marzo 22 de 2012.


(1) Informe Perspectiva en Punto de Fuga. http://issuu.com/traspasalosmuros/docs/traspasalosmuros
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